ANÁLISIS

La Comisión de Venecia abre la puerta a que la Justicia Europea rechace la amnistía

El do­cu­mento del or­ga­nismo con­sultor del Consejo de Europa deja in­de­fenso a Pedro Sánchez

SComisión de Venecia
Comisión de Venecia.

La Ley de Amnistía es un he­cho, ca­si.... El acuerdo entre PSOE y Junts es in­mi­nente, según el líder de Junts, Carles Puigdemont. Sin citar la ne­go­cia­ción con el PSOE, ni su impu­tación por te­rro­rismo a la que le ha abierto la puerta el Tribunal Supremo, ni el do­cu­mento sobre la am­nistía de la Comisión de Venecia, la úl­timas de­cla­ra­ciones de Puigdemont daban a en­tender que la am­nistía es cosa he­cha. Pero hay que mirar con aten­ción al do­cu­mento de la Comisión de Venecia.

La lectura de los 118 puntos incluidos en las 24 páginas de que consta su versión en castellano, deja bien a las claras sus críticas repetidas a cómo se está negociando la misma y alerta en el punto 10 de que el Tribunal de Justicia Europeo, llegado el momento, la podría rechazar o enmendar para que se ajuste al derecho comunitario. Entre las cuestiones que podrían generar más problemas con el derecho comunitario estarían los aspectos relacionados con la amnistía de los delitos por malversación de fondos y por terrorismo.

En todo caso la filtración del documento provisional de la Comisión de Venecia ha generado gran extrañeza y malestar entre sus miembros y entre antiguos representantes españoles de la Asamblea del Consejo de Europa que recuerdan que el documento, como dice en su preámbulo, es reservado: “Este documento ha sido clasificado como restringido en la fecha de emisión. A menos que la Comisión de Venecia decida lo contrario, será desclasificado un año después de su emisión de acuerdo con las reglas establecidas en la Resolución CM/Res (2001) 6 sobre el acceso a los documentos del Consejo de Europa”. No parece que este punto lo haya leído el Ejecutivo. Como otros muchos de los 118 de que consta el informe.

Así, partiendo de que se trata todavía de un documento provisional, no se tomará una decisión definitiva hasta el próximo día 15, la Comisión de Venecia dice claramente en el punto 10 que no evaluará la compatibilidad del proyecto de ley de amnistía con el Derecho de la Unión Europea, que podría ser objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Esta es una advertencia clara a los negociadores españoles, y en especial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es su avalista fundamental, de que el proyecto para el que se da por hecho que se ha alcanzado un acuerdo, y que muy previsiblemente será sometido en su día, si así se le plantea al Tribunal de Justicia Europeo, para su veredicto final. Hay que tener muy en cuenta que la decisión del Tribunal de Justicia de la UE tiene prevalencia sobre la normativa nacional.

Son estos dos acontecimientos, la decisión del Tribunal Supremo y el informe de la Comisión de Venecia, los que han urgido a Puigdemont a alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez. Por una parte, la decisión del Tribunal Supremo, por unanimidad, de ignorar el informe de la teniente fiscal, y abrir una causa para investigar y, llegado el caso, juzgarle por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic.

Y por otra, el aparente aval de la Comisión de Venecia a la ley de amnistía que ha impulsado el acuerdo para acabar con los tira y afloja con los socialistas.

Puigdemont no renuncia a la unilateralidad

Pero el acuerdo deja abiertas muchas dudas de cara a cómo se vaya a plantear en el futuro la normalización en Cataluña una vez que se haya aprobado la Ley de Amnistía.

Porque Puigdemont no renuncia a nada. En la mencionada reunión celebrada el sábado en la localidad francesa de Latour-Bas-Elne, próxima a la frontera española, tras renovar la cúpula de la entidad, con la incorporación a su núcleo duro de Toni Comín, Antoni Castellà y Lluís Puig, en la que daba por hecha la ley de amnistía, también llamaba a prepararse para poner “en práctica” la unilateralidad.

En cuanto al documento de la Comisión de Venecia, aunque admite que se puede aprobar una Ley de Amnistía, como la hay en muchos de los países de su ámbito, recuerda que la Constitución Española no la contempla y que en caso de probarse debería hacerse de forma muy distinta a como se está llevando a cabo la negociación.

Recoge el informe que “varias constituciones prevén el perdón, pero no la amnistía: Chipre, Estonia, Finlandia, Israel, Liechtenstein, Malta, Noruega, Eslovenia, España y Suecia. En España, los indultos generales están prohibidos por la Constitución".

Enmienda constitucional

El borrador afirma en su punto 87 que “la Comisión considera que la viva controversia que ha suscitado este asunto sugiere que sería preferible, llegado el momento, regular este asunto explícitamente mediante una enmienda constitucional”.

Critica además el informe que “el ámbito de aplicación de la amnistía tal como se define en el artículo 1.1 del proyecto de ley de amnistía es muy amplio y bastante indeterminado”.

Asimismo, reprocha la “vaguedad” del texto del proyecto de amnistía y el hecho de que se aplique a “un período de tiempo bastante largo”. Por lo que en su punto 89 “recomienda definir de manera más precisa el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía, de manera que los efectos de la ley sean más previsibles. Como la amnistía afecta el valor de la cosa juzgada, debe respetar la seguridad jurídica, ya que de lo contrario socavaría la confianza pública en la observancia y el respeto de la constitución y la ley”.

La Comisión destaca además que la ley tendrá que ser interpretada y aplicada por los jueces en cada caso para determinar si cada caso es elegible para la amnistía. La falta de claridad y determinación de su ámbito de aplicación conlleva el riesgo de que surjan un número muy elevado de casos y controversias sobre la correcta aplicación de la ley.

En su punto 90 advierte que si el vínculo entre “las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias” y los actos cubiertos por la amnistía no es lo suficientemente fuerte, ésta también podría abarcar a muchos ciudadanos que han cometido delitos comunes que poco o nada tienen que ver con las tensiones sociales que llevaron a la ley de amnistía.

No puede aprobarse una amnistía unipersonal

Cuando fija los requisitos del Estado de Derecho para las amnistías en el punto 113 hace esta advertencia: “Dado que las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o ciertas clases de personas, los criterios no deben estar diseñados para cubrir individuos específicos”, frase claramente en alusión a Carles Puigdemont, quien sigue exigiendo al gobierno una amnistía a la carta que cubra todos sus problemas con la Justicia, incluso su procesamiento por delitos de terrorismo.

Es todavía más rotunda la Comisión de Venecia al rechazar el procedimiento de urgencia adoptado por el Gobierno. Según sus miembros, “los procedimientos legislativos acelerados, por lo tanto, no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de gran alcance y la naturaleza a menudo controvertida de tales leyes”.

Igualmente de concluyentes son las dos recomendaciones incluidas en los puntos finales del informe. En el punto 116 dice: “En cuanto a los comités de investigación establecidos por el Congreso de los Diputados de España (pregunta del Senado 6), la Comisión de Venecia recuerda que el objetivo principal de los comités de investigación parlamentarios es supervisar y escrutar el trabajo del poder ejecutivo para garantizar la rendición de cuentas política democrática y mejorar la transparencia y eficiencia del gobierno y la administración. Los jueces no deben estar obligados a informar sobre los méritos de sus casos a nadie fuera del poder judicial”.

Y en el punto 117 dice que “el proyecto de ley de amnistía ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad de España. La Comisión alienta a todas las autoridades españolas a tomar el tiempo necesario para un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y considerar la exploración de procedimientos de justicia restaurativa”.

Tantas advertencias de la Comisión de Venecia deberían hacer reflexionar al Gobierno ahora que está todavía a tiempo de rectificar. La proposición de Ley de Amnistía que esta semana debe pasar su trámite en el Congreso de los Diputados, según el informe, no cumple con los requisitos del Estado de Derecho como deja tan claro el órgano consultivo del Consejo de Europa. Es de sabios rectificar a tiempo.

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