La persistencia del enfrenta miento podría impedir de nuevo aprobar los Presupuestos Generales y precipitar el adelanto electoral.
La ministra de Trabajo, además, ha tensado al máximo sus relaciones con la patronal CEOE, que consideran que su intento de aplicar la medida de la reducción de jornada, sin admitir las contrapartidas que propone la CEOE, supone la ruptura del diálogo social.
Otra muestra adicional, pero no menor, de hasta donde ha llevado la presión por imponer su criterio Yolanda Díaz, la aporta el líder del sindicato de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien desde el inicio de este proceso se ha mostrado partidario de adoptar la decisión de forma negociada.
Sordo es también es quiere tener en cuenta a los sectores más sensibles de la economía española con esta decisión, como lo es el sector servicios, vinculado con la restauración y el turismo. Y así lo comentaba a capitalmadrid.com a finales del año pasado en un encuentro con este analista, como ya recogíamos en el análisis: https://www.capitalmadrid.com/2023/11/17/66223/pedro-sanchez-logra-una-nueva-e-insegura-investidura-pero-con-subida-de-impuestos-segura.html.
^La medida penaliza a las pequeñas y medianas empresas
La medida no es igualmente asumible por las empresas españolas. A las grandes empresas les resulta más fácil de asumir la propuesta del Gobierno. Una gran parte de ellas, incluso ya la tienen adoptada en sus convenios colectivos.
En cambio, la medida resulta mucho más difícil de aplicar sin que tenga consecuencias graves para sus resultados económicos, incluso para su viabilidad futura, para muchas de las miles de pequeñas y medianas empresas, que constituyen el núcleo central del entramado empresarial español.
Así lo ponía de manifiesto hace unos días, el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) Gerardo Cuerva. Pero incluso la patronal más próxima al Gobierno, la patronal catalana PIMEC, emitía un duro comunicado en el que rechazaba “la actual propuesta de reducción de jornada laboral porque afecta a la viabilidad y la competitividad de muchas pymes de diferentes sectores”.
Los empresarios agrupados en PIMEC, muy vinculados en el entorno socioeconómico de Catalunya, advertían de que “después de reunir a sus comisiones, a las asociaciones, a los gremios y a los colectivos más afectados, constata la necesidad de abordar esta cuestión con una visión de 360°”.
Para reclamar “ahora más que nunca, una voz propia de las pymes para que se tengan en cuenta la dimensión empresarial, así como los retos y problemas del mercado de trabajo como la productividad, el absentismo y bajas laborales, entre otros”.
Pimec venía a unirse, en las últimas horas, a lo que ya había denunciado con anterioridad la tradicional patronal catalana, Foment del Treball. A finales de junio, Foment salió en tromba a criticar la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral de 40 a 38,5 horas este mismo año y a 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025. La patronal catalana se alineaba con CEOE y Cepyme en su rechazo al planteamiento del Ministerio de Trabajo.
Para el secretario general de la patronal catalana, David Tornos, la iniciativa abría un “debate totalmente artificial” que “no estaba ni en el seno de la sociedad ni en el seno de las empresas”. A su juicio, el debate que realmente deberían afrontar los agentes sociales y políticos es “la escasa productividad de la economía española”.
Estas diferencias con los empresarios, a la hora de aplicar esta medida, que objetivamente no debería levantar tanta animadversión entre las partes, es otra muestra de lo difícil que resulta, para el gobierno en minoría de Pedro Sánchez, poder aplicar decisiones que entran dentro de la lógica de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.
De hecho, conviene recalcar, se trata de rebajar de forma escalonada en dos horas y media la jornada semanal, es decir pasar desde las 40 horas actuales, a las 37,5 a principios del año que viene, después de haber reducido hora y media la jornada a lo largo de este año. La medida, además, está incluida en el programa de Gobierno que firmaron a finales de octubre del año pasado el PSOE y Sumar, con el que se presentó Pedro Sánchez a la sesión de investidura, dos semanas después.
Sin el apoyo de los nacionalistas
Dado el peso del empresariado catalán en partidos que apoyan al Gobierno, como Junts y el PNV, resulta lógico que el sector socialista del Gobierno trate de matizar la urgencia con que quiere imponer Yolanda Díaz la medida sobre la reducción de la jornada laboral.
Muestra de la influencia de Foment, con Junts y el PNV, es que estos dos partidos votaron en contra en el Congreso de una propuesta del ejecutivo que pretendía tomar una decisión sin el consenso con las organizaciones empresariales. Y en, al menos en otras dos ocasiones, el Gobierno ha tenido que retirar en esta legislatura su propuesta para no perder la votación.
Aunque a día de hoy, tanto Junts como el PNV mantienen su apoyo parlamentario al Gobierno, este no está garantizado para toda la legislatura. Si a las diferencias crecientes por quien deba ser elegido presidente de Cataluña, se añade la quiebra del apoyo en la reducción de jornada, podría hacerse imposible encontrar el apoyo para unos nuevos Presupuestos Generales. Sin Presupuestos dos años consecutivos lo lógico sería el adelanto electoral. Posibilidad con la que ya trabajan los partidos.