El objetivo del proyecto legal es reducir la burocracia y agilizar la entrega de autorizaciones para todos los proyectos de inversión sin discriminar planes por su envergadura y tamaño, ni de si se trata de iniciativas estatales o privadas, al objeto de fomentar la productividad y la inversión. Se trata de un plan de interés para las compañías españolas que operan en el país (más de 600) a la hora de presentar nuevos planes, y también a las que sopesan entrar en el mercado chileno. España es actualmente el tercer inversor mundial en Chile.
En el país, uno de los mercados más amigo de la inversión y con mayor seguridad legal del área, las firmas españolas operan en todos los sectores, desde infraestructuras (Sacyr OHLA, FCC, Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, Azvi…) a energía (Repsol, Iberdrola, Enagas, Naturgy, Grenergy, Redeia, Enel-Endesa…) y servicios financieros (Santander, Mapfre…). Allí están también Telefónica (de salida); Grifols, Iberia, Indra, Técnicas Reunidas, Mango, Inditex, Agbar, Tous o Siemens-Gamesa. Chile es mercado clave para constructoras y renovables y allí España es líder en el sector infraestructuras (17% del total).
Seis meses de debate
“Tras seis meses de debate, la comisión de Economía aprobó el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, norma también conocida como el ‘proyecto de permisología’”, informó el Congreso chileno. El proyecto de ley será revisado en las próximas semanas por el pleno de la Cámara y de ser aprobado, pasará al Senado para su revisión y votación final. La comisión de Economía despachó, además, artículos transitorios pendientes, disposiciones que tienen como fin dar facultades al presidente para habilitar los procesos necesarios para implementar la norma contra la excesiva ‘permisología’
Con esta normativa se pretende reemplazar algunos de los permisos más complejos de obtener y reemplazarlos por declaraciones juradas, siempre y cuando la iniciativa sea de bajo riesgo ambiental. Además, se unificarán todos los portales en una ventanilla única digital para solicitar autorizaciones y revisar el estado del trámite. Asimismo, se definirán plazos máximos para que las instituciones entreguen los permisos intersectoriales e, incluso, y además de regular el silencio administrativo y se ‘obligará’ a los entes públicos a elevar su transparencia, al tener que detallar cada paso de avance en el proceso de tramitación. Y fija la creación de una categoría de trámites específicos para proyectos prioritarios, con plazos aún más acotados, entre otras medidas.
La iniciativa se alinea con las metas fijadas en el Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal. Además, responde al mandato del Gabinete de acelerar la inversión e impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo y la expansión económica. El fin es generar condiciones para afrontar los retos de la estrategia nacional de desarrollo, que incluye crear más empleos de calidad, mejorar el bienestar y políticas para reducir desigualdades y elevar la capacidad para afrontar crisis climáticas.
Su probable aprobación final llega en un momento en el que la economía de Chile muestra estancamiento salvo en el sector minero y busca impulsar la actividad e inversiones. Según fuentes oficiales, hay 200 proyectos prioritarios del Gobierno para sacar adelante, de ellos, 82 de energía renovable, claves para el país. Aunque Chile logró evitar la recesión en 2023, sólo anotó un mínimo avance del 0,2%. Para 2024 se espera una expansión del 2,6%.
Respaldo empresarial
En enero, al presentar la propuesta para reducir la burocracia en la inversión en Chile, orientada a dejar atrás la ‘permisología’ de la que se quejan los empresarios, Boric dijo que su Gobierno “trabaja en construir un Estado que potencie con fuerza las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que generen empleos de calidad y cumplan con altos estándares medioambientales y sociales”. La patronal es favorable al proyecto de ley, ya que juzga clave que Chile establezca normas “para simplificar el proceso de autorizaciones, reducir tiempos y dar mayor certeza a los inversionistas”.
Sector privado y expertos vienen quejándose de que el sistema burocrático actual es un problema para la inversión productiva, debido a la baja previsibilidad en los criterios de evaluación, la excesiva discrecionalidad en cuanto a requisitos exigidos, la falta de plazos explícitos y el no cumplimiento de dichos plazos para los permisos que sí los tienen establecidos. Algo que genera incertidumbre jurídica.
Algunos informes publicados señalan que la mayoría de los permisos sectoriales en Chile se demoran más tiempo en ser resueltos de lo que establece la norma, en algunos casos, superando entre tres y siete veces el lapso que deberían tardar. Chile se sitúa, de hecho, entre los países con procesos regulatorios más complejos y engorrosos de la OCDE, lo que impacta en emprendimiento, empleo, productividad e inversión.