Un negocio que además nunca se termina de dominar, por muchos alijos que se descubran e intercepten, y que desgraciadamente es una forma de vida para muchas personas en España, sencillamente por nuestra ubicación geográfica en el sur de Europa, que hace que seamos la puerta de entrada de numerosas sustancias prohibidas.
Al margen de la habitual bronca política por lo sucedido en el Estrecho, de entre todas las manifestaciones que se han producido por esa desgracia, habría que destacar las palabras del alcalde de La Línea de La Concepción (Cádiz), el independiente Juan Franco, que planteó que para cortar con el narcotráfico “a lo mejor la solución es legalizar” el consumo de hachís, como el tabaco o el alcohol.
Alcalde de La Línea de La Concepción
“A mi entender, y me puedo estar equivocando, las recetas que se están aplicando no son las adecuadas”, agregó Franco e hizo referencia a que desde 2018, tras la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar para la lucha contra el narcotráfico en la zona, se han incautado 1.700 toneladas de droga y se han detenido e investigado a 19.900 personas, pero los problemas no se han solucionado.
“Ya me dirán qué hacemos con esa gente, ¿montamos un campo de concentración y los llevamos a las islas Chafarinas o algo así? ¿qué hacemos?”, ironizó este regidor para afirmar además que “las medidas de reinserción no están funcionando porque estos detenidos salen de la cárcel y vuelven a delinquir”.
Según publicó el diario digital ‘Público’ en un reportaje de octubre de 2023 sobre la clasificación del gasto en consumo final de los hogares dentro de las cuentas anuales no financieras de los sectores institucionales, hecho público por el INE, el volumen de negocio de los traficantes de drogas en España se disparó en 2022 hasta los 8.222 millones de euros. Una cifra que supone un aumento de más de diez puntos sobre los 7.434 millones estimados del año anterior y se acerca ya mucho al de las empresas farmacéuticas, que un año antes se situaba en 8.836 millones.
Un coste inasumible
Para dar una idea de la magnitud de estos números del INE, según ‘Público’, basta con compararlos con otros y comprobar que representan la mitad del gasto en telefonía, que son 16.306 millones en el servicio y no demasiado por debajo de los gastos que genera el tabaco, 13.404 millones, las bebidas alcohólicas, 10.601 millones y hasta las vacaciones de los españoles, 10.473 millones.
En definitiva, unas cifras que no dejan de crecer y que no se ven alteradas por las gestiones que se aplican contra el consumo de drogas, lo que sin duda está haciendo cambiar la sensibilidad de muchos gobiernos a la hora de poner en marcha otro tipo de políticas que puedan corregir estos números.
Las declaraciones arriba mencionadas del alcalde de La Línea se producían apenas unos días antes de que la Cámara Baja del Parlamento alemán aprobase legalizar la posesión y consumo de hasta 50 gramos de cannabis, aunque sujeta a una serie de restricciones. Cuando entre en vigor la nueva norma, los mayores de 18 años podrán cultivar en casa un máximo de tres plantas de cannabis para autoconsumo, sumándose así al reducido grupo de países en los que es legal esta sustancia.
El proyecto en Alemania ha contado con los votos a favor de los diputados de la coalición de Gobierno de socialdemócratas, verdes, liberales y de la izquierda, aunque la oposición cristianodemócrata y la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) votaron en contra.
Cambios en Alemania
El ministro de Sanidad germano ha defendido la ley asegurando que legaliza el autoconsumo, con lo que se crea una “alternativa” al mercado negro, al tiempo, e hizo mucha incidencia en esto, se incrementan las penas para los traficantes que venden cannabis a menores.
En julio del año pasado el Parlamento portugués también aprobó la despenalización del consumo de drogas sintéticas con una ley que las equipara al régimen de las sustancias clásicas y elimina el criterio de la cantidad de dosis a la hora de diferenciar entre consumidor y traficante. Así, las nuevas sustancias son equiparadas a las drogas clásicas, para que la posesión destinada al consumo no sea considerada delito.
La intención de esta nueva norma es diferenciar entre los traficantes y los consumidores y que estos últimos puedan recibir un tratamiento. Se trata de un enfoque que en cierta forma ya se aplica desde el año 2000 en Portugal, con una política basada en priorizar la salud pública que está consiguiendo muchos éxitos al país vecino. La ley portuguesa establecía hasta ahora que la posesión de hasta diez dosis no se consideraba tráfico y no se podía castigar, pero ahora se va más allá y desde 2023 se ha eliminado el criterio de la cantidad. Ahora, la cantidad de droga será solo un “indicio” y no un criterio condenatorio, para que los jueces puedan evaluar con mayor perspectiva la situación para determinar si una persona es traficante o solo consumidor.
El ejemplo de Portugal
De los países de nuestro entorno, Portugal es uno de los más avanzados en sus políticas contra las drogas desde que en 1999 despenalizó el consumo de todas las sustancias psicoactivas para quienes portaran hasta 10 dosis, una medida acompañada de otras muchas que han propiciado condiciones menos nocivas para quienes usan drogas. Por ejemplo, luchar contra los intercambios de jeringuillas, unidades de distribución de metadona, tratamiento para enfermedades transmisibles, y asesoramiento social y sanitario en zonas estratégicas de consumo.
La realidad es que el consumo de estupefacientes, sobre todo por el cada día mayor impacto de las llamadas drogas blandas, no ha descendido tanto como se esperaba en Portugal, el de heroína y cocaína si se ha reducido y ha pasado de afectar al 1% de la población lusa a un 0,3%. También las infecciones de VIH entre los consumidores han caído a la mitad y lo que es importantísimo, la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según los datos aportados en 2019 por de Agencia Piaget para el Desarrollo (Apdes).
Desde luego, son unas estadísticas para tomar en consideración, más cuando básicamente el cambio portugués se centró en cambiar la consideración sobre los consumidores de drogas y tratarlos más como enfermos a los que poder ayudar, antes que como a delincuentes. Se trata de una nueva senda sobre la que empieza a existir cada día mayor consenso, al menos entre los llamados países desarrollados, dada la imposibilidad más que probada de acabar con las drogas solo por la vía policial.
Cannabis medicinal en España
En España, poco a poco, estamos más o menos siguiendo esta misma tendencia. De hecho, la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, representante de Sumar, acaba de abrir una espita que puede traerle problemas con sus socios socialistas, tras haber decidido poner en marcha el controvertido proceso de regulación del cannabis medicinal.
Sanidad acaba de anunciar el trámite para desarrollar este real decreto con el que prevé aprobar esta regulación con fines terapéuticos, aunque el texto está todavía en fase de diálogo y discusión con asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.
Un informe de la ONU destaca entre sus conclusiones que “la oferta de drogas ilícitas sigue registrando cifras sin precedentes y las redes de traficantes, cada vez más ágiles, agravan las crisis mundiales convergentes y suponen un reto para los servicios de salud y las respuestas policiales, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2023 presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en junio del año pasado.
Es indudable que el tráfico de drogas es un gran negocio y que además del destrozo social que provoca, es el culpable directo del aumento de la criminalidad en todo el mundo. Hay muchos países, sobre todo los productores y exportadores de droga, cuyo desarrollo y hasta vida política se ven directamente afectados por esta lacra, como desgraciadamente sucede en una gran parte de Iberoamérica y también de Asia.
Razones económicas y sociales
Está más que comprobado que la persecución de este delito, por muy intensamente que se haga, nunca logra derrotarlo. Por ello, cada día hay más voces que claman para despenalizar el consumo de drogas y hasta legalizarlo bajo determinados supuestos, lo que se puede comprobar con las leyes cada vez más benignas para las llamadas drogas blandas en muchos países, incluido el nuestro. Es como un camino sin retorno que muchos se niegan a recorrer pese a la ausencia de alternativas.
Desde luego una política de estas características podría ser muy beneficiosa para los drogodependientes y hasta acabar a largo plazo con las mafias del narcotráfico y la delincuencia y criminalidad asociada al consumo de estupefacientes. Sin duda, hay razones económicas y sociales de sobra para abordarla. El problema es que para que tuviera una efectividad real habría que plantearla de forma global, y eso ya son palabras mayores en un mundo como el actual.