Con ello, el político valenciano concluye un periplo judicial de más de 12 años, sin haber sido condenado en ninguna de las diez causas en las que fue imputado e investigado, desde que comenzó su calvario a raíz de las denuncias por aceptar unos trajes de regalo. Otras causas judiciales a las que tuvo que enfrentarse fueron la visita del Papa o la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia.
Camps declaró nada más conocerse la sentencia al diario ‘El Mundo’ que “dimití para proteger la presidencia de la Generalitat y a mi partido. No era una necesidad, pero alguien decidió abrir un juicio por el hipotético regalo de cuatro trajes y decidí quitarme el oropel de la presidencia y ser un ciudadano más. Pero he estado 12 años apartado de mi pasión, la política y he visto mi nombre mancillado cuando no ocurrió absolutamente nada. Nada debía a nadie, nadie me debía nada”.
Y añadió que “esto no le puede ocurrir a ningún español. No quiero que le pase a nadie y es innecesario que esto ocurra”. Asimismo, Camps quiso recordar los numerosos escraches que había sufrido en su casa o en los tribunales.
Mejor, explicaciones rápidas
Para darle un toque de actualidad al asunto, el expresidente de la Generalidad, que dijo haber confiado siempre en la democracia y el Estado de derecho, quiso aconsejar a quienes sienten que están en esa situación, como puede ser ahora la esposa de Pedro Sánchez, “que dé explicaciones desde el minuto uno”.
El asunto recuerda y mucho al del primer político que tuvo que dimitir por algo parecido hace muchos años, en este caso de la presidencia de la Junta de Castilla y León, para después lavar su nombre en los tribunales.
Estamos hablando del socialista Demetrio Madrid, al que sus oponentes políticos lograron derribar por unas pretendidas irregularidades en la venta de una empresa textil familiar poco antes de acceder a la presidencia de su región.
Fue hace 38 años, en 1986, cuando Demetrio Madrid, tras conocerse su procesamiento por ese presunto delito social a consecuencia de la querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil familiar que había vendido, anunció su dimisión.
Aunque, eso sí, lo hizo después de intentar recabar sin éxito el apoyo político del entonces PSOE de Felipe González desde Ferraz o desde el Gobierno central, para intentar resistir, lo que le fue negado desde todas las instancias socialistas de la época.
La cuestión es que cuatro años después Demetrio Madrid fue absuelto, pero para entonces las cosas habían cambiado mucho en ese territorio por la irrupción de José María Aznar en la política regional de Castilla y León, así que los mandatarios socialistas que no apoyaron a Demetrio Madrid tuvieron la penitencia de perder la comunidad autónoma.
Mucho fuego amigo
Han existido más casos. El expresidente socialista de Murcia Carlos Collado tuvo que dimitir en abril de 1993 por el llamado ‘escándalo de Casa Grande, al estar enfrentado a sus propios compañeros de partido.
Le acusaban de prevaricación y malversación de fondos en la compra de los terrenos de Casa Grande para su cesión al grupo multinacional General Electric. Tras un largo proceso judicial no se pudo demostrar su culpabilidad y la investigación se resolvió a favor de Collado en 2006, por lo que sus compañeros de partido tuvieron que pedirle disculpas públicamente.
Recordemos que eran momentos de mucho fuego amigo, de cruce de cuchillos entre las distintas facciones del PSOE y pensemos en Pilar Miró, por ejemplo, que también tuvo que dejar su cargo de directora general de RTVE en 1989 acosada por el ‘guerrismo’ dentro del Partido Socialista, con una campaña que se saltó todos los límites posibles.
Pilar Miró, que fue la primera mujer en hacerse cargo de la televisión pública, se vio obligada a dimitir cuando fue procesada por la Audiencia de Madrid por un presunto delito de malversación de fondos públicos, del que fue absuelta en 1992.
Blanco aguanto y ganó
Sin embargo, ha habido políticos que han sabido aguantar las presiones judiciales y del chaparrón mediático y no dimitieron. Ese fue el caso del el exministro socialista y hoy flamante comunicador José Blanco, que estuvo imputado por el Tribunal Supremo desde finales de 2011 hasta mediados de 2013 por tráfico de influencias en el llamado ‘caso Campeón’. Al final el propio Alto Tribunal lo archivó, mientras Blanco aguantó la presión y mantuvo su acta de diputado.
En 2016, cuando el famoso ‘caso Taula’ comprometía la carrera política de la exalcaldesa de Valencia Rita Barbera y su propio partido a través del Comité de Derechos y Garantías había abierto un expediente contra ella, Blanco, y eso le honra, se permitió el lujo de solicitar públicamente que se respetase la presunción de inocencia de Barberá. Y vaya si lo hacía con conocimiento de causa. Por recordar el caso de Barberá, que viene a cuento, la política valenciana había logrado que la fiscalía del Tribunal Supremo archivase una denuncia de Compromís que la denunciaba por sus gastos de protocolo. Sin embargo, después fue acusada de un delito de blanqueo de capitales y fue entonces cuando recibió la puñalada de su propio partido, ya que el Comité de Derechos y Garantías del PP abrió un expediente contra ella y otros 54 investigados del llamado ‘caso Taula’.
Camps recuerda a Barberá
Cuando el Partido Popular la pide que renuncie a su acta de senadora, Barberá escoge darse de baja del partido y entrar al Grupo Mixto. Pero no llegó a ser juzgada, ya que dos días después de declarar en el Supremo falleció de un infarto en un hotel de Madrid.
Precisamente, Camps tuvo unas palabras de recuerdo para Barberá cuando fue recientemente absuelto de su última causa. El caso más reciente de esto de lo que hablamos fue el archivo provisional por parte del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, de Compromís, que había sido imputada por encubrir supuestamente los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.
Ahora se llama ‘lawfare’
Oltra siempre sostuvo su inocencia, pero se vio forzada a dimitir en junio de 2022 al ser investigada por encubrimiento junto con otros altos cargos de su departamento. La causa se archivó tras dos años de investigación, y no apreciar el juez indicios de comisión de delito alguno”. Aunque la resolución no es firme y puede ser recurrida.
Todo este camino sembrado de cadáveres, ya que hay muchos, pero que muchos más de los contados, es lo que ahora se conoce como ‘lawfare’, en inglés, que viene a significar algo así como una guerra jurídica, como la instrumentalización de la Justicia, la judicialización de la política o el acoso judicial.
Según Wikipedia se trata de “la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.
También en la economía
Pero no ocurre únicamente en la política, sucede lo mismo en la vida económica o social o cultural de España, donde estas normas mafiosas campan a su aire, y son practicadas por partidos políticos, corporaciones empresariales o financieras y medios de comunicación.
Es evidente que la renovación de cargos judiciales siempre enfrenta a los partidos políticos. Veamos lo que está pasando en torno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero no son solo las formaciones políticas las que intentan utilizar a la Justicia, muchas veces son los propios actores judiciales los que se ofrecen, como sucede con muchos medios de comunicación, por eso se ha llegado a un punto casi de no retorno.
Realmente, la mayoría de españoles ya no sabemos discernir sobre lo que nos cuentan y en la mayoría de ocasiones resulta que al final nada es lo que parece. Y si no disponemos de los elementos necesarios para juzgar, nuestros juicios pueden ser erróneos.
Pensemos en lo más lógico que puede suceder cuando se alinean bajo un mismo objetivo algo de ‘lawfare’ con una buena mentira bien aliñada, con el dinero, verdadero poder en mayúsculas, y con algunos de los medios de comunicación. La respuesta es sencilla, que se trata de un cóctel vencedor la mayoría de las veces, capaz de llevarse por delante lo que sea, como desgraciadamente suele suceder.
Ganan los peores
Pues de eso también es de lo que estamos hablando. Los políticos que tuvieron que dimitir y luego pudieron probar su inocencia son el ejemplo elegido para intentar explicar que la mayoría de las veces ganan los que no deben, lo que pasa es que ni nos damos cuentan o hasta lo apoyamos porque nos han ido engañado para llevarnos a su trinchera.
¿Cuántas leyes necesarias no han llegado a buen puerto?, ¿cuántas operaciones económicas de interés se quedaron en el camino?, ¿cuántos nombramientos justos no llegaron a producirse? Esa es también la triste cara B de lo que estamos hablando….