La decisión del grupo húngaro supone plantear un pulso abierto al Gobierno español después de que éste haya manifestado su oposición a la compra por parte de una empresa con sospechosas conexiones con Rusia.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha considerado estratégica a la fabricante de material ferroviario que tiene en sus nuevos trenes Avril (con una velocidad comercial de 330 kilómetros por hora) su material estrella pese a las fuertes penalizaciones que deberá pagar a Renfe tras un retraso en la entrega superior a los dos años.
La solicitud de OPA contempla una oferta sobre el 100% del capital de la compañía española que preside Carlos de Palacio Oriol a un precio de 5 euros por acción aunque ha dejado para más adelante (inicialmente una semana) la presentación del preceptivo aval por los más de 619,3 millones de euros que le costará la operación.
Además, la oferta está condicionada a la aprobación “sin que pongan condiciones” de las autoridades de la Competencia de Bruselas y de Albania, Kosovo, Montenegro, Serbia, Egipto y Arabia Saudí; además del visto bueno en materia de inversiones exteriores de Dinamarca. Prácticamente todos los países en los que Talgo mantiene una intensa actividad y presencia industrial y comercial. Curiosamente, la oferta de GME no se ha dirigido a los responsables de Competencia españoles.
El registro de la OPA ha estado acompañada del preceptivo Folleto de oferta pública que, de momento, no se ha hecho público.
A partir de ahora será la CNMV la que deba, primero, admitir la oferta a trámite, para lo que tiene un plazo de siete días. Tras ese plazo, tendrá un plazo de 20 días (prorrogables) para autorizarla, algo en el que el plazo de medio suele se de medio año aunque según fuentes conocedoras del proceso, el organismo público que preside Rodrigo Buenaventura no se pronunciará hasta conocer el ‘nihil obstat’ del Gobierno.
Actuará en virtud del denominado ‘Escudo Antiopas’ aunque eso no parece tan sencillo pese al apoyo de la propia empresa y de su principal accionista, Pegaso Transportation International, una sociedad de cartera luxemburguesa que aglutina el 40,03% de Talgo que controlan el fondo de inversión Trilantic (Juan Abelló y participaciones del equipo directivo,) y de la familia Torrente Blasco (5%) en clara posición de salida de la empresa desde hace meses.
Asesorada por el bufete J&A Garrigues, Ganz-Mavag asegura que el pasado 22 de marzo presentó ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la solicitud de autorización del Consejo de Ministros.
El Gobierno dice ‘no’
El Gobierno español, por su parte, ya ha mostrado su oposición a la compra. Incluso el (polémico) ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que hará “todo lo posible” para evitar que Talgo acabe controlada por un grupo dirigido por András Tombor (firmante de la OPA registrada en la CNMV), vinculado con el primer ministro húngaro Viktor Orban (fue su asesor) y del que se sospecha que tiene detrás capital o, al menos, una fuerte influencia rusa.
El Gobierno justificara su negativa a la compra en el conocimiento que tiene Talgo y su acceso a información crítica de la infraestructura ferroviaria española. Y, desde el punto de vista jurídico, se agarrará al Real Decreto 571/2023 sobre inversiones exteriores con el que aprovechar las excepciones a la libertad de movimiento de capitales consagrada en la Unión Europea.
Ley sobre Movimientos de Capitales y Transacciones con el Exterior establece que el Gobierno pueda acordar “de forma motivada, la suspensión del régimen de liberalización para inversiones exteriores que, por su naturaleza, forma o condiciones de realización, afecten o puedan afectar a actividades relacionadas -aunque sólo sea de modo ocasional- con el ejercicio del poder público o a actividades que afecten o puedan afectar a la seguridad, a la salud o al orden públicos en España”.
Ante ello, el Gobierno español puede hacer frente al problema por la vía administrativa, con los riesgos de que Bruselas eche abajo su oposición a la pérdida de españolidad de Talgo. La segunda vía sería política (como en Telefónica) por la que podría optar bien por entrar en el capital de la empresa o bien promover su integración con CAF para crear otro gigante industrial. Aunque esta última opción no parece haber sido bien recibida por la fabricante vasca más centrada en su propio crecimiento en Europa y en el mercado de los autobuses eléctricos del que es líder del mercado.