El llamamiento viene de la 'sucursal' mallorquina de la asociación, desde donde aseguran que el empeño "es factible", pero su voz no ha calado en otras oasiciaciones..
En la época de la hinchazón de la burbuja inmobiliaria antes d2l 2008, el IRPH fue comercializado masivamente en los préstamos hipotecarios, aunque mucho menos que el Euríbor, que era (y sigue siendo) la norma en los préstamos.
Las organizaciones de consumidores estiman que casi un millón y medio de usuarios 'anclaron' su hipoteca a ese índice Para calcularlo, las entidades financieras enviaban al Banco de España (BDE) la media aritmética de los intereses de sus hipotecas. Con este dato, el supervisor hacía la media de las cifras de todas las entidades y publicaba el resultado.
El IRPH ha estado en el centro de una dura controversia y de multitud de pleitos, principalmente relacionados con su alto coste efectivo. Las agrupaciones de defensa de afectados denuncian que los usuarios acaban pagando entre 250 y 300 euros más que aquellos que tienen su préstamo con el euribor como referencia.
El mensaje de la PAH: a por todas
La PAH de Mallorca ha instado a los hipotecados con IRPH a que se informen y reclamen las cantidades que desembolsaron por el cálculo deeste controvertido indicador.
El mensaje llega pocos días después de que la Audiencia Provincial de Baleares resolviera en contra de un cliente en un pleito iniciado por ese motivo.
La sentencia desestimó el recurso de apelación del afectado contra la decisión previa que declaró válida la cláusula del índice, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Ciutadella (Menorca).
La portavoz de la PAH mallorquina, Ángela Pons, insistió en que dicho fallo se ha dictado "en contra del criterio del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)", organismo que ha protagonizado un tira y afloja con las altas instancias judiciales españolas en este ámbito.
Hace tres años, el TJUE consideró que el IRPH no tiene un carácter intrínsecamente abusivo, pero también resolvió que es la Justicia española la encargada de dilucidar, caso por caso, la falta de transparencia en su comercialización.
Desde entonces, han sido presentadas varias cuestiones prejudiciales al órgano comunitario por parte de magistrados españoles, que pedían más claridad sobre lo que puede o no considerarse como falta de transparencia.
A mediados de julio, el órgano comunitario emitió una respuesta a la interpelación de una magistrada -que, para más señas, era titular de un juzgado mallorquín-, en la que se remitió a la la Circular 5/1994 del BDE, recalcando que corresponde a los tribunales españoles valorar si la información sobre el cálculo de las cuotas es "accesible para un consumidor medio" que esté "razonablemente atento y perspicaz" a las condiciones del préstamo.