TRIBUNALES

BBVA, su expresidente González y varios cargos, procesados por cohecho y revelación de secretos

El juez García Castellón con­si­dera que "sean so­me­ti­dos" a juicio oral en el caso Villarejo

Francisco González, ex presidente de BBVA
Francisco González, ex presidente de BBVA

No se ha li­brado casi na­die, salvo el ac­tual pre­si­dente Carlos Torres. En el de­no­mi­nado caso FG-Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pro­puesto pro­cesar y juzgar al BBVA como en­tidad ju­rí­dica, al co­mi­sario ju­bi­lado José Manuel Villarejo, al ex­pre­si­dente del BBVA Francisco González y su CEO Ángel Cano, a va­rios ac­tuales y ex cargos de la en­tidad por cohecho y re­ve­la­ción de se­cretos en el curso de los en­car­gosque ha­bría rea­li­zado el po­licía desde 2002 hasta 2017.

En un auto de acomodación(...) al procedimiento abreviado", de 268 páginas, al que ha tenido acceso www.capitalmadrid.com, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 da por concluida la instrucción iniciada en 2018 y señala que "la instrucción practicada hasta el momento en la presente pieza separada ha puesto de manifiesto que se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente al BBVA a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable".

El juez ha ignorado el recurso del BBVA -del que informó este medio digital solicitando el sobreseimiento del caso en la que entidad que preside Carlos Torres afirmaba que de los hechos investigados "no se deriva responsabilidad penal para la ebtidad.

En su auton, el juez procesa asimismo al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano, al exCEO del banco Ángel Cano o al exdirector de Riesgos Antonio Béjar por presuntos delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

De igual forma, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; al responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; al exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Aparte del ex comisario Villarejo, propone juzgar a su socio Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.

En su auto, el magistrado hace suya la "prolija exposición" realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el que solicitó que concluyese la instrucción. El juez, en concreto, elogia el "impecable detalle en la narración de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria sólida como consecuencia de la actividad instructora practicada en el marco de las presentes diligencias previas".

LA CONTRATACIÓN CON VILLAREJO

El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura en su escrito que la contratación por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

"El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías", apunta.

El fiscal afirma que eso permitía a Villarejo, "entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso".

"Conociendo Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, Villarejo, a través del denominado Grupo CENYT --la empresa de Villarejo--, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal 'anómalo e ilegal' recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo", añade Anticorrupción.

EL PAPEL DE FRANCISCO GONZÁLEZ

La Fiscalía añade que el propio González, "dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo".

Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la Fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos "no puede calificarse de idóneo" porque "claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección".

"Respecto del resto de personal, directivos y empleados, el sistema se diseña formalmente para que los mismos sean conscientes de las normas y de la obligación de respeto a las mismas, así como estableciendo la forma de actuar ante posibles incumplimientos, siempre que los mismos provengan de tal ámbito de dirección o empleados, pero sobre la existencia de un ámbito superior que impone el cumplimiento de las órdenes o decisiones cuando estás provengan de la Presidencia Ejecutiva o de la Alta Dirección, sin prever o diseñar mecanismo alguno ante la posible ejecución de actos contrarios a las normas ordenados por los mismos", detalla el escrito.

El mismo da detalles de los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Con el primero de los mismos, según la Fiscalía, Villarejo trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario 'Proyecto Trampa'.

El escrito también recoge el 'Proyecto Summer-Fish' --la investigación sobre el "patrimonio oculto" del empresario Fernando Martín--, el 'Proyecto Summer-Gate' --sobre el patrimonio del empresario Luis Portillo--, el 'Proyecto King-Prasa', el encargo 'Templar' o el encargo 'Duke'.

En su parte dispostivam y a efectos de las propuestas de procesamiento, el auto señala:

  • ACORDAR la continuación de las presentes Diligencias Previas como PROCEDIMIENTO ABREVIADO contra, Ángel CANO FERNANDEZ, Antonio BÉJAR GONZÁEZ, Antonio BONILLA MARTÍNEZ, Eduardo ARBIZÚ LOSTAO, Eduardo ORTEGA MARTÍN, Francisco GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Joaquín GORTARI DÍEZ, José Manuel GARCÍA CRESPO, José Manuel VILLAREJO PÉREZ, Julio CORROCHANO PEÑA, Óscar SANTOS TOUCHE, Rafael REDONDO RODRÍGUEZ, Agente 76.738 y frente al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por hechos constitutivos de delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

  • ACORDAR el sobreseimiento de las actuaciones respecto de IGNACIO PÉREZ CABALLERO MARTÍNEZ, INÉS DÍAZ OCHAGAVÍA, JAVIER DE TODOS LOS SANTOS MALAGÓN NAVAS, JOSÉ MANUEL CANTERO CRIADO, JUAN ASÚA MADARIAGA, MANUEL CASTRO ALADRO, NAZARÍO CAMPO CAMPUZANO, PABLO GARCÍA TOBÍN, RICARDO GÓMEZ BARREDO, SIMÓN GALERA RODRÍGUEZ y CONSTANCIO RIAÑO PRIETO.

Artículos relacionados