Después de unos meses de aparente tranquilidad mediática en los que, incluso, se ha llegado a barajar lla posible desaparición de la tasa especial -que las empresas consideran abusiva y contraria a la competencia- Imaz ha recordado que el 'impuestazo' le costará 335 millones de euros a Repsol durante este ejercicio.
Pero el mensaje de Imaz parece condenado al fracaso. Las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado parecen haber cambiado el panorama. De ahí que, mientras en el lado político del Gobierno se repiten las voces sobre hacer permanente el ‘impuestazo’, desde el empresarial se recuperan las voces de alarma.
En ese clima, Josu Jon Imaz, ha vuelto a erigirse como el responsable empresarial combativo. Imaz no habla, como el año pasado, de supeditar las inversiones de la compañía a la desaparición del impuesto. El mensaje está más matizado. Del ‘cañones o mantequilla’ se ha pasado a recalcar que “cuanto antes desaparezca [el ‘impuestazo'] más aceleraremos la inversión”.
Inversiones condicionadas y medio paralizadas
La cuestión no es baladí porque solo ]Repsol tiene presupuestadas unas inversiones netas de entre 16.000 y 19.000 millones de euros hasta 2027](https://www.capitalmadrid.com/2024/4/24/67183/repsol-lleva-a-jga-un-plan-verde-reforzado-en-plena-batalla-judicial-con-iberdrola.html), de los que 6.000 millones (el 35%) se destinarán a proyectos bajos en carbono. Según el plan estratégico actualizado, la Península Ibérica captará el 60% de las inversiones totales y Estados Unidos el 25%.
"Creo que cuanto antes demos señales claras de que cerramos esta página“, dijo Imaz en el IX Foro de Energía de El Economista, “más favoreceremos la inversión en el sector”. Y recordó que ha pedido a las administraciones públicas "jugar todos" con las mismas reglas "fiscales, transparentes y claras" con el objetivo de aumentar las inversiones en el largo plazo para mejorar la seguridad de suministro del sistema energético español.
La carga contra el impuesto se dirige a defender la competitividad de las energéticas españolas. "Si aquí ponemos unas condiciones que hacen imposible la rentabilidad empresarial frente a la competencia cuyo producto llega a España, por ejemplo, por los puertos, se daña el empleo en España”. El expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha reclamado una transición energética "no ideológica" que ponga "de verdad, la competitividad de la industria y el coste de esta transición como un objetivo claro" para que los ciudadanos dispongan de energía y se pueda recuperar el retroceso económico de Europa frente a Estados Unidos: "Seguimos destruyendo empleo industrial día a día".
¿Nueva batalla política?
La posición de Repsol no es nueva y mantiene los recursos legales presentados contra el impuesto. De hecho, tanto su presidente, Antonio Brufau, como el propio consejero delegado de la energética mantuvieron un pulso abierto con el Gobierno a principios de año. Un enfrentamiento que llevó la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -y futura comisaria europea- Teresa Ribera, a acusar a Repsol de “negacionismo y retardismo”.
Unas críticas a las que el presidente de la energética, Antonio Brufau, respondió en la junta de accionistas celebrada en mayo asegurando que “somos absolutos activistas en la lucha contra el cambio climático y lo demostramos cada día con todo lo que estamos haciendo para convertir la industria en una industria muy descarbonizada”.
Tras este episodio, sin embargo, desde Repsol se ha reconocido que, tanto en Bruselas como entre los políticos españoles, se percibe que "no hay razón" para mantener el gravamen y que la prioridad debe ser favorecer las inversiones en la transición energética de la Unión Europea.
De ahí que la energética se haya mostrado convencida de que el impuesto desaparecerá en los últimos meses. Entre oras cosas por la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición que ha de afrontar las fuertes diferencias entre el llamado ‘Grupo de Investidura’. De hecho, el voto en contra de Junts per Catalunya a los objetivos de deuda y déficit para 2025, ha obligado al Ejecutivo a replantear lo que será la base presupuestaria de 2025.
El polémico “impuesto extraordinario” a energéticas (y banca) fue adoptado tras la crisis energética que se desencadenó con el corte del suministro el gas ruso a la Unión Europea (UE) tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, la creciente influencia de las energías renovables (representan el 40% del mix según el Banco de España) ha provocado importantes bajadas en el precio del kilovatio. Y, en si mismo, eso debería hacer perder buena parte de la justificación de la tasa especial.
Necesidades presupuestarias
Ahora, la cuestión es saber si, para el Gobierno, las necesidades presupuestarias prevalecerán sobre la realidad del mercado. Y si eso volverás desencadenar una nueva batalla política para el Gobierno y un nuevo enfrentamiento con las empresas energéticas españolas.
Las críticas de la compañía contra el impuestazo y la posibilidad de que el Gobierno lo convierta en una tasa fija (inicialmente se aplicaría solo a los ejercicio de 2022 y 2023) se cuentan en que el gravamen es "injusto e ilegal", además de poner a las empresas españolas en desventaja competitiva (especialmente en los productos petroquímicos).
Además, frente a las realidad de un mercado que ha hecho desaparecer esos “beneficios caídos del cielo” alimentados por las subidas de los precios de la energía. Especialmente cuando el mercado asiste al aumento de las cotizaciones del kilovatio a cero euros.