Junto con Baleares, con­tri­buyen con 8.800 mi­llones al sis­tema de fi­nan­cia­ción au­to­nó­mico

La Comunidad de Madrid aporta al resto de autonomías tres veces más que Cataluña

Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía son las más per­ju­di­cadas en el re­parto

Isabel Díaz Ayuso, pta. Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso, pta. Comunidad de Madrid.

Las co­mu­ni­dades au­tó­nomas que más con­tri­buyen al sis­tema de fi­nan­cia­ción au­to­nó­mica son Madrid y Cataluña, pero hay un dato muy lla­ma­tivo. La de Madrid aporta hasta tres veces más que lo que lo hacen los ca­ta­la­nes. Todo dentro de un re­parto (en el que aportan más las co­mu­ni­dades que más tie­nen) por el que se trans­fieren los re­cursos del Estado a las co­mu­ni­dades para que todos los ciu­da­da­nos, con in­de­pen­dencia de la re­gión en la que re­si­dan, tengan ga­ran­ti­zados de igual ma­nera unos ser­vi­cios pú­blicos de ca­li­dad.

Según datos del centro de estudios Fedea, en concreto Madrid contribuyó (datos de liquidación de 2021) al sistema por encima de lo que recibe con un saldo negativo de 6.313 millones de euros, mientras que en el caso de Cataluña son 2.168 millones. Estas dos junto con Baleares conforman el grupo de las rentas per cápita más del país (sin contar con las regiones vasca y navarra) y aportan al sistema de financiación un total de 8.800 millones de euros.

Cantidad que se suma a los 10.684 millones que aportó el Estado en 2021 y que sirven para sufragar los servicios públicos gracias al SFA. En el caso de Baleares resulta significativo su mejora del año 2020 al año 2021.

En el caso de las regiones con menor renta, con esta financiación reciben recursos extras por encima de lo que recaudan por sus impuestos. Una realidad que sobre todo llama la atención en regiones como Canarias, donde suponen más de la mitad de los ingresos totales, o Extremadura, donde están por encima del 70%. En el caso de las más ricas, esa aportación representa (en comparación con sus ingresos tributarios) el 24%, el 8,7% y el 7,8% respectivamente para Madrid, Cataluña y Baleares respectivamente.

Regiones infra financiadas

Tras el desplome lógico vivido en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, de ese año a 2021 la financiación registró un incremento de alrededor del 16% (más de 18.000 millones de euros) gracias en parte a la mejora de los ingresos procedentes de los impuestos tanto regionales como estatales. Eso sí, no podemos olvidar que esa subida se vio mitigada por la reducción en 2.500 millones de euros de las transferencias extraordinarias del Estado para hacer frente a la pandemia.

Pese a que este reparto de la financiación se hace para costear los servicios públicos en cada comunidad, lo cierto es que no todas las regiones se encuentran igualmente financiadas. Murcia es la más perjudicada en este sentido, por cada habitante, ya que solo recibe el 90,8% de sus necesidades de financiación y tras ella la Comunidad Valenciana (92%), Andalucía (94,3%) y Castilla-La Mancha (95%); las cuatro no llegan a la media nacional.

En volumen total, la comunidad que recibió más recursos para sus competencias fue Andalucía, con 23.187 millones de euros en 2021.

¿Modificación a la vista?

Desde el ejecutivo de Pedro Sánchez se plantea una modificación de la financiación autonómica, precisamente en un momento en que los socialistas de nuevo necesitan el apoyo de, entre otros posibles socios, Junts per Catalunya. Y todo para hacer un guiño en forma de mecanismo de condonación de la deuda de Cataluña.

Para ello el proceso pasa por armar una nueva ley orgánica con su correspondiente debate en el Parlamento y su aprobación. Sin embargo, otros dos socios fundamentales para Sánchez como son PNV y Bildu no están del todo conformes con dar el sí a una ley que podría poner en peligro la economía vasca o la situación de esta región donde se ha logrado controlar el déficit, así como las cuentas.

Sea como fuere, Sánchez no lo tiene fácil para hacer una reforma para la condonación de la deuda a Cataluña ya que esto supondría que ese dinero perdonado lo tendría que pagar el Estado; es decir, el resto de los ciudadanos españoles (entre ellos también los residentes catalanes).

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