Pacta un nuevo ré­gimen fle­xible con las au­to­ri­dades bra­si­leñas des­pués de dos dé­cadas

Telefónica /Vivo cierra en Brasil su largo conflicto por la red fija con la reguladora Anatel

La fi­lial Vivo se be­ne­fi­ciará de ven­tajas fis­cales y fi­nan­cieras al no ser ya una con­ce­sión del Estado

Vivo, filial brasileña de Telefónica.
Vivo, filial brasileña de Telefónica.

Vivo, la fi­lial bra­si­leña de Telefónica, ha pac­tado con los re­gu­la­dores bra­si­leños un acuerdo que pone fin a más de dos dé­cadas de con­flicto por la con­ce­sión de a red fija en todo el Estao fe­de­ral. Lo que antes fun­cionó como una con­ce­sión” pa­sará ahora a fun­cionar bajo el ré­gimen más fle­xible de 'autorización ad­mi­nis­tra­tiva, lo que per­mi­tirá a Telefónica dis­frutar de me­nores exi­gen­cias fis­cales y fi­nan­cieras que las que so­por­taba hasta la fe­cha.

Lo que esta en juego no es ninguna “revolución”, sino una simples “adaptación” de lo poco que aún queda del “servicio público” de la telefonía fija en manos de Vivo, que durante más de dos décadas funcionó como una “concesión”, pero gracias al acuerdo anunciado el pasado viernes, tras un duro pulso con la autoridad reguladora Anatel y con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), pasará a funcionar bajo el régimen más flexible de la “autorización administrativa".

Antes del anuncio oficial, el CEO de Vivo, Christian Gebara, ya había avanzado a los analistas del sector algunos de los puntos clave del acuerdo, que implican la renuncia, por parte de la operadora, a eventuales nuevos procesos con Anatel y con el TUC.

De hecho, Vivo pone el punto final a más de dos años de conflicto, que incluía un arbitraje abierto con Anatel, que ahora queda abandonado. El pacto cierra todos los frentes, tanto administrativos como judiciales, abiertos los últimos años entorno a la concesión del servicio de telefonía fija (SFTC) de Vivo.

Reclamación histórica

Vivo renuncia a su reclamación de hasta 10.000 millones de Reales (unos 1.795 millones de euros), que a título de los “desequilibrios” financieros atribuidos por la operadora a más de dos décadas de “concesión” del fijo, habían afectao a su cuenta de resultados.

Sin embargo, de cara al futuro, y con la puesta en escena del régimen más flexible de la “autorización”, Vivo solo tendrá que invertir unos 807 millones de euros en “compromisos de interés público”. O sea prácticamente la mitad de los 1.560 millones que inicialmente le exigía la autoridad reguladora del sector.

El punto culminante del SFTC fue alcanzado en el 2014, con un mercado de 44 millones de utilizadores del servicio. Desde entonces, la operación del servicio fijo cayó práticamente a la mitad. Según los últimos datos oficiales, el servicio es utilizado ahora por menos de 26 millones de brasileños, de los que un 47% se encuentra en el régimen de la “concesión”.

Este régimen apenas afecta a Oi y Vivo, con que el sector ya tiene al menos un 53% de la clientela de banda ancha fija (46 millones), TV de pago (13 millones), etc., bajo el régimen más flexible de la “autorización”.

El acuerdo anunciado ahora con Anatel y el TUC, solo se aplicará a Vivo. La operadora pública Oi , en dif´ñicil situación financiera, seguirá apostando por la vía litigiosa, no porque tenga mayor margen de maniobra, más bien todo lo contrariio.

OI no tiene claro su futuro, ya que está inmersa en una nueva fase de su “recuperación judicial”, con una deuda de 44.000 millones de Reales (7.900 millones de euros), y teniendo ya buena parte de su operación en manos de la operadora V.Tal (controlada por BTG Pactual), prefiere mantener abierto el conflicto de la “concesión” del fijo para presionar a las autoridades brasileñas.

Telefónica va por libre

Vivo, al contrario, ha facilitado al máximo la busqueda de una solución consensuada con las autoridades brasileñas del sector, advirtiendo al respecto lo incongruente de la estrategia de Oi, cuya clientela del fijo pasó bajo el control de la operadora de red neutral V.Tal, que se hizo con la operación Oi Fibra.

Lo que pide la operadora de Telefónica, al margen de lo que pase en el futuro con la operación fija de Oi, es la intervención de las autoridades brasileñas, empezando por Anatel, con vista a una clarificación de la situación real del mercado.

En todo o caso, Vivo tuvo muy claro su futuro desde el momento en que decidió renunciar al enfrentamiento judicial con Anatel y el TCU, en torno al cambio de la concesión del servicio fijo por el régimen flexible de la autorización.

La aceptación de los compromisos de adaptación del servicio durante la próxima década y que representará para la operadora un esfuerzo inversor de más de 800 millones de euros, con que garantiza tanto la viabilidad financiera como la continuidad de la operación fija en zonas sin otros alternativas, por lo menos hasta el 2028.

La puesta en práctica de del acuerdo anunciado será rápida: el consejo de Anatel tendrá dos semanas de plazo para dar su “ok”, del mismo modo que el Ministerio Publico, y cabe esperar para final de agosto la luz verde de la Junta del TCU.

Para Vivo, todo suena a gloria: habrá terminado la pesadilla de la “concesión” del servicio fijo; el régimen de la “autorización” tendrá una menor carga fiscal y una mayor libertad de acción; y sobre todo la operadora quedará mejor situada para negociar el futuro del llamado “patrimonio reversible” de la concesión.

Artículos relacionados