Alcanza el valor de sep­tiembre de 2022 ani­mada por las com­pras pú­blicas y el mo­vi­miento de car­teras de CaixaBank y Criteria

Telefónica supera la barrera de los 4 euros por acción en plena reordenación accionarial

El mer­cado da la bien­ve­nida a la en­trada de la Sepi que co­mu­nica haber al­can­zado el 3% de la ope­ra­dora

Sede de Telefónica.
Sede de Telefónica.

El mer­cado ha re­ci­bido con en­tu­siasmo inusi­tado el anuncio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) de haber su­pe­rado ya el 3% de Telefónica, la ope­ra­dora que pre­side José María Álvarez-Pallete. La com­pra, co­mu­ni­cada el lunes a la CNMV, su­pone una in­ver­sión ini­cial del Estado de 698,3 mi­llones de eu­ros. Como re­sul­tado, los tí­tulos de la his­tó­rica em­presa, que este año ce­lebra su primer si­glo, ce­rraban la se­sión del martes con una subida del 1,83% hasta su­perar los 4,063 euros y que co­locan su co­ti­za­ción en los ni­veles de sep­tiembre de 2022. El mer­cado es­pera aún más subidas.

La alegría bursátil se ha visto animada por el hecho de que la Sepi debe comprar otro 7% de Telefónica para cumplir el mandato del Consejo de Ministros recibido en diciembre pasado. Por si fuera poco, los inversores se han proyectado más aún después de las declaraciones de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que aseguraba la intención de alcanzar esa participación “lo más rápido posible”.

Según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 3,044% adquirido hasta el momento por la Sepi la sitúa, de momento, como el quinto accionista de la teleco española. Telefonica vuelve a contar en su accionariado con capital público español, 75 meses después de su privatización total (diciembre de 2017). En este momento, el primer accionista de la compañía española es el grupo público saudí Public Investment Fund y su operadora de telecomunicaciones STC, cuya intempestiva entrada en la operadora que preside Álvarez Pallete llevó al Gobierno a considerarla empresa estratégica y a decidir su vuelta al capital.

Presencia inalterable del Grupo Caixa

Después de los saudíes, CaixaBank declara el 4,879% (según la información de la CNMV), seguida por el BBVA, con el 4,839%, el fondo estadounidense Blackrock (4,807%) y Morgan Stanley, que mantiene otro 0,007% directamente y, según asegura en una comunicación a la CNMV del 1 de septiembre pasado, controla el 12,178% de los derechos de voto a través de diversos instrumentos financieros.

La entrada en Telefónica del grupo público que preside Belén Gualda se produce de forma paralela a la redistribución de las participaciones de CaixaBank y de la Fundación La Caixa, a través de su holding inversor Criteria.

Mientras el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri baja -por segunda vez en dos años- su participación del 3,51% al 2,51% por la ejecución de una cobertura de derivados y la liquidación parcial de una cobertura que contrató sobre ese paquete de acciones; el grupo en su conjunto mantiene inalterables sus poderes en la operadora de Álvarez Pallete. La Fundación La Caixa, a través de Criteria Caixa (ambas presididas por Isidro Fainé) ha invertido 18,5 millones de euros para subir su presencia en la teleco hasta el 2,63% de las acciones, desde el 2,56% que mantenía hasta ahora.

Escudo nacional

Tal como ha señalado al comunicar su primera participación en Telefónica, “la entrada de SEPI, accionista con vocación de permanencia, permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para la consecución de sus objetivos, contribuyendo a la salvaguarda de las capacidades estratégicas de una compañía estratégica para los intereses nacionales por su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y sus capacidades industriales, determinantes en áreas como la seguridad y la defensa”.

Y es, precisamente, en esas áreas de actividad donde el Gobierno pretende plantear un escudo nacional para evitar que entren accionistas extranjeros. La pérdida del control español en Telefónica resulta especialmente preocupante para el Ejecutivo dado el desarrollo de sistemas críticos en un momento en el que Europa y España afrontan la necesidad de conseguir su autonomía militar y de Defensa. El conflicto en Ucrania y las nuevas exigencias de la OTAN llevarán al aumento en los presupuestos de Defensa en toda la UE; algo que vuelve especialmente atractivas para los inversores a las empresas de este sector. La cuestión es qué van a primar los 27: la sacrosanta libertad de capitales que contempla el Tratado Europeo o los intereses nacionales.

La situación de Indra

En ese marco, Indra se ha posicionado como vector de integración del polo de Defensa español. Falta por ver si el 28% que la Sepi controla en la tecnológica presidida por Marc Murtra se decidirá a construir un gran grupo industrial que, además de las alianzas que la empresa mantiene con gigantes internacionales -Lockheed Martin o Thales- y destacadas empresas españolas -Escribano, Tecnobit- integren en un mismo grupo a Indra y los astilleros Navantia (100% de titularidad pública).

Al margen sigue el proceso de oferta pública de adquisición (OPA) anunciada por la húngara Magyar Vagon sobre Talgo. En ella el Gobierno pretende impedir la pérdida de la españolidad de la compañía ferroviaria, al considerarla estratégica dado su conocimiento y acceso a información crítica de la infraestructura ferroviaria española. Algo de singular importancia ante las manifiestas relaciones con Rusia de la empresa oferente y del propio gobierno húngaro.

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