OPINIÓN

Las exigencias económicas de Bruselas hacen inevitable unos nuevos Presupuestos

La Comisión Europea y el Banco de España cercan al Gobierno sobre las me­didas a aplicar en 2025

Unión Europea, símbolos
Unión Europea, símbolos

Con la apro­ba­ción del cuarto des­em­bolso de los fondos Next Generation por parte de la Comisión Europea, han lle­gado las nuevas exi­gen­cias de ajustes en la eco­nomía es­pañola a partir del pró­ximo año. Moncloa tiene que en­viar a Bruselas en sep­tiembre el plan de con­so­li­da­ción fiscal con el que sa­near las cuentas del Estado.

Se abre así la puerta a que tanto los socios de Gobierno, como los parlamentarios puedan plantear más exigencias a Pedro Sánchez. España tiene que ir adaptándose a las nuevas reglas fiscales que aprobó de forma definitiva el Parlamento Europeo a finales de marzo y cumplir con las contrapartidas para recibir los fondos de recuperación, que a día de hoy no cumple.

Son normas que suponen la revisión de las reglas fiscales de la UE para hacerlas más claras y flexibles, impulsar la inversión y adaptarlas a la situación de cada país.

Pero, aunque sean normas más flexibles, siguen siendo normas que hay que cumplir. A lo que hay que añadir que el Gobierno no tiene sencillo en cumplir lo acordado con Bruselas, para seguir recibiendo los fondos de recuperación Next Generation, en dos aspectos muy concretos, la reforma del subsidio por desempleo y la reforma del sistema de pensiones.

El siguiente aspecto para el que Pedro Sánchez va a tener dificultades enormes con sus socios parlamentarios es para adoptar el nuevo plan fiscal, sobre todo si no puede aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el 2025. Y el acuerdo, de lograrlo no será sencillo.

Conviene insistir en que el nuevo plan fiscal debe ser enviado a Bruselas en el mes de septiembre. Con las vacaciones parlamentarias de verano de por medio, no queda mucho tiempo para que el ejecutivo pueda alcanzar los acuerdos necesarios y sin nuevas concesiones a sus socios independentistas que irriten todavía más a sus propias filas en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Extremadura o Asturias.

Comunidades que ya han mostrado sus diferencias con las concesiones que Pedro Sánchez deberá hacer a Junts y ERC en materia de financiación autonómica si quiere contar con su apoyo.

En cuanto al Banco de España, en su último informe sobre la economía española, recordaba la necesidad de hacer sostenibles las cuentas públicas, para lo que es necesario un plan de consolidación fiscal a medio plazo, que favorezca el crecimiento y se centre en la reducción de las ineficiencias impositivas y en la ampliación de la base impositiva.

Son tantos los condicionantes a los que se va a ver sometido el Gobierno en las próximas semanas, que algunos de los socios parlamentarios de Sánchez, como es el caso del PNV, no descartan que se produzca un adelanto electoral.

Su presidente, Andoni Ortúzar, advertía de que la compleja situación en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez puede acelerar una nueva convocatoria electoral. El último día de la campaña de las europeas decía que “yo no descartaría que en otoño o en invierno se celebraran elecciones generales”.

Pendientes de la reforma de las pensiones y del subsidio por desempleo

Pero incluso antes de que Moncloa tenga preparado el nuevo plan fiscal para enviar a Bruselas, tendrá que negociar el apoyo al Real Decreto Ley de reforma del subsidio por desempleo. Esta reforma era uno de los condicionantes para que la Comisión Europea hiciera entrega del cuarto desembolso de los fondos Next Generation.

Como no lo tenía sencillo y urgía que llegaran esos recursos, optó por la vía del Real Decreto Ley que evita la solicitud de los informes del Consejo de Estado, el debate en las Cortes y además no tiene que sufrir la fiscalización del Senado.

Según el calendario semestral acordado entre el Gobierno y la Comisión Europea, el cuarto desembolso estaba previsto que se produjera en julio del año pasado. El retraso en las negociaciones de la reforma del subsidio por desempleo, así como la de la sostenibilidad de las pensiones, hizo que el desembolso no se pudiera solicitar hasta diciembre del año pasado.

Aunque la Comisión ha dado por bueno el Decreto Ley, si ahora no fuera aprobado por el Congreso, habría que devolver parte de las ayudas del cuarto desembolso. No hay que descartar una nueva derrota del Gobierno en el Congreso que el pasado 10 de enero ya rechazó esta reforma por los votos en contra de Podemos. Era la primera derrota de Yolanda Díaz a manos de sus antiguos socios. Además, Junts se ausentó de las votaciones.

Reforma de las pensiones

El caso de la reforma de las pensiones es más complejo. Pero los datos conocidos hasta ahora son preocupantes, por lo que afecta a la sostenibilidad del sistema. Según el acuerdo España-Comisión Europea, si el gasto medio en las pensiones supera 13,3 % del PIB entre 2022 y 2050, el Gobierno está obligado a hacer ajustes para que se sitúe dentro de ese límite máximo. En ese caso no habría más opción que subir las cotizaciones o bajar las prestaciones.

De cara a la próxima contienda electoral se trata de medidas muy importantes. Afectan a año más del 24 % del censo electoral. Lógico que el Gobierno haya querido dejar fuera del debate de las europeas una cuestión que afecta a los 9,2 millones de pensionistas españoles.

Pero, ¿cómo es posible que la oposición no haya planteado ni una sola vez estas cuestiones al ministro de Economía? Durante los cinco primeros meses de su mandato como responsable del ministerio que dirige las negociaciones con Bruselas, ni el PP ni Vox han dirigido una sola pregunta en la sesión de control al Gobierno a Carlos Cuerpo.

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