Monitor de Consumo Bancario

La in­ves­ti­ga­ción se lleva a cabo junto al BDE y el Ministerio de Economía

El Defensor del Pueblo pone bajo la lupa a los microcréditos

El or­ga­nismo di­ri­gido por Ángel Gabilondo re­cibe nu­me­rosas re­cla­ma­ciones por in­tereses exor­bi­tados

Microcréditos.
Microcréditos.

La cam­paña na­vi­deña ha coin­ci­dido este año con una co­yun­tura de ca­res­tía, lle­vando a mu­chos ciu­da­danos a re­cu­rrir al en­deu­da­miento para salir del paso, a veces a un precio de­ma­siado alto. El Defensor del Pueblo ha de­ci­dido ini­ciar pes­quisas para de­ter­minar po­si­bles 'agujeros' en la pro­tec­ción de los de­re­chos de los usua­rios de mi­cro­cré­ditos ante la ava­lancha de quejas re­ci­bidas por los "elevados in­tere­ses" vin­cu­lados a este pro­ducto, según ha in­for­mado el or­ga­nismo.

La actuación se llevará a cabo de oficio y en conjunto con con el Banco de España (BDE) y con la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa -Ministerio de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa-.

Además de los elevados intereses, el organismo dirigido por Ángel Gabilondo también ha registrado reclamaciones que denuncian plazos demasiado breves para la devolución de las cantidades concedidas por los préstamos, que por otro lado, recuerda son comercializados por empresas que, en muchos casos, no tienen consideración de entidades de crédito.

^Financiación para desesperados

Los microcréditos suelen dirigirse hacia un tipo de consumidores que atraviesan situaciones económicas difíciles, incluso desesperadas, y que optan por relegar su derecho a la información y al asesoramiento financiero además de carecer de toda capacidad de negociación.

A ello se suma que estos préstamos -cuyas cantidades suelen situarse entre los 1.000 y los 10.000 euros- se conceden casi de manera automática, incluso vía online o telefónica, sin un análisis de riesgos o de solvencia, lo que conduce a muchas personas a una situación de sobreendeudamiento.

En opinión de la institución Defensor del Pueblo, al margen de la autorregulación que puedan practicar las empresas que ofrecen estos productos y de las numerosas sentencias judiciales que han fallado a favor de los consumidores, no parece que exista una normativa específica que discipline su actuación, más allá de las normas de protección de consumidores y usuarios, o las previstas en el Código Civil y en el Código de Comercio.

La institución, por ello, ha preguntado al BDE -supervisor del sistema bancario- y a la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa si, en función de las competencias que les otorga la Ley 10/2014 de 26 de junio, están llevando a cabo algún tipo de actuación sobre las entidades que conceden estos productos, y si se ha emitido alguna directriz aplicable a los microcréditos.

Asimismo, el Defensor del Pueblo quiere conocer si está previsto que la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero incluya entre sus competencias la protección de los clientes en las reclamaciones derivadas de la contratación de estos productos.

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