BlackRock apro­vecha que el Banco Sabadell entra en el MSCI World para llegar al 6,2%

BBVA se ‘hiperactiva’ después que Anticorrupción reclame procesarla por el caso Villarejo

Presenta el ex­pe­diente ante Competencia, se reúne con el pre­si­dent de la Generalitat y hasta en­trega pre­mios

Carlos Torres, pte. de BBVA.
Carlos Torres, pte. de BBVA.

El BBVA ha en­trado en un pro­ceso inusi­tado de hi­per­ac­ti­vidad des­pués de co­no­cerse que la Fiscalía Anticorrupción ha so­li­ci­tado al juez Manuel García Castellón, el pro­ce­sa­miento del propio banco además de a sus prin­ci­pales di­rec­ti­vos, ex­cluido sor­pren­den­te­mente el pre­si­dente ac­tual Carlos Torres. Los res­pon­sa­bles del banco bil­baíno son ple­na­mente cons­ciente del daño repu­tacional que su­pone para la en­tidad verse acu­sada de es­pio­naje a em­pre­sa­rios, pe­rio­dis­tas, grandes com­pañías e in­cluso a sus pro­pios em­plea­dos.

En términos legales, la petición del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Cabaleiro, se centran en los (presuntos) delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Y eso no la deja en buen lugar.

Ya sabe sabe que el dinero no tiene color aunque con las actuales exigencias tanto legales como sociales, con la creciente importancia de los fondos activistas, puede haber fondos (titulares de las mayores participaciones en el banco bilbaino) que puedan verse obligadas a dar muchas explicaciones en el caso de entrar en el capital de un banco acusado de esos presuntos delitos.

En se marco, la firma de análisis crediticio EthiFinance ha avisado del riesgo reputacional que entraña la decisión de BBVA de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre el capital de Banco Sabadell si esta no prospera.

EthiFinance indica que la oferta "conlleva riesgos significativos, incluyendo posibles repercusiones legales, reacciones adversas del mercado y un potencial daño a la reputación de BBVA si la oferta no tiene éxito”. El principal motivo es que un posible fracaso de la oferta pública “añade una capa adicional de incertidumbre al panorama financiero, planteando preguntas sobre el futuro de Sabadell y la reacción de otras partes interesadas, como el Gobierno, reguladores, accionistas o empleados”.

Y el éxito de la OPA hostil se pone cada día más difícil. Al tratarse de un canje de acciones, la evolución bursátil de cada banco es clave para captar el interés de los inversores. El problema (para el BBVA) es que el Banco Sabadell ha iniciado junio con las mejores cotizaciones desde que el banco vasco hizo su primera oferta de integración.

Si el 2 de mayo pasado, Sabadell llegó a cotizar a 1,97 euros (cerró esa jornada a 1,86 euros por acción); esta semana la inicia con un precio de 1,92 euros por título animada tanto por las inversiones oportunistas como por la evolución del banco vallesano que empieza a convencer a los mercados.

Tanto es así que el gigante inversor estadounidense BlackRock ha comunicado al supervisor vbursa´til español que ha casi duplicado su participación en el Sabadell, al pasar del 3,929% al 6,275%. Con ello, BlackRock alcanza su participación más alta en el banco dirigido por César González-Bueno desde 2010.

Según fuentes conocedoras de la operación, el anuncio de BlackRock se produce el primer día en que el Banco Sabadell se estrena en el índice MSCI World, lo que provocó que el viernes pasado numerosos fondos entraron o aumentaron su participación en la entidad catalana.

Con este marco, no es de extrañar que BBVA haya acelerado la promoción de su imagen pública en todos los ámbitos (positivos) posibles. Como la entrega de los reconocimientos a los diez mejores productores sostenibles de España que el BBVA organiza con El Celler de Can Roca para premiar a aquellos agricultores destacados por aplicar la sostenibilidad medioambiental en sus modelos de producción e impulsar el entorno rural, el relevo generacional y el impacto social.

Flanco OPA descubierto

Si a finales de la semana pasada BBVA pedía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la tramitación de su oferta, ésta la inicia con la presentación de la preceptiva solicitud a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quizá a la que más ‘teme’.

Tal y como se recoge en la Ley de Defensa de la Competencia, el análisis de control de concentraciones se compone de dos fases. En la primera fase, de hasta un mes de plazo, --sin incluir posibles suspensiones para solicitar más información--, se analiza la operación y el consejo de la CNMC decide si la operación debe ser archivada, si es susceptible de ser autorizada (con o sin compromisos) o, si por el contrario, la concentración requiere ser analizada más detalladamente por los problemas de competencia que pueda generar.

En ese caso, la operación entraría en la segunda fase de análisis en Competencia, donde se contempla la participación de terceros interesados, y se puede extender un máximo de tres meses sin incluir posibles pausas. En esta fase, la CNMC puede autorizar la operación, archivarla, autorizarla con compromisos, autorizarla con condiciones o prohibirla. En los tres últimos supuestos, Competencia debe trasladar su decisión al Ministerio de Economía, que puede elevarla, a su vez, por "razones de interés general", al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días.

A continuación vendría la anunciada prohibición de la operación por parte del Ejecutivo tal como ha anticipado, entre potros miembros del Gobierno, el ministro e Economía, Carlos Cuerpo.

Flanco político desbordado

El flanco político no es un asunto menor dada la clara oposición que han encontrado su OPA tanto en el Gobierno como en las fuerzas que lo apoyan.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado de “factor de riesgo”para España la OPA hostil sobre Banco Sabadell. Díaz subraya el "riesgo sistémico" que sería para España un elevado nivel de concentración bancaria que, en sus palabras, tendría un funcionamiento oligopólico.

De ahí que la reunión entre el presidente del BBVA, Carlos Torres, con el president en funciones de la Generalitat de Cataluña, Ramón Aragonès, haya sido ampliamente publicitada pese a tratarse de un encuentro privado del que no se espera que cambie la posición de los nacionalistas aunque no han trascendido detalles. Pese a todo, es bien conocido que Aragonès y el resto del Govern se oponen a la OPA por su efecto en la economía catalana y la pérdida de puestos de trabajo en Cataluña que supondría la integración.

El banco vizcaíno ha presentado el expediente ante las autoridades españolas de Competencia. Se trata de un expediente distinto al presentado en la Comisión de Valores dado que la CNMC que preside Cani Fernández revisará el nivel de concentración bancaria que resulte de la OPA y la absorción del Sabadell.

De Competencia nada

Tal y como se recoge en la Ley de Defensa de la Competencia, el análisis de control de concentraciones se compone de dos fases. En una primera fase (de hasta un mes de plazo sin incluir posibles suspensiones para solicitar más información) se analiza la operación y el consejo de la CNMC decide si la operación debe ser archivada, si es susceptible de ser autorizada (con o sin compromisos) o, si por el contrario, la concentración requiere ser analizada más detalladamente por los problemas de competencia que pueda generar.

Esto daría paso a la segunda fase del procedimiento, donde se contempla la participación de terceros interesados, y se puede extender un máximo de tres meses sin incluir posibles pausas.

Tras el análisis en segunda fase, la CNMC puede resolver autorizar la operación, archivarla, autorizarla con compromisos, autorizarla con condiciones o prohibirla. En los tres últimos supuestos, Competencia debe trasladar su decisión al Ministerio de Economía, que puede elevarla, a su vez, por "razones de interés general", al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días.

"El acuerdo final [del Consejo de Ministros], que podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes y puede solicitar un informe", señala Competencia en su página web. Además, la Ley de Defensa de la Competencia indica que el acuerdo final debe estar "debidamente motivado".

El artículo 10.4 de esa misma ley prevé que el Consejo de Ministros pueda valorar las concentraciones económicas "atendiendo a criterios de interés general", como la defensa y seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas, la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio español, la protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

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