ANÁLISIS

Una política de alquileres que hace aguas y requiere cambios urgentes

Los pasos que se están dando, sobre todo en Cataluña, van en sen­tido con­tra­rio, ya que res­tringen la oferta y suben los pre­cios.

Pisos en Alquiler. Realia.
Pisos en Alquiler. Realia.

El ya casi ex Govern ca­talán ha mo­di­fi­cado, por el pro­ce­di­miento de ur­gen­cia, va­rios ar­tículos de las leyes ca­ta­lanas de vi­vienda y fianzas para res­tringir la mo­da­lidad de al­quiler de tem­po­rada, pre­vista en la ley de vi­vienda na­cional y que per­mite con­tratos in­fe­riores a un año de du­ra­ción. La in­ten­ción del Govern es li­mitar este tipo de con­tratos per­mi­tidos en la ley es­tatal para evitar que los arren­da­dores puedan sor­tear el con­trol de pre­cios a través de estos al­qui­leres de menos du­ra­ción, así como las mu­chas ri­gi­deces de la ci­tada norma es­ta­tal.

Esta modalidad de contrato permite sobre todo al dueño del inmueble poder hacer alquileres de menos de un año, pero también le evita pagar los gastos de la inmobiliaria.

Menos de un año

Da la casualidad de que estos contratos de alquiler estaban copando la mayoría de los que se estaban haciendo en toda Cataluña y todavía más en Barcelona, pero también en el resto de España. Han subido como la espuma ya que al hacerse un nuevo contrato antes de un año, los propietarios pueden sortear las limitaciones a la subida de precios que decide el Gobierno.

Recordemos que con una inflación de más del 8% se bloqueó la subida de los alquileres y desde entonces nunca se ha permitido subirla por encima del 2% con los precios muy por encima de este porcentaje.

De tal forma, que el alquiler por temporada era hasta hace poco el único tipo de alquiler que mantenía en Cataluña niveles similares a los que tenía antes de la entrada en vigor del control de precios por la Generalitat el pasado marzo, en torno al 30% de la oferta total. El resto de número de contratos, sobre todo el llamado permanente, se desplomaron tras la entrada en vigor del control de precios previsto en la ley de vivienda y aprobado en marzo por la Generalitat.

Descuadrar oferta y demanda

Según datos de Idealista, el primer impacto del control del alquiler en Cataluña ha sido que la oferta de vivienda ha caído un 14% y el precio se ha disparado un 4,6% en Barcelona sólo en menos de un mes.

Añade Idealista que “la caída ha sido generalizada también entre el resto de las capitales catalanas, con ajustes de doble dígito en un solo mes en la mayoría de ellas. El impacto más abultado se ha dado en Gerona, donde el número de alquileres disponibles se ha reducido un 21%, mientras que en Tarragona la reducción de oferta ha sido del 16%, quedándose en el 14% en la ciudad de Barcelona. En Lleida, en cambio, la caída de stock se ha quedado en el 9%”.

Parece bastante evidente con estas estadísticas que la política de arrinconar a los propietarios no está dando muy buenos resultados, ya que la oferta de viviendas en alquiler se estás desplomando, así de claro, lo que no facilita el acceso de los ciudadanos a esos inmuebles. Por no hablar de precios, ya que si la oferta es menor, los precios se disparan, que es exactamente lo que está sucediendo en toda España, no solo en Cataluña, aunque puede que allí un poco más.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) experimentó un aumento del 2,7% de media en 2022 sobre el año anterior. Se trata de un incremento que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales, siendo el segundo incremento más alto desde que se inició la serie histórica en 2012.

Los datos proporcionados por el INE ponen de manifiesto que los nuevos contratos de alquiler experimentaron un aumento de precios del 5,3%, mientras que los contratos existentes antes de 2022 aumentaron un 2,1%. Y todas las estadísticas coinciden en que la ley de vivienda que abrió el control de los alquileres disparó los precios al restringirse la oferta.

Los expertos en contra

Los expertos inmobiliarios llevan meses alertando sobre ello, al considerar que hay mucha más demanda que oferta y que el control de precios, únicamente agravará la ya de por sí desesperada situación de miles de familias catalanas, que verán como en los próximos meses aumentará la dificultad y la competencia para acceder a una vivienda.

Añaden que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios, pero que hay que contar con ellos y no tratarlos como a usureros o delincuentes. Mucho más en un país como España, donde muchas personas invirtieron en el inmobiliario para poder complementar sus pensiones.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, cree que la nueva regulación en Cataluña “dañará aún más la oferta de viviendas”, ya que “desatiende una vez más los consejos de organismos como el FMI o el Banco de España y la Generalitat vuelve a incidir en la persecución y la criminalización a los propietarios sin entender que ha sido la legislación a golpe de decreto y prohibiciones la que nos ha traído al punto en el que estamos”.

La filosofía del BDE está clarísima y va directamente en contra de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados. Cree que los controles de precios del alquiler acabarán perjudicando la oferta y aumentando los precios. También censura incentivos fiscales o ayudas al alquiler o a la compra, ya que estimula la demanda, sin una correspondencia de la oferta, los precios aumentarían y serían los propietarios los beneficiados de estas medidas.

El BDE lo tiene muy claro

Así, en su última intervención en el Congreso el gobernador del BDE, Pablo Hernández de Cos, pidió poner el foco en aumentar la oferta de vivienda, sobre todo de alquiler, particularmente social, y priorizar la asignación de recursos en los segmentos de población más vulnerable. También defendió mayor profesionalización del mercado de alquiler, así como reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria, mejorar la gestión de procesos administrativos relacionados con la gestión del suelo y el urbanismo, así como impulsar la rehabilitación para aumentar la oferta.

Hernández de Cos también sugirió revisar la tributación para centrar la presión en impuestos como el IBI y reducirla en los de transacción, como el IVA para primera vivienda o Transmisiones Patrimoniales para la segunda, lo que se antoja un tiro muy bien tirado para ayudar a quien más lo necesita.

‍No cabe ninguna duda de que las peticiones del BDE son propuestas muy sencillas, pero de cajón de madera de pino, de auténtico calado y que sería necesario comenzar a implementarlas cuanto antes. España necesita cuanto antes una política de vivienda común en todo el país y también de largo plazo, con un pacto de Estado que permita su prolongación en el tiempo.

También debe estar basada en incentivar a los actores que actúan sobre este mercado, en lugar de penalizarlos, como se hace actualmente. Bastaría con eso, un poco de sentido común y menos demagogia barata.

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