La apelación ante el Supremo fue presentada por los demandantes tras el fallo de la Corte de Apelación de la Haya el 27 de junio de 2023 que bloqueó la ejecución del laudo amparándose en que el árbitro había sido revocado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aplicando además el criterio de que el contrato de arrendamiento del territorio carece de una cláusula arbitral, a diferencia de lo que opina la justicia en otras jurisdicciones.
Malasia, en un comunicado fechado el 6 de septiembre pero distribuido este lunes, reivindica la decisión como un triunfo significativo. La realidad es que el territorio de Holanda ha quedado excluido como terreno de ejecución del laudo y por lo tanto los activos de Malasia quedan en esa jurisdicción a salvo de las acciones de los herederos del Sultán de Sulu.
Mientras tanto en otras jurisdicciones el laudo está a la espera de veredicto como es el caso de Francia donde la Corte de Casación debe pronunciarse todavía. El comunicado del estado de Malasia firmado por la ministra de Justicia Azalina Othman Said subraya el hecho que “los demandantes no podrán embargar activos de Malasia en Holanda” y que el fallo del pasado viernes “tendrá un fuerte impacto” sobre cualquier otro intento de ejecución del laudo.
La base del litigio entre los herederos del sultanato es la soberanía sobre una parte del territorio de Borneo, en el norte de la gigantesca isla, que en 1876 correspondía además a España como potencia colonial en Filipinas en cuyo archipiélago de Joló residía el Sultán. Éste firmó un contrato con dos empresarios europeos a quienes cedió la explotación de los recursos naturales del territorio. La cesión tenía como contraprestación el pago de una renta de 5.000 pesos filipinos al año.
En reconocimiento de ese acuerdo la renta fue pagada de forma ininterrumpida por quienes se subrogaron en ese contrato en periodos sucesivos. Eso incluye a la corona británica que lo pagó siendo potencia colonial de Malasia entre 1946 y 1963 hasta la independencia de Malasia. Posteriormente Kuala Lumpur siguió pagando la renta hasta 2013 también de forma ininterrumpida.
La suspensión del pago de hecho supuso la resolución unilateral del contrato que acabó dando pie al arbitraje rechazado por Malasia.