En primer lugar, cuesta creer que ni Sánchez ni la vicepresidenta Nadia Calviño hayan sido previamente informados por el Gobierno de Arabia Saudita y por su primera operadora telefónica. Segundo, al presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, el anuncio le pilló de viaje en San Francisco (EEUU). Y tercero, los dos accionistas principales, -BBVA, con un 4,87% del capital y Criteria y CaixaBank, con un 3,89%, más un 2,3% declarado en agosto po rla entidad bancaria, que lo convierten en el segundo- tampoco tuvieron conocimiento de la adquisición hasta que se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Cautela en Telefónica
Álvarez-Pallete ha realizado un viaje relámpago a Arabia Saudí para entrevistarse con las autoridades saudíes y los directivos de STC para conocer directamente sus intenciones. Por ahora, lo seguro es que la inversión saudí, de 2.100 millones de euros, por la totalidad del 9,9%, es una inversión que, en principio, busca solamente la suculenta rentabilidad de Telefónica, que es del 8% por solo el dividendo, al margen de las eventuales revalorizaciones.
La propia STC ha asegurado que no piensa superar esa participación ni tampoco tiene intención de participar en la gestión. Después, si el Gobierno que salga investido autoriza la operación, habrá que ver las condiciones que se le van a imponer a STC y el margen de maniobra que le queda a los inversores saudíes en el consejo de administración de la compañía.
En cuanto a la entrada o no en el consejo, por ahora a STC únicamente le correspondería un miembro, al igual que tienen CaixaBank y BBVA. Por la primera entidad, está el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé. Y por el segundo, figura José María Abril Pérez. Ambos son vicepresidentes de Telefónica.
De entrada, todo apunta a que la compra del 9,9% del capital de Telefónica no representa un grave problema para los intereses de España, y beneficia la cotización de la operadora española, como ha demostrado la subida que durante dos días ha registrado en el mercado madrileño.
Pero sí hay una serie de aspectos por aclarar. La CNMV ha anunciado que va analizar si STC ha aplicado la normativa europea de compra de acciones, ya que Morgan Stanley ha estado comprando pequeños paquetes de Telefónica en los últimos seis meses sin que el valor de la acción haya supuesto apenas cambios relevantes. La CNMV permite a los bancos comprar participaciones de empresas cotizadas sin tener que registrarlas siempre que no se supere el 5% del capital social.
El Real Decreto del 4 de julio
En principio, lo que se ha declarado es un 4,9% y la opción de otro 5% que Morgan Stanley tiene aparcado en derivados pero que no será incorporado hasta que el Gobierno español lo autorice.
El Ejecutivo dispone de un escudo anti OPAs, según el cual tiene que autorizar todas las adquisiciones que proceden de inversores extracomunitarios que superen el 10%. En cambio, este tope se reduce al 5% siempre que una empresa tenga intereses en el ámbito de le Defensa Nacional como es Telefónica.
Precisamente, el Gobierno aprobó el pasado 4 de julio el Real Decreto 571/2023 sobre inversiones exteriores que acaba de entrar en vigor en septiembre y que, en su artículo 18.2 elimina la capacidad de veto para inversores extranjeros en España de entre el 5% y el 10% del capital social. Ese apartado 2 dice textualmente que se exceptúa esta suspensión del régimen de liberalización, y el consiguiente requisito de autorización administrativa previa en los siguientes casos:
-
La inversión en sociedades españolas cuando no alcancen el 5% del capital social de la sociedad española, siempre y cuando “no permitan al inversor formar parte directa e indirectamente, de su órgano de administración.
-
Cuando se haya alcanzado entre el 5% y el 10% del capital social, siempre y cuando “el inversor notifique la operación” a la Dirección de Armamento y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversores y se comprometa a “no utilizar, ejercer ni ceder sus derechos de voto, ni formar parte de cualesquiera órganos de administración de las sociedades cotizadas”.
En definitiva, un cambio sustancial del escudo anti-OPAs establecido por el propio ejecutivo de Sánchez un año antes y una puerta abierta para que cualquier inversor pueda llegar al 10% (el primer 5% es libre) si se comunica y posteriormente se autoriza. Vea como se vea, parece un traje a medida para la inversión saudí. Y una patata caliente para el Gobierno que, como resultado de las elecciones de julio (el decreto lleva fecha de siete días antes), se vea ante la consulta de aprobar o rechazar la inversión.
Duras críticas de Feijóo
La operación ha sido duramente criticada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha cargado contra el Gobierno en funciones, y ha acusado a Sánchez de “no enterarse” de lo que pasa en las empresas estratégicas españolas, aludiendo también a lo que sucedió con Ferrovial con el traslado de la sede social a Países Bajos.
Feijóo ha insistido en que al PP le preocupa que el Gobierno no se enterara de la decisión que tomó hace unos meses Ferrovial ni de lo que ahora está “ocurriendo en el accionariado de Telefónica”. El valor de Telefónica acumula más de un 2,07 en Bolsa, con un valor de 3,84 euros.