Pedro Sánchez anunciaba este lunes, después de haberse dado cinco días de reflexión para responderse si merecía la pena seguir gobernando tras las presiones a las que se ve sometido junto a su familia, que se queda en el Ejecutivo. Pero advirtiendo -eso sí- de que “la decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Trabajaré por la regeneración pendiente de nuestra democracia”.
Tras esta advertencia, interpretada por muchos agentes sociales, políticos, jurídicos y medios de comunicación como una amenaza, ahora cabe esperar más división, un muro todavía más alto, más exigencias para que los ciudadanos tengan que ponerse de su lado o contra él.
En definitiva, más crispación y el intento de aprobar una normativa para un mayor control del poder judicial, de los medios de comunicación y más limitaciones para que también la oposición vea cada vez más difícil ejercer su labor de control al Gobierno.
Son los últimos contrapesos de toda democracia consolidada que todavía resisten a la deriva autoritaria que parece haber emprendido y en la que el presidente del Gobierno todavía no ha logrado meter mano con su gestión.
Tanta suspicacia ha levantado la declaración institucional de Pedro Sánchez que la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación de jueces y magistrados españoles, María Jesús del Barco, se veía en la obligación de denunciar en declaraciones a la cadena de radio COPE, que “una sociedad que ataca la independencia del poder judicial y la de los medios de comunicación, de democrática tiene poco”.
Estrategia de tintes populistas y confianza en Europa
La decisión de Pedro Sánchez de tomarse cinco días de reflexión que han convertido un problema personal en una crisis de Estado, lleva a expertos constitucionalistas a comparar lo sucedido esta semana en España con las estrategias populistas para hacerse con un poder omnímodo en Iberoamérica, especialmente en Venezuela.
Estos poderes populistas autoritarios suelen tratar de dividir a la sociedad para poder controlarla mejor después. Establecer un muro con el adversario tratando de deslegitimarlo. Utilizar un lenguaje e cuasi guerra civilista. Exageración desacreditada del adversario al que convierte en enemigo. Todo ello generando una situación de incertidumbre política que busca que el pueblo le aclame asumiendo funciones excepcionales que justificarían cualquier decisión excepcional, por controvertida o radical que esta pueda ser.
Una deriva muy autoritaria
La confianza para poner límites a la eventual deriva autoritaria que pudiera adoptar a partir de ahora el presidente del Gobierno está tanto en que España es una la democracia consolidada, como, sobre todo, en la supervisión que puede ejercer la Unión Europea, a que pertenece. Medios jurídicos, políticos y periodísticos recuerdan que ya Sánchez tuvo que dar marcha atrás en el 2020 a la reforma de la Justicia por una advertencia comunitaria.
Después de la exigencia de la Comisión Europea de que incluyera al principal partido de la oposición en su reforma del Poder Judicial, Pedro Sánchez paralizó su reforma y ofreció al PP negociar de nuevo. Los populares, que lograron paralizar la reforma que Sánchez había consensuado con Podemos, confían de nuevo en el papel que pueda jugar en un futuro muy próximo las instituciones comunitarias.
Retirada de la Ley
El PP logró entonces sus objetivos principales como fueron que se retirara la Ley contra la independencia judicial y que el futuro acuerdo garantizara despolitizar la elección de los órganos judiciales. Bueno logró que se llevara a cabo el atropello previsto en el proyecto negociado entre PSOE y Podemos. La reforma sigue pendiente, cuatro años después, por la falta de voluntad política de los partidos de que los órganos judiciales sean independientes.
El temor de la oposición, de las organizaciones mayoritarias de la judicatura y de los medios de comunicación que no están en la órbita del Gobierno, se debe a la afirmación de Pedro Sánchez de que su decisión no supone un punto y seguido. "Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades”, dijo.
Se da por hecho que a partir de ahora vendrá más polarización, más crispación, una muralla todavía más alta que divide a la sociedad. Quizás leyes contra el poder judicial y la prensa, para ocultar la crítica y acabar con la independencia judicial, los últimos factores de contrapeso que aún resisten su deriva autoritaria. Todo ello en nombre de la regeneración democrática. Pero tendrá que tener en cuenta que la resistencia nmo soló vendrá de la mitad, y algo más, de los 38 millones de españoles. También vendrá de Bruselas y de la Europa democrática a la que España pertence.