Es necesario evaluar trámites ante las autoridades locales, autonómicas y nacionales. Cada ayuntamiento tiene su propia lectura de la norma. Cada comunidad autónoma tiene su propia lectura de la norma. Sería deseable muchísima más congruencia y muchísima más celeridad. Tenemos que ser conscientes como país, que la tramitación, la burocracia en España es un verdadero obstáculo para el crecimiento económico”.
Maraña de regulaciones
Más claro no se puede contar. En el mismo diario una información del pasado mes de febrero decía en un titular que “Una maraña de 414.000 regulaciones estrangula el empleo y la innovación en España y agrava las desigualdades autonómicas”.
Según este artículo, firmado por Unai Mezcua, “más de 400.000 normativas diferentes, en concreto 414.272, se han aprobado en España desde el inicio de la democracia. De ellas, 286.459 han sido dictadas por las comunidades autónomas. Y los sectores más afectados son la agricultura, con 1.300 normas, la construcción, con 1.200, y los servicios profesionales, con más de 800 nuevas regulaciones al año”.
En palabras del secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla, que acababa de reunirse con el ministro Luis Planas cuando hizo estas declaraciones, “la asfixia normativa es la queja más importante que se puede oír en cualquier rincón de España y de Europa. Pedimos la simplificación de la burocracia porque nos tiene asfixiados”.
Estos datos estadísticos proceden de un estudio liderado por el economista del Banco de España, Juan S. Mora-Sanguinetti, que asegura también que las normas autonómicas y locales representan un peso total del 65%, lo que genera un mercado cada vez menos integrado y que esta maraña regulatoria tiene ahora mismo una relación directa y negativa con la evolución del PIB y del empleo.
Unos 35.000 millones de PIB
El diario ‘Expansión’ titulaba hace unos días que “Las barreras autonómicas a las empresas arrebatan 35.000 millones al PIB”, según distintos estudios. A su juicio, “la ausencia de un verdadero mercado común interior en España, sumida en 17 marcos regulatorios para la actividad empresarial como consecuencia de la heterogénea avalancha normativa producida en cada autonomía, resta cerca de un 3% de crecimiento al PIB”.
El Círculo de Economía lleva años alertando contra este mismo problema y cree que “la burocracia está lastrando la productividad y el crecimiento económico español, ya que cada año se publican alrededor de un millón de páginas en los boletines oficiales de las diferentes Administraciones, que solo generan un mar de trabas y papeleo que dificultan el progreso económico. Ciudadanos, empresas o autónomos, nadie se libra de una lacra que desincentiva la inversión y el emprendimiento”.
Draghi y Letta coinciden
El reciente informe de Mario Draghi para la UE ya mencionaba la necesidad de reducir de forma urgente la burocracia en la Unión Europea. Y el año pasado hizo las mismas recomendaciones otro análisis del ex primer ministro italiano Enrico Letta sobre el mercado interior europeo.
En ese informe sobre la competencia de la UE presentado en Bruselas, Letta urgía a los líderes europeos a eliminar trabas del mercado único porque “no hay tiempo que perder” frente a otras grandes economías como Estados Unidos. También proponía una mayor simplificación normativa y la reducción de la burocracia para abordar la “asimetría” entre territorios y sistemas jurídicos y fiscales entre otros “obstáculos” para la actividad productiva.
Sin duda, todo esto de lo que hablamos y mucho más de lo que hablaremos luego, ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya decidido poner su pica en Flandes con este asunto y esté empezando a moverlo con las distintas comunidades autónomas.
Según Cuerpo, que acaba de iniciar un plan contra este desbarajuste, en España hay 17 comunidades autónomas con normativa diferenciada y el objetivo de su programa es poder aumentar la capacidad que tengan las empresas españolas de operar “de manera rápida y eficaz” en todas las regiones. La autonomía 18 será virtual
Su plan es avanzar en una especie de autonomía 18 que fuese virtual, y así descargar allí muchas competencias para aligerar la carga burocrática de las empresas y aumentar su capacidad de operar de forma rápida y eficaz en las 17 comunidades autónomas existentes.
Al parecer Cuerpo quiere ir despacio y por el momento, tras la primera reunión con las autonomías, la FEMP, la Cámara de Comercio y el Consejo de la Productividad, el primer objetivo que se ha impuesto, sería el de unificar las licencias autonómicas para empresas en al menos cinco sectores productivos.
Se trataría de cinco sectores que al parecer concentran el 85% de las reclamaciones sobre barreras autonómicas, y que registra actualmente el Ministerio de Economía.
Son el comercio y la hostelería; las profesiones reguladas, como los arquitectos o abogados; el transporte; la educación; y la construcción de infraestructuras, por ejemplo, los puntos de recarga de vehículos eléctricos o la instalación de paneles solares, que están siendo absolutamente conflictivos y acumulan retrasos increíbles por la maraña de regulaciones existentes.
La intención del Ejecutivo es abordar cuanto antes, pero con prudencia, unas características mínimas suficientes “como para que una empresa que las cumpla pueda ir operando de manera indistinta entre las diferentes comunidades autónomas de España”. El ministro Cuerpo ha dicho que ha tratado el asunto con el propio Letta, y que este estaría encantado de que España sea pionera en esto dentro de la UE. De hecho, cree que, si las cosas salen bien, la iniciativa puede ser el germen que permita luego, por ejemplo, hablar con Portugal y empezar a ampliar estas características comunes a un régimen peninsular o ibérico.
Guindos lo intentó con el PP
Nadie debería estar en contra de esta iniciativa, pero antes hay que repasar la historia y recordar que Luis de Guindos, hoy flamante vicepresidente del BCE y hace años poderoso ministro de Economía de Mariano Rajoy, intentó a través de la llamada Ley de Garantía de la Unidad de Mercado de 2013 reducir el caos normativo y la burocracia en España, pero lamentablemente no lo consiguió. ¿El motivo? Pues sencillo y hasta previsible, un recurso de la Generalitat de Cataluña al Tribunal Constitucional que tumbó el núcleo central de la norma en cuestión por invasión de competencias autonómicas.
Casualmente, según el estudio anteriormente citado, sucede que Cataluña es precisamente la comunidad autónoma que encabeza la producción legislativa, con 772 normas al año de media entre 1995 y 2020; seguida de Andalucía, con 682; y la Comunidad Valenciana, con 554. La Rioja, País Vasco y Madrid, por su parte, son las regiones que menos normas han promulgado, con 318, 363 y 391, respectivamente. Como se ve, hay grandes diferencias.
Volviendo a la iniciativa del ministro Cuerpo, este ha dicho que se puede aprender de esa intentona de Guindos que no tuvo éxito para lograrlo esta vez y en ello está, a través siempre del consenso de todos, lo que hemos visto que dura sencillamente hasta que deja de durar. Cree que, si se consiguen sortear todas esas competencias con la colaboración de sus propietarios, los ayuntamientos y gobierno regionales, podría articularse un nuevo marco común entre todos que no vaya a ser el impuesto por el Ejecutivo central.
Ahora todo está peor
Dios le asista y ojalá acierte, pero sucede que en 2013 estaban mucho mejor las relaciones de las comunidades autónomas con el Estado y que la polarización política entre los dos grandes partidos también era mucho menor que la actual, lo que no hace presagiar nada bueno. Por desgracia, al final cada comunidad o ayuntamiento es una terminal de uno de los grandes partidos.
Tampoco se había producido entonces ningún levantamiento golpista en Cataluña, como el realizado por el fugado Carles Puigdemont unos años después, lo que cambió todo el panorama. Si bien es verdad que ahora, por primera vez en muchos años, esté gobernando la Generalitat alguien que no es nacionalista como es Salvador Illa.
Y ahora que precisamente llegamos a Illa, recordar que el núcleo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC para situar al exministro como presidente catalán, ha sido a cambio de un concierto fiscal para Cataluña similar al vasco. Esto ha levantado en armas ya al resto de regiones españolas del PP y a más de alguna socialista también.
Los empresarios, por su parte, llevan ya mucho tiempo alertando sobre la ruptura del mercado único. En su primer comité ejecutivo después de los últimos acuerdos de investidura de Sánchez denunciaron una “distorsión de la unidad de mercado y el grave menoscabo de estos pactos para la separación de poderes y la seguridad jurídica”. Y desde entonces, no han parado de denunciar lo mismo, como con la reforma de los convenios, que desde su perspectiva, son cambios que pueden fragmentar el mercado laboral español.
Todo esto hace prever que cualquier negociación como la que quiere abordar el ministro Cuerpo, ‘a priori’, ahora mismo parecería mucho más complicada que en 2013.
Aceptar la desigualdad
Lamentablemente, el llamado Estado de las autonomías, unido a una ley electoral errónea con la que han jugado las minorías nacionalistas con los dos grandes partidos para chantajearles permanentemente, terminó por imponer en lugar de un proceso de armonización e igualdad entre los distintos territorios de España, otro sistema, en el que algunas comunidades se ven beneficiadas y tienen más dinero y también más derechos que otras.
Es algo que no tiene justificación por nada, y mucho menos por caducos fueros que no tienen sentido en los tiempos que vivimos y todavía menos en una nación tan antigua como España. El problema en estos momentos es que todas esas desigualdades a las que se han ido dando carta de naturaleza, amparándolas en nuevas leyes y normas, han terminado por separarnos a los unos de los otros en lugar de acercarnos.
Y que además han ido creando una burocracia realmente insoportable, que nos hace movernos con mucha dificultad por nuestro propio país, y que asusta a cualquiera foráneo que esté interesado en invertir por estas latitudes.
Seguro que a ninguno de los llamados padres de la Constitución se le hubiera ocurrido pronosticar que el Estado autonómico que consagró nuestra Carta Magna, se terminaría convirtiendo en el sustituto de aquellos siniestros funcionarios del “vuelva usted mañana” de Mariano José de Larra.