No es para menos cuando la terna entre el PNV y la coalición abertzale está más encarnizada que nunca ya que esta última se pelea por primera vez en la historia del País Vasco por derrotar a los nacionalistas en las autonómicas del próximo 21 de abril.
En palabras del candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, “las tres fundaciones bancarias que son las accionistas del banco no garantizan el control democrático de la entidad financiera más importante de Euskadi”. Es por ello que han incluido esta propuesta (más institucional que las más independistas lanzadas hace unos días por Arnaldo Otegi) como parte de las medidas que aplicarán sin finalmente se alzan con el poder en estos próximos comicios.
El control de Kutxabank
En el centro de la mesa está la entidad financiera más importante de Euskadi y que el pasado 2023 obtuvo de beneficios 510,7 millones de euros, además de liderar, entre otros productos financieros, la concesión de las hipotecas vascas. E
l banco vasco es propiedad de las fundaciones bancarias BBK, Vital y Kutxa que tienen como presidentes a militantes y ex cargos del PNV y donde los porcentajes se reparten de la siguiente forma: BBK posee el 57% de las acciones del banco vasco, la guipuzcoana Kutxa el 32% y la alavesa Vital el 11%.
Y ahora se ha abierto un melón tan solo unos días después de que el presidente del PNV Andoni Ortuzar lanzara a modo de órdago una presunta "agenda oculta" de su rival electoral más directo ya que en estas elecciones poco hu eco hay (en los puestos más altos) para socialistas y populares.
“No tiene visión de país suficiente”
El candidato a lehendakari de la formación, Pello Otxandiano, defendió también que la entidad “no tiene una visión de país suficiente y tiene posibilidades de jugar un rol mucho más importante”. A su juicio, hasta ahora no se han utilizado los instrumentos que existen para dotar al País Vasco de «músculo financiero para hacer una política industrial activa».
Unas palabras que pronunció al tiempo que planteaba la creación de un fondo soberano para la inversión estratégica, que podría arrancar inicialmente con una cifra aproximada de más de 1.000 millones de euros, para dotar a la comunidad autónoma del músculo financiero que impulse una política industrial “activa”, en la que sea clave “el liderazgo público frente a la actual estrategia autocomplaciente del Gobierno vasco, que puede llevar al declive a la región”.