Los me­dios por­tu­gueses vin­culan el caso con la in­ves­ti­ga­ción ju­di­cial que pro­vocó la di­mi­sión del Gobierno so­cia­lista

Un ex directivo de Iberdrola imputado en España, reaparece en el complejo fotovoltaico luso

Un Tribunal de­ci­dirá el fu­turo del mega pro­yecto fo­to­vol­taico de Iberdrola en el Alentejo por­tu­gués

lanta fotovoltáica Iberdrola en Algeruz, Portugal
Planta fotovoltáica Iberdrola en Algeruz, Portugal

El fu­turo del mega pro­yecto fo­to­vol­taico que Iberdrola cons­truye en el Alentejo de Portugal, pende de un hilo, pero sobre todo de la de­ci­sión del Tribunal Administrativo y Fiscal (TAF) de Beja, ante el que la Agencia de Protección Ambiental (APA) pa­sará un mal rato por su­puestos in­di­cios de co­rrup­ción. Su in­com­pren­sible giro de 180 grados -de una ne­ga­tiva me­dioam­biental total a un visto bueno in­con­di­cio­nal-, se ha visto mez­clado con el es­cán­dalo po­lí­tico que hizo di­mitir al primer mi­nis­tro, el so­cia­lista António Costa, y a la con­vo­ca­toria de elec­cio­nes, que forzó un cambio hacia la de­re­cha.

Aunque no salió en la foto de la redada judicial que acabó con la mayoría socialista y la sustitución por el centrista Luis Montenegro, Iberdrola ha sido colocada por la prensa lusa en el medio de operaciones bajo sospecha de favores políticos, en los que incluso se ha visto involucrado un ex empleado español de Ibedrola Renovables que ahora pena acciones judiciales ante los Tribunales de Valladolid.

Serán los jueces de Beja quienes decidan sobre la decisión de la Fiscalía General del pasado mes de marzo de judializar la autorización, después de hacer caso a los argumentos de los ambientalistas, frente a los de la APA, que dio su visto bueno ambiental al multimillonario proyecto de Iberdrola, que conlleva una inversión de 800 millones de euros.

De momento, la Procuduría General lusa ha impugnado la aprobación administrativa concedida por la APA después de una negativa anterior. La prensa lusa conecta este caso con la investigación de la propia Fiscalía por los indicios de corrupción en éste y otro proyecto minero en el norte de Portugal, que acabó con la presidencia socialista del Gobierno socialista.

Iberdrola, centro de atención en Portugal

Todo lo que atañe a Iberdrola es de interés nacional en Portugal. Sus fuertes inversiones de raíz, en la creación de nuevos proyectos considerados como estratégicos para la economía portuguesa, la colocan en el pelotón de cabeza de inversores foráneos. La coyuntura favorable a esa inversión es prueba de ello y también los datos y estadísticas.

Por ello, la aprobación por APA del macro proyecto solar iniciado por la eléctrica española en Santiago do Cacém hace ya casi dos años, se vio mezclada, aunque indirectamente, con el “tsunami” político-judicial de la llamada “operación influenciar”, que en el ecuador de la legislatura socialista, con mayoría absoluta, provocó la dimisión del jefe del gobierno António Costa y la convocatoria de elecciones anticipadas, concluidas con resultado mínimo favorable a la Alianza Democrática (AD ) de centro derecha, cuyo gobierno, ya formado, solo tendrá en el Parlamente una mayoría relativa de apenas dos escaños.

Más de 42 redadas

Previamente, la operación lanzada por la Fiscalía General el pasado 7 noviembre de 2023, consistió en 42 redadas y registros, con participación de un gran número de agentes de la policía judicial y de la autoridad fiscal, que pasaron "el peine fino" a ministerios clave, como el de Infraestructuras y Medio Ambiente, y hasta la mismísima oficina del primer ministro en el Palacio de Sao Bento. Se trataba de una intensa búsqueda y captura de pruebas sobre supuesta compra e intercambio de favores políticos.

Fue donde salió a la palestra el nombre de Iberdrola, aunque nunca de manera explícita, en la medida que la compañía española está vinculada, como copropietaria mayoritaria, a la construcción de una mastodóntica planta fotovoltaica en Santiago do Cacem (Alentejo). Situada a solo 17 kilómetros del importante complejo tecnológico/industrial de Sines, el interés de este complejo es estratégico y, energéticamente, muy dependiente del futuro macro proyecto solar de la eléctrica española, que le garantizaba la totalidad de la energía que precisaba.

Así fue que cuando la Fiscalía ya llevaba meses preparando la redada judicial y fiscal, los presuntos actores de la “operación influenciar” permanecían muy activos. Empezando por el ministro de Infraestructuras. Joao Galamba, y su colega del Medio Ambiente, Duarte Cordeiro, que con buena consciencia, preparaban un futuro más risueño para el país, y con la aparente impunidad garantizada por la mayoría absoluta del PS, se dejaban ver en restaurantes de lujo, con comidas organizadas por la empresa tecnológica de Sines.

Declarado admirador del proyecto

De hecho, Joao Galamba nunca escondió su enorme admiración por el desarrollo del amplio complejo tecnológico/industrial de Sines, empezando por el Centro de Datos de la empresa StartCampus, que supuestamente contrató servicios de lobby en el entorno del despliegue del macro proyecto fotovoltaico de Iberdrola.

Y que con una inversión de 800 millones de euros, ocupará una superficie de 1.260 hectáreas, que implicaba talar un millón y medio de eucaliptus, para instalar más de dos millones de módulos fotovoltaicos. El proyecto, ahora impugnado, tendrá una potencia instalada de 1,2GW, generará 2.200 MW, equivalente a 370 millones de metros cúbicos de gas, lo necesario para cubrir el consumo de 430.000 hogares, casi dos veces el mercado doméstico de una ciudad como Oporto.

Invitados presentes en cenas de trabajo

Otro invitado a las “comidas ministeriales” organizadas por StartCampus, en el ámbito de la “operación influenciar”, fue el presidente de APA, Nuno Lacasta. Tras la redada judicial y fiscal, quedó inculpado y presentó su dimisión. Según la Fiscalía, que impugnó la licencia concedida a Iberdrola ante el triribunal de Beja, lo que APA tendría que haber hecho, para impedir o frenar la construcción del parque fotovoltaico, era utilizar todo el amplio espectro de instrumentos de gestión territorial y los regímenes jurídicos de protección de recursos naturales reclamados por los ambientalistas.

Esa habrá sido, por lo tanto, una de las claves de las cenas de trabajo en restaurantes de lujo, con la participación de los responsables de StartCampus, del presidente de ANA y de los ahora ex responsables socialistas de Infraestructuras y Medio Ambiente.

Joao Galamba llegó a presentar el desarrollo de Sines como “20 Auto Europas”, con que solo cabría tener en punto de mira, la importancia capital que tendrá para todo el país, no solo en términos de captación de capital, sino por todo lo relacionado con el progreso tecnológico y industrial de la zona y de Portugal.

Solo así se explicaría la “operación influenciar” que - al margen de la caída del gobierno de António Costa, la pérdida de la mayoría absoluta del PS, la llegada al poder de la centrista AD de Luis Montenegro (con solo 28,84% de votos y 80 escaños quedará rehén del PS de Pedro Nuno Santos ,28%/78 escaño y del Chega de André Ventura con 18,1%/50 escaños) -, podrá explicar igualmente la extraña contratación por StartCampus de un “experto” español como Pedro Barriuso Otaola, que puede afrontar 9 años de prisión en una trama Eólica de Castilla y León muy parecida a la portuguesa.

Silencio de StartCampus e Iberdrola

Ante el silencio de StartCampus (y de Iberdrola, que no ha atendido a las reiteradas solicitudes de información de www.capitalmadrid.com), solo cabe reproducir lo ya conocido. Lo que causa mayor extrañeza, a todas luces, es que Pedro Barriuso Otaola, ex director de Iberdrola Renovables, solo cumplió tres meses de un contrato por un total de tres años que había firmado con la tecnológica de Sines.

La explicación podría estar relacionada con el hecho de que la “Trama eólica” de Castilla y León solo quedará cerrada después del juicio de los 16 acusados. El más importante es el ex vice consejero de Economía de la Comunidad española, Rafael Delgado, al que la Fiscalía pide 41 años de prisión y un compendio de multas que suman 240 millones de euros.

Para hacer memoria: los hechos aún pendientes de juicio, cubren una amplia gama de delitos económicos (cohecho, prevaricación, blanqueamiento de capitales, extorsión, tráfico de influencias…) que podrían implicar 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multas. Sin esperar el juicio, lo que hizo Iberdrola fue avalar con 390 millones de euros a y a dos otros representantes suyos, y que, según el Fiscal, destinaron 80 millones a “mordidas”, por sendas adjudicaciones eólicas firmadas entre 2000 y 2005.

Aunque dicho juicio sigue sin tener fecha marcada, la Junta de Castilla y León ya tomó la decisión de apoyar sin reservas a su ex viceconsejero de Economía, para que quede en libertad y no tenga de pagar 24 millones de multa. Tras el cierre del proceso de investigación, que llevó más de 8 años y que suma más de 11.000 folios, el magistrado que llevó el caso, Javier de Blas García, quedó apartado del caso al ser “ascendido” a la sección penal de la Audiencia de Valladolid.

Mordidas en Portugal sin contrastar

Cabe subrayar que, al contrario de lo que pasó en Castilla y León, en relación con el proyecto solar en Santiago do Cacem, nadie habla de eventuales “mordidas”, sino de presiones políticas, para justificar el cambio radical operado por APA. Y, teniendo en cuenta la enorme importancia atribuida al proyecto de Iberdrola, nadie contempla que pueda caer como un castillo de cartas. Con o sin la aplicación de eventuales “remedios”, todo apunta hacia su construcción, como pieza clave del desarrollo tecnológico y empresarial de Sines, de interés nacional.

Más allá del centro de datos de StartCampus, que tras una inversión prevista de 3.500 millones de euros será uno de los grandes consumidores de la energía solar de Iberdrola proveniente de Santiago do Cacem, están en juego otros proyectos de gran calado, que a todas luces, no se verán mínimamente afectados con el cambio del paisaje político-partidario

Empezando por la descarbonización y reconversión de una refinería de Galp, que supondrá una inversión de 1.200 millones de euros; la ampliación del complejo petroquímico de Repsol prevista para 2025, estimada en 1.400 millones de euros; o el amarraje por parte de Google y Facebook de una nueva red de cables submarinos transatlánticos que harán de Sines una portal de entrada y de salida entre Portugal, Norte América, Brasil, África, etc..

Lo mismo pasará, seguramente, con los 2.800 millones de inversión que Iberdrola prevé invertir en Sines, con la instalación de una planta de producción de “acero verde” con hidrógeno, y cuyas fechas de desarrollo y entrada en servicio, están en línea con los plazos fijados por la eléctrica española para la construcción y la puesta en servicio de la macro planta fotovoltaica de Santiago do Cacem.

Así, más allá de cambios de gobierno, mayorías políticas, etc., cabe pensar que las operaciones de la eléctrica española seguirán recibiendo un trato privilegiado en un país donde lleva décadas, se siente como en casa, como actor imprescindible, y está a la altura de la “joya nacional” EDP, cuya filial de renovables tiene su sede en precisamente en España.

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