Una decisión adoptada tras la falta de respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica, cuya responsable es Teresa Ribera, a una notificación de disputa sobre inversiones con una propuesta para iniciar conversaciones destinadas a resolver los problemas relacionados con la explotación de la mina.
Berkeley considera que España ha violado el Tratado sobre la Carta de la Energía, un marco jurídico para proteger inversiones en energía que data de 1994 y que España ha denunciado para salir del mismo por considerar que ha quedado obsoleto.
España aprobó en 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se introdujo una enmienda por la que no se aceptarían nuevas solicitudes de concesiones de exploración, investigación y explotación directa de materiales radiactivos, ni tampoco sus prórrogas, tras la entrada en vigor de la norma, que se produjo en mayo de ese año.
No obstante, según Berkeley, en el caso de las concesiones existentes, los procedimientos abiertos y las solicitudes relacionadas con ellos continuarían normalmente con base en la legislación anterior.
El grupo minero asegura poseer los derechos legales vigentes y consolidados para la investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluida la licencia minera por 30 años (renovable por dos períodos más de 30 años) para el proyecto de Salamanca, pero cualquier nuevo procedimiento abierto ahora por la compañía no está permitido por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En este sentido, la compañía considera arbitrario el informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de julio de 2021 al proyecto NSC II destinado a levantar una planta de concentrado de uranio tras presentar toda la documentación necesaria, incluido un informe de mejora para complementar la solicitud inicial y posteriores documentos que se han ido presentando hasta agosto del año pasado.
Además de esta arbitrariedad, el grupo minero estima que el Ministerio ha infringido normas en materia administrativa y de procedimientos y, en consecuencia, considera que el rechazo a su solicitud no es legal y, en consecuencia, ha acudido al arbitraje internacional. Para ello ha optado también por retirar los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla León que declaró nulas las licencias de la mina de Retortillo, con el fin de preservar sus derechos bajo el arbitraje internacional.
En cualquier caso, el grupo ha insistido por activa y por pasiva su intención de lograr una solución amistosa. De momento, la cotización de las acciones de Berkeley se ha disparado cerca de un 30% al alza tras conocerse esta drástica medida, aunque el procedimiento se antoja largo y con un resultado incierto.