OPINIÓN

La auténtica prueba de fuego para Pedro Sánchez: que Illa logre gobernar

La re­pe­ti­ción elec­toral de­jaría en papel mo­jado toda la es­tra­tegia del PSOE y sus so­cios sobre Cataluña.

Salvador Illa, PSC.
Salvador Illa, PSC.

En estos mo­mentos de ten­sión en las ne­go­cia­ciones para lo­grar la in­ves­ti­dura de Salvador Illa como nuevo pre­si­dente de la Generalitat, se está ju­gando la efec­ti­vidad o no de toda la es­tra­tegia de Pedro Sánchez y sus so­cios para se­guir al frente del Gobierno de España dos o tres años más.

Es una afirmación que puede sonar muy radical, pero que no lo es y se puede explicar muy claramente solo con dos sencillas imágenes para nuestra retina.

  • Primera imagen. Millones de españoles que vivimos fuera de Cataluña y unos cuentos millones que viven allí sufrimos lo nuestro viendo como se malograba aquel experimento que se llamó Ciudadanos, que logró hace no tanto un éxito electoral sin precedentes en las elecciones regionales de la mano de su candidata Inés Arrimadas. Sin embargo, la mayoría independentista la impidió formar gobierno y esa esperanza de cambio se fue al traste.

  • Segunda imagen. Ahora ha vuelto a pasar algo parecido, el socialista Salvador Illa al frente de las siglas del PSC ha ganado las elecciones por una holgada mayoría y debería poder formar gobierno. Pero desgraciadamente no parece que esté tan claro.

Desde el minuto uno, inexplicablemente o no, Carles Puigdemont ha reivindicado para sí ese derecho, pese a tener menos votos. Exige a ERC, en medio de un cisma interno, su apoyo para ello o al menos para forzar una nueva convocatoria electoral a la que poder presentarse juntos e incluso con algún otro partido independentista más.

Están en minoría

Razones. Muy sencillas. Ahora los independentistas son minoría en el Parlamento catalán, no les cuadran las cifras, aunque acaban de nombrar presidente del mismo a uno de los suyos, para que pueda equilibrar esa minoría con todas las posibles trampas que se le vayan ocurriendo.

Moraleja de las dos imágenes. La historia de Ciudadanos no debería repetirse y mucho menos cuando ahora hay una mayoría constitucionalista que puede y debe cambiar el rumbo de las cosas de una puñetera vez. Las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo otorgaron representación a ocho formaciones: PSC (42 escaños), Junts (35), ERC (20), PP (15), Vox (11), Comuns Sumar (6), CUP (4) y la novedad de la convocatoria, Aliança Catalana (2). Por primera vez desde 1984, el Parlament no tiene mayoría de representantes del espacio nacionalista o independentista.

Esta situación debería aprovecharse ahora por los constitucionalistas, si es que el PSC se encuentra entre ellos, que suponemos que sí. Se siente el miedo en las filas secesionistas y sus oponentes tienen que aprovecharlo y dar ilusión y esperanzas a esa maravillosa zona de España, que suponga poder sacarla de ese atolladero insoportable al que la han conducido unos cuantos oportunistas.

El PSC, con los votos de Illa, ha sido el más votado, además de por la tradicionalmente fuerte implantación socialista en Cataluña, seguro que también por las políticas de Sánchez de continúas cesiones a nacionalistas con el colofón de la ley de amnistía. Pues toca aprovecharlo, a menos que existan acuerdos secretos que no conocemos que impidan ejercer el derecho que otorgan los votos de los ciudadanos.

Punto de no retorno

Estoy seguro que para muchos votantes socialistas, que llevan años aguantando muchas decisiones de Sánchez que no comparten, ahora sería insoportable cualquier paripé que justificase la renuncia a gobernar la Generalitat. Sería un punto de no retorno, que esperemos que no se produzca, ya que dejaría meridianamente claro que llevan años engañándoles con la cantinela de ir calmando poco a poco la situación en Cataluña y lo que es peor, pondría como la siguiente cesión anunciada, ese “referéndum se independencia” que el PSOE dice no compartir con quienes le apoyan en el Congreso.

Hagamos un poco de historia, que curiosamente se entremezcla con la realidad de hoy mismo de una manera bastante pavorosa. Sánchez llegó al poder con una moción de censura, en la que todos los partidos nacionalistas o independentistas le apoyaron para sacar a Mariano Rajoy de La Moncloa. Y desde el día siguiente comenzó una política que el mismo PSOE y su socio Podemos han llamado persistentemente de apaciguamiento para la tensa situación de Cataluña, después de la asonada ilegal y anticonstitucional que supuso el llamado ‘procés’.

Un mérito que no era suyo

Esta ha sido una política claramente oportunista por parte del Ejecutivo central para apuntarse un mérito que no era suyo sino de la aplicación del 155. Sin duda, algo cambió a partir del momento en que unos cuantos dirigentes que se saltaron la legalidad democrática recibieron la visita en sus domicilios de los miembros de la Seguridad del Estado para que los acompañaran a un juzgado o a una comisaría y ser posteriormente procesados y juzgados. Es evidente que todos los seres humanos somos muy sensibles además de a nuestras ideas, a nuestra libertad y a nuestro bolsillo.

Pero Sánchez supo apuntarse ese tanto del artículo 155 de la Constitución, aunque después su política fue ir desmontando, paso a paso, toda la arquitectura legal sobre este artículo con el que el gobierno de Rajoy se defendió, por cierto, como era su obligación, de un levantamiento para irse de España, de Cataluña, una de sus comunidades autónomas.

Más cambios de opinión

Por cierto, conviene destacarlo. Una vez más cambiando Sánchez y sus ministros radicalmente de opinión y olvidándose de su anterior apoyo desde la oposición al ejecutivo del PP y a la aplicación del artículo 155 para conseguir frenar el levantamiento de Puigdemont. Al principio fue de una forma menos evidente, pero una vez que las sucesivas convocatorias electorales fueron poniendo de manifiesto cada día más de la importancia aritmética de los escaños de partidos como ERC o Junts en sus distintas siglas, entre otros varios, se fueron agilizando las medidas de gracia contra los insurrectos y sus adláteres.

Y así llegamos poco a poco, primero a los indultos de los líderes del ‘procés’ y más recientemente a la amnistía, llevada a un extremo que a muchos se les antojaba hace poco imposible, al incluir también los delitos de rebelión y hasta de malversación, lo que muchos jueces, a tenor de lo que vamos viendo cada día, no terminan de asimilar del todo y complican un poco más cada día el desarrollo de esa discutida ley. No hace falta más que analizar los últimos resultados electorales en Cataluña, para interpretar que la mayoría de sus habitantes están deseando que Gobierno, PSOE o PSC, se enfrenten de una vez a los nacionalistas, les cueste lo que les cueste, incluso el Gobierno de España. Y la oportunidad de oro para hacerlo es la elección de Illa al frente de la Generalitat.

Chantaje permanente

Pero un Illa, igual que un Sánchez, que no acepte el chantaje permanente de esos tipos. Un PSOE o un PSC que no tolere que la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, señale desde la tribuna del Congreso, con nombres y apellidos, a jueces, periodistas y representantes y agentes del orden público, que a juicio del partido del fugado Puigdemont, deben de ser cesados y juzgados por actuar contra Cataluña.

Y que una acusación pública así, no sea respondida ni por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ni por ningún representante del Gobierno, incluido su presidente. Como tampoco puede ser que ERC y Junts, ahora tan bien posicionados por la aritmética parlamentaria frente a Sánchez, pidan abiertamente la gestión de los impuestos y una ley de financiación singular que plantea una especie de concierto económico para esa región, con el que recaudaría todos los impuestos y un cupo con el que se fijaría una cuota que pagaría Cataluña al Estado, una música que suena mucho al llamado concierto vasco en vigor.

Se trata de algo que lógicamente sería intolerable para el resto de comunidades autónomas españolas, sean del signo político que sean.

Otro concierto vasco

Ya contamos en CapitalMadrid que al margen de esto del concierto vasco, ambos partidos independentistas registraron un documento en su Parlamento autonómico sobre las conclusiones de una llamada comisión de estudio sobre la deuda histórica del Estado español con Cataluña, que dice que España debe a los catalanes 465.000 millones de euros por diversos asuntos entre 1982 y 2022, y en el que se exige la condonación total de la deuda de la Generalitat cifrada en 73.000 millones contabilizados en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Todo esto sale, según el citado documento, porque según sus cálculos el Estado debe a Cataluña 50.900 millones de déficit en materia de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones. Desde luego, la ruina para todos, empezando por ellos mismos, que solo saben gastar y gastar en aras de unos hechos diferenciales que nunca podrán justificarles.

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