Con un crecimiento en el entorno del 2 % y con capacidad de generar empleo, el Gobierno tiene controlados los aspectos más polémicos de la cuestión económica, según el Partido Popular.
Pero esta renuncia por parte del Gobierno a negociar un acuerdo para contar con cuentas públicas para 2024 ha soliviantado a la patronal CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi apelaba a las dos grandes fuerzas del país, en alusión a PSOE y PP sin mencionarlas, para que “nos ayuden a salir adelante”.
Para el presidente de los grandes empresarios, “ahora son los extremos los que mandan. Necesitamos la responsabilidad de todos. No es nada bueno para el país quedarse sin presupuestos, las inversiones del Estado no se podrán ejecutar”. Lo decía así Garamendi en el acto de celebración del 45 aniversario de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, conmemorado la semana pasada en Sevilla.
Razonaba además el líder empresarial español que resulta “difícil en un Estado sin presupuestos” generar el ambiente para aprovechar “los fondos europeos, impulsar el talento, la revolución digital o la transición verde”. Añadía además Garamendi que “necesitamos estabilidad y seguridad para saber por dónde nos movemos y para convencer a los que vienen a invertir”.
La caída de las inversiones es uno de los peores datos del cuadro que refleja la evolución de la economía española. Conviene recordar que, a la espera la semana próxima de los datos correspondientes a todo el año 2023, en los nueve primeros meses, la inversión extranjera se había hundido hasta el 23,3 % respecto al mismo período de tiempo del 2022.
Solo había mejorado en dos comunidades autónomas. Extremadura, con cifras poco significativas en el ámbito nacional y la Comunidad Valenciana, en cuyo caso le servía para adelantar a Cataluña. Pese a la relevancia de los datos, los analistas minimizan el alcance en esta ocasión de este hundimiento, porque consideran que esa reducción de la inversión exterior se ha visto compensada con los fondos de procedencia europea.
Estos datos de la contracción de las inversiones empresariales del exterior durante los nueve primeros meses del año, son los de la inversión extranjera en España, sin Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. Vienen a sumarse además a las advertencias que ya habían realizado en los últimos meses grandes bancos de inversión internacionales y agencias de calificación de riesgos.
Como ahora hace Antonio Garamendi, ya en noviembre Moody's advertía tras analizar los pactos firmados por Pedro Sánchez para la investidura y los acuerdos con ERC, Junts, PNV y EH Bildu que la aplicación de estos compromisos “supone un incremento del riesgo político”. Por ello, valoraban la situación como “negativa para el crédito” en lo que respecta a la deuda soberana. Pese a esta advertencia, la agencia no fue a más.
Restada importancia a los Presupuestos
Los partidos políticos que apoyan al Gobierno han restado importancia a la ausencia de Presupuestos. Consideran que se pueden alcanzar los compromisos económicos que el Gobierno adquirió con ellos para garantizar la investidura por otros medios. Pero exigirá de nuevo un tira y afloja entre el Gobierno y sus aliados con el riesgo de que los decretos no se vean aprobados con posterioridad en el Congreso.
Pero el Gobierno está obligado a buscar nuevas fórmulas parlamentarias y contables para alcanzar las principales medidas económicas previstas para este año. Hay cientos de iniciativas que se quedan en el aire. Entre ellas la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la entrada de la SEPI en Telefónica, los ajustes fiscales relacionados con el impuesto extraordinario a las empresas energéticas o las ayudas a la compra de coches eléctricos que vienen reivindicando las empresas del sector para sobrevivir a la competencia de China.
Pero el período de tres elecciones, vascas, catalanas y europeas en el que entra la vida política nacional, hace más incierto el resultado de cualquier propuesta legislativa. Desde el PP consideran que el Gobierno, sin presupuestos podrá seguir gobernando, con dificultades, pero lo que no podrá es legislar y por lo tanto no podrá llevar a la práctica ni su programa, ni sus acuerdos con los partidos que le apoyan.
El Gobierno y el partido socialista son muy conscientes de ello. Quieren transmitir la idea de normalidad en la vida política y de continuidad de la legislatura hasta que esta concluya de forma natural dentro de tres años. Entre los mensajes intentando transmitir la idea de normalidad está el de la reunión celebrada el pasado viernes en Zúrich con Puigdemont.
Encuentros sin publicidad
Pese a que los dos partidos acordaron no dar ya publicidad a estos encuentros y mantenerlos de forma discreta, sin embargo, el sábado emitieron un breve comunicado conjunto para señalar, que el viernes se había produjo la cuarta reunión, la primera después de aprobar en el Congreso la Ley de Amnistía.
En la misma se ha decidido crear dos nuevas mesas de negociación, las dedicadas a negociar la financiación y la que tratará sobre el “reconocimiento nacional” de Cataluña, lo que para Junts implica el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum en base al artículo 92 de la Constitución. Estas mesas se suman a las otras dos ya existentes sobre el traspaso a la Generalidad de competencias en inmigración y sobre la oficialidad del catalán en Europa.
Pese a la importancia de las mesas, nada menos que para negociar la autodeterminación, Santos Cerdán ha intentado que en esas futuras reuniones se pueda hablar del apoyo de JxCAT a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, a lo que en JxCAT todavía no se ha comprometido. Como hasta ahora ha sucedido, dependerá de lo que obtenga a cambio.
Dada la experiencia legislativa del sanchismo casi mejor que no logren nuevos acuerdos, que el actual entramado jurídico constitucional se mantenga en pie, y mantengamos nuestro entramado constitucional a la espera del resultado de unas nuevas elecciones.