La in­fla­ción y los tipos de in­terés han pro­vo­cado que la re­tri­bu­ción del 5,58% haya que­dado des­fa­sada

Las eléctricas reclaman una rentabilidad del 7% para nuevas redes de transporte

El sector tendrá que in­vertir más de 5.000 mi­llones anuales hasta 2030 para cum­plir con el PNIEC

Fotografía del acto de la Fundación Naturgy.
Debate en la Fundación Naturgy.

El sector eléc­trico re­clama al Gobierno un marco re­gu­la­torio que ga­ran­tice las in­ver­siones que se ne­ce­sitan rea­lizar -unos 53.000 mi­llones de euros hasta 2030- en las redes de trans­porte que ba­raja el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). La apuesta por las re­no­va­bles re­quiere am­pliar las redes tanto a nivel de trans­porte como de dis­tri­bu­ción, lo que obli­gará a des­tinar más de 5.000 mi­llones de euros anuales en el desa­rrollo de sus redes para cum­plir los ob­je­tivos de los pró­ximos seis años.

La elevada inflación que se ha arrastrado tras el Covid, el menor crecimiento de la economía por la guerra de Ucrania, el déficit público y los tipos de interés han afectado, en cambio, negativamente sobre la economía y generado unos “cisnes negros” de cara a afrontar las inversiones que se necesitan en el PNIEC.

Esto ha servido para que la tasa de retribución financiera para el transporte y distribución de energía eléctrica que se fijó en un 5,58% para el periodo 2020-2025 -considerada aceptable en su momento-, se haya quedado desfasada por culpa de los nuevos parámetros inflacionarios y de tipo de interés. Las estimaciones que hacen para el nuevo periodo inversor 2026-2031 es de una rentabilidad asegurada, próxima al 7%.

Por ello, todas las partes implicadas en el sector eléctrico -no solo las grandes compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy- sino también las asociaciones de renovables como la APPA y la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico (AFBEL), reclamen ahora una retribución acorde con la nueva situación financiera.

Según un informe elaborado por la consultora Arthur D. Little (ADL) para la Fundación Naturgy sobre El efecto de a electrificación de la Economía, la situación de incertidumbre que se ha creado tras el Covid, los conflictos bélicos de Ucrana y Rusia y ahora Hamás e Israel han arrojado un grado de incertidumbre que pueden afectar a las inversiones futuras de renovables y de transporte de electricidad en España.

La palanca de la descarbonización

Según Luis del Barrio, partner en Práctica de Energía de ADL, el PNIEC ha dejado claro que las redes de transporte van a ser la principal palanca de la descarbonización que se quiere conseguir pero recordó que, “si no se dispone de un marco estable, difícilmente van a llegar las inversiones”. Y ha advertido: “todo el retraso que tengamos hoy, nos mete presión para el futuro”.

Del Barrio ha incidido en que la inflación y los nuevos tipos de interés obligan a que se revisen y actualicen una serie de parámetros de cara a la retribución de las inversiones futuras en la red de transporte. Aspectos como los valores unitarios de costes, actualizaciones transitorias en situaciones de excepcionalidad, correcciones o márgenes de rentabilidad en la Tasa de Retribución Financiera (TRF) y flexibilizar los límites de inversión marcados en unos 5.000 millones anuales, son parte de las recomendaciones que figuran en el documento.

El informe advierte de que la coyuntura actual podría hacer que para el próximo periodo retributivo la TRF no fuera suficiente para seguir garantizando la inversión. Además, durante el periodo 2012-2017, los años que se han tenido en cuenta para fijar la Tasa de Retribución 2020-2025 el rendimiento medio del Bono del Estado fue del 2,08% y, en cambio, los años comprendidos entre 2018 y 2023, años que se tendrán en cuenta para el cálculo de 2026-2031, el bono real ha cotizado a una media de -1,47% negativo.

Rentabilidad negativa

Mónica Puente, directora de Redes Eléctricas España en Naturgy, ha incidido precisamente en el aspecto negativo que los efectos inflacionarios han tenido sobre la rentabilidad de la tasa de retribución del transporte, que han provocado que sea negativa. Por esta razón, ha señalado que, de cara al nuevo periodo retributivo de 2026-2031, tendrán que revisarse todos los costes unitarios y además que “haya alguna señal sobre los efectos que han tenido la inflación y los tipos de interés”.

Los objetivos del PNIEC hasta 2030 obligan al sector a duplicar el plan de inversiones que hasta ahora han mantenido en la red de transporte, por lo que exigen al Gobierno que acelere el plan de retribución que va a aplicar a para el próximo ciclo inversor. En palabras de Mónica Puente, “pueden perderse dos años hasta que se visualicen las rentabilidades y retrasarse las inversiones”.

El documento advierte de que, aunque el modelo actual de retribución es adecuado, las condiciones que lo rodean son las estimadas, por lo que se requiere una serie de medidas que “permitan mitigar esta situación y asegurar el necesario ritmo de las inversiones”. En este sentido, proponen una tasa de retribución, es decir, una rentabilidad garantizada de la inversión (WACC) para al menos el siguiente periodo regulatorio (2026-2031), próximo al 7%.

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