Según los datos de este informe, España tendría que haber recibido 163.000 millones de euros del programa NextGeneration EU, pero no llegan a la mitad los pagos que se hicieron en el año 2021 y apenas se entregó el 39,6% en 2022. Durante el pasado ejercicio incluso cayó aún más, ya que solo se recibieron el 27,3%. De estos fondos, apenas unos 20.000 millones han llegado a la economía real, una cifra que representa un 75% menos de lo esperado. Y casi todo ha ido a parar a manos de empresas públicas.
Esto como consecuencia, revela este informe, de ciertos problemas como son “la ejecución ineficiente de los fondos, la falta de transparencia, la excesiva burocracia, el reducido impacto económico, las distorsiones económicas y las contrarreformas”.
Dicho de otro modo, para esta institución, el manejo y reparto que se ha hecho de los fondos asignados por Europa desde el Gobierno de Madrid dista mucho de considerarse eficiente; es más, califican esta actuación de opaca y eso por eso que “ya se han levantado las críticas tanto nacionales como internacionales" en este sentido.
Con la burocracia hemos topado
Este mismo estudio señala que los excesivos y tediosos procedimientos protocolarios y burocráticos para el reparto de este dinero ha dado lugar a un cuello de botella para gestionar todo, así como parones administrativos.
Y esto ha hecho que no se cumpla una de las previsiones del ejecutivo de Pedro Sánchez que defendió que los fondos europeos elevarían el crecimiento del PIB anual en 2,5-3 puntos; cuando en realidad ha sido cinco veces menor en los primeros años de desembolso y, a medio plazo, será más de un 50% más bajo de lo esperado. Además, el 60% del aumento del PIB en 2023 se explica por el incremento de la deuda pública.
Tampoco se cumplen las previsiones en cuanto a la generación de empleo con estos fondos ya que no se ha llegado a la promesa de 800.000 nuevos puestos de trabajo (es más, el paro efectivo ha aumentado de 3.773.000 a 3.790.500 personas entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023.
Es por ello que desde el Instituto Juan de Mariana recomiendan “bloquear los fondos europeos que aún no se han comprometido y poner en marcha un programa masivo de incentivos fiscales para devolver recursos al sector privado, dejando la ejecución de los fondos en manos de las empresas”.