Las ayudas públicas para la digitalización están financiadas con los fondos Next Generation de la Unión Europea. El programa, dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la agenda España Digital y en el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.
El programa se enfoca a los autónomos y las pymes de menos de 250 empleados que podrán solicitar su bono digital que va desde los 3.000 hasta los 29.000 euros para contratar soluciones y herramientas tecnológicas a través de los denominados agentes digitalizadores.
Un ordenador “supuestamente” gratuito y unas soluciones forzadas
De esta iniciativa para un puesto de trabajo seguro, los autónomos y microempresarios podrán destinar hasta 1.000 euros en un dispositivo electrónico, ordenador o tablet, una licencia de ciberseguridad y el encriptado para la privacidad de datos del dispositivo, con el fin de automatizar tareas y mejorar la eficiencia.
He aquí donde empiezan a surgir los problemas. Si el autónomo lo único que busca es renovar su viejo ordenador con unos mínimos niveles de seguridad puede que sus expectativas se ven truncadas por una cruda y dura realidad. Los agentes digitalizadores ofrecerán un dispositivo, ajustado a las características del programa, pero que en verdad no cumplan las mínimas necesidades del autónomo.
Si de los 1.000 euros se descuentan las licencias y el coste de las soluciones de encriptación, el valor real del dispositivo apenas alcanzará los 500 euros. Es decir, un ordenador de gama media baja. El agente digitalizador impondrá el tipo de dispositivo sin espacio para poder elegir entre varias opciones, ofreciéndolo además como si fuera gratuito.
De este modo, pueden llegar a acuerdos con los distribuidores para rebajar su precio por compras masivas, pero sin que eso repercuta en el cliente. Y eso sin contar con el hipotético caso de que se produzca una especulación con las soluciones, ofreciendo servicios por un valor mayor del real o con una calidad inferior.
La economía circular del kit digital
De ese aparato, además de las posibles soluciones digitales que elija, el autónomo deberá abonar el IVA correspondiente y pasado el año tendrá la opción de renunciar a él, perdiendo el coste del impuesto del valor añadido, en el caso de tener una actividad por la que no se lo pueda desgravar, o abonar hasta el 15% de su valor de mercado.
Teniendo en cuenta que esta supuesta ayuda se considera como retribución al trabajo o como beneficios se deberá declarar en la correspondiente declaración anual. Es decir, con unas cosas u otras, el autónomo tendrá un ordenador de gama baja con unas características que probablemente sean insuficientes y que en realidad acabará pagando casi en su totalidad.
Eso sin contar que las posibles soluciones informáticas, como pueden ser el posicionamiento en redes o una página web, le sean realmente útiles para su actividad o de la mínima calidad exigible. En este sentido, conviene hacer muy bien las cuentas porque a lo mejor sale mucho más a cuenta adquirir un ordenador en el mercado a su gusto, advierten los expertos del sector.
Realmente, quien realmente sale ganando es el Estado. Subvenciona una supuesta digitalización, con una clara proyección de su imagen, utilizando unos fondos europeos que no ha sabido gastar en tiempo y forma y luego, encima, recupera gran parte del dinero mediante el IVA y el pago de los impuestos del IRPF. Si esto no es un blanqueo “legal” de capitales, se le parece mucho.