Sánchez está convencido que, tras el acuerdo para su investidura con independentistas y comunistas, su proyecto respaldará sin fisuras la Constitución. Cuesta comprender como este acuerdo puede respaldar la Constitución cuando las exigencias de Charles Puigdemont, que el el fugado ha dado a conocer este martes en Bruselas, son abiertamente inconstitucionales.
Por ello, entre quienes dudan de la bondad del eventual acuerdo de Sánchez con el partido de Puigdemont, cada vez hay más socialistas. ajenos al optimismo. Entre ellos el expresidente del Gobierno y uno de los artífices fundamentales de la Constitución del 78, Felipe González, quien se ha mostrado abiertamente en contra de esta negociación, y de conceder la amnistía a los independentistas. Según González, supondría “condenar al régimen democrático como culpable de lo que pasó en 2017”.
González, firme
González, quien habría tomado la iniciativa para acudir a Onda Cero para dar su opinión, ha denunciado que le “han mandado callar varias veces en el PSOE y quienes lo hacen no creen en la libertad”. También ha asegurado que su posición política está cada vez más alejada de la del PSOE que representa Sánchez.
Pero no es el único. A las reiteradas reticencias de negociar con un prófugo, como Carles Puigdemont, expresadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hay que sumar a la presidenta foral y secretaria general del Partido Socialista de Navarra. Para María Chivite “reunirse en el extranjero con una persona que al final está huido de la Justicia española, no es algo con lo que pueda estar muy de acuerdo”.
O, al ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien pedía la convocatoria de nuevas elecciones tras conocer las exigencias de Puigdemont, por no citar a Nicolas Redondo Terrero. El exsecretario general del Partido Socialista en Euzkadi, ve una “inmoralidad” formar gobierno con Puigdemont y cree que el PSOE está tardando en decirle “no”.
Nicolás Redondo considera una “inmoralidad” formar gobierno con los apoyos de Junts, porque el expresidente catalán huido de la justicia pretende “destruir el sistema del 78, romper la ciudadanía española y establecer una sociedad de privilegios y medieval” y reclama al PSOE que le dé un “no” rotundo al líder de Junts y no claudique de manera “genuflexa” ante un personaje que no ha tenido el valor de presentarse ante los tribunales.
Puigdemont fija condiciones
En cuanto al líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha levantado un vendaval político en España con sus propuestas, enunciaba este martes por la mañana, toda una lista de concesiones que espera conseguir del Gobierno a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Yo o el caos. Este era el mensaje de Puigdemont al presidente del Gobierno en funciones.
No le importa al líder de Junts saber que las propuestas son inconstitucionales. Envalentonado quizás por la pleitesía que le había presentado horas antes la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se atrevía a aventurar que o se aceptaban sus exigencias o no quedaba más alternativa que “la quiebra del Estado, o la del PSOE, o nuevas elecciones”.
Ha reiterado, además, en varias ocasiones que no renuncia ni renunciará a la unilateralidad. Y ha exigido una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación, dos peticiones anticonstitucionales, que sólo podría conceder el Gobierno si contara con el aval del Tribunal Constitucional. Lo que a día de hoy no tiene.
El líder de Junts exige además el reconocimiento de Cataluña como nación y un “mecanismo de mediación y verificación” que garantice el cumplimiento de los acuerdos con el PSOE, lo que vendría a situar a España como un país tercermundista que necesita la protección y vigilancia de los organismos internacionales.
En este sentido de la propuesta de la supervisión internacional, ha llegado a pedir que el “único límite” que se ponga a sus exigencias sea el que definan “los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos y a libertades fundamentales”.
Solo aceptar alguna de estas exigencias llevaría a dar la imagen de España como la de un estado fallido durante los últimos 40 años. No se habían atrevido a tanto ni los lideres de EH Bildu, quienes pidieron la revisión de nuestro sistema político a partir del año 1983. Y pasaríamos de haber sido alabados mundialmente por haber realizado una transición modélica de la dictadura a la democracia por los más insignes estudiosos de la ciencia política internacional, como los catedráticos de Harvard, Samuel Huntington, o de Yale, Juan José Linz, a admitir haber vivido en la más imperfecta de las transiciones.
Ha hecho bien el presidente del Partido Popular en abandonar la idea de negociar con Junts una vez conocidas sus exigencias anticonstitucionales. En definitiva, Puigdemont, al pedir que la Fiscalía y la Abogacía del Estado desistan de la vía judicial contra los delitos del procés, busca su impunidad judicial y policial y una negociación que no esté sujeta a ningún límite establecido en nuestra carta Magna, por supuesto tras amenazar con recurrir a la unilateralidad.
Como estas condiciones está claro que con Puigdemont no se puede negociar. Son propuestas que hay que descartar irremisiblemente y asumir que tras el debate de la investidura previsiblemente fallida de Núñez Feijóo, habrá que asumir la convocatoria de nuevas elecciones.
El líder castellano-manchego, García-Page, ha explicado que este resultado endiablado de las elecciones del 23J no se puede solucionar con los votos de un puñado de socialistas. La legislatura sería inviable si Feijóo lograra el apoyo de unos tránsfugas. Como será un infierno si Sánchez finalmente logra el Gobierno de España con el apoyo de los partidos que quieren irse de ella. Algunos de estos partidos, unidos contra España, están enfrentados a muerte en sus respectivos territorios autonómicos. Es el caso de PNV y Bildu en Euzkadi, de ERC y Junts en Cataluña, o de Sumar y Podemos en el ámbito nacional.
La opción más racional a día de hoy, como sucede en tantos países del entorno de la Unión Europea, sería un gran pacto de gobierno entre PP y PSOE, propuesta planteada por el líder popular pero que rechaza tajantemente Pedro Sánchez.
La alternativa, con las exigencias de Puigdemont, es inasumible, sin viabilidad, e inmoral, por los privilegios que pretende para una parte de la sociedad española a costa de los demás. Pedro Sánchez, aunque mantenga su optimismo de ser reelegido como presidente, no puede responder sino con un rotundo no. Cuanto más rápido lo haga será mejor para el conjunto de la ciudadanía española.