Sin duda, el principal motivo de que parezca que algo está cambiando se debe a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que ha provocado que la Comisión Europea decidiese el pasado mes de julio calificar a este tipo de energía como verde y considerarla útil para una transición hacia las energías limpias, al tratarse de una fuente libre de emisiones de CO₂.
Pero también se debe a la proximidad electoral y puede que una vez más haya tenido mucho que ver la habitual disputa política nacional en el posible cambio de escenario sobre esta materia.
Iniciativa del PP
La cosa es que asesores y representantes del Partido Popular de Núñez Feijóo se han acercado a las empresas del sector nuclear, que son las eléctricas españolas, con la intención de estudiar la posibilidad de elevar la vida de las centrales si ganan las elecciones.
Esta aproximación, que al principio fue tibia, ya es una certeza y en la presentación de su programa económico el PP ha dejado claro que "propondremos con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, la extensión de la vida útil de las nucleares existentes en nuestro país, en el marco de la normativa europea".
La propuesta no ha sentado bien en el Gobierno de Sánchez, que es decididamente antinuclear y fue quien decretó el cierre escalonado de las centrales nucleares que quedan en nuestro país, pese a que son el suelo del sistema eléctrico nacional con un 20% de la producción total.
Y ahora, pese a que la crisis energética, ha provocado que numerosos expertos y el propio sector nuclear se hayan pronunciado a favor de extender la vida de las centrales que siguen en activo si económicamente es viable. La ministra Teresa Ribera mantiene los planes de cierre y sigue en sus trece de no revisarlos, y dice que es el propio sector nuclear el que prefiere cerrar las centrales, aunque curiosamente éste se haya manifestado públicamente a favor de estudiar el asunto.
Las empresas parecen dispuestas
Hay que recordar que la Sociedad Nuclear Española (SNE), que agrupa, entre otras empresas, a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, emitió recientemente un manifiesto pidiendo al Ejecutivo que retrase los plazos de cierre previstos y eleve la vida de las centrales nucleares españolas, dada la situación de inestabilidad energética.
Y aseguró que "estas centrales garantizan el suministro eléctrico las 24 horas todos los días del año y son una fuente estable que opera en base, no dependiente de factores meteorológicos externos como sucede con la mayoría de renovables, ayudando así a la gestión y a la estabilidad del sistema eléctrico".
Argumentaron también que hay un resurgir de este sector energético y que en estos momentos está programándose la construcción de cientos de nuevas centrales en todo el mundo, así como elevando la vida útil de las que existen.
Sin embargo la ministra ha dado la callada por respuesta y cuando fue preguntada por las intenciones del PP al respecto, si es que gana las elecciones, directamente señaló a las empresas y dijo que ella sabe que éstas no quieren invertir más en nuclear.
A su juicio, las compañías que explotan las centrales nucleares no quieren acometer una nueva inversión o un nuevo ciclo nuclear que "no tiene sentido económico", que tiene una fuerte contestación social y que dispara el coste financiero, cuando les resulta "mucho mejor" y más sencillo hacer esa mismas inversiones en energías renovables y en almacenamiento. Así de sencillo, según Ribera.
Ribera mantiene el calendario
Para la ministra, el coste de cada una de las plantas es "tan grande que no es rentable, que no es viable económicamente". Por eso, cree que Feijóo se "lanza a la piscina" cuando sin presentar números dice que quiere prorrogar su vida útil. No obstante, la ministra también ha contado que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, le dijo muy claramente en una reunión "que sí está claro quién paga, cómo se paga y es beneficioso" para su negocio, se lo pensaría.
Esto que al parecer ha dicho Galán a la ministra es sin duda el quid de la cuestión, aunque antes hay que interpretar lo que cuentan cada una de las partes implicadas, e incluso entender que se pueden decir una cosa y la contraria, que para eso están las patronales y las asociaciones que financian y mantienen las empresas para poder lidiar con las administraciones.
Galán y el resto del sector tienen claro que necesitan una mayor estabilidad regulatoria y una menor fiscalidad para poder seguir invirtiendo en nuclear. Lo demás puede irse arreglando poco a poco, pero estas dos cosas son imprescindibles para que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, que son las cuatro propietarias de las centrales, sigan apostando por la nuclear, pero atención, siempre que les cuadren los números y puedan obtener un beneficio, lo que probablemente no será nada fácil de conseguir y exigirá una dura negociación.
Un sector en el punto de mira
Hay que recordar aquí que el sector nuclear ha estado siempre en el punto de mira de las organizaciones ecologistas, que han gozado de un enorme poder durante muchos años con una tasa de influencia muy alta en la sociedad. Y entre sus bestias negras ha estado siempre muy destacada la energía nuclear.
También es verdad que se han producido accidentes muy graves como Chernóbil o o Fukushima, sobre todo, que han contribuido mucho a dañar la credibilidad del sector. Sin embargo: cuando cada año se conmemora el aniversario de la catástrofe de Fukushima, siempre se habla de los 20.000 fallecidos por aquel suceso, como si todos hubieran muerto por lo sucedido en las centrales japonesas afectadas por el tsunami, y no se cuenta que de esa cifra sólo fueron uno o dos los técnicos nipones que estuvieron afectados por altas dosis de radioactividad y fallecieron por ello, siendo el resto personas que resultaron muertas o desaparecidas por el terremoto y el posterior tsunami.
Esta, llamémosla así, mala prensa del sector, que actualmente haría impensable la construcción de una nueva central en España, unida a los elevadísimos gastos en seguridad de esta industria, hacen que la fragilidad de la industria nuclear sea mucha en nuestro país en estos momentos, en los que además y no hay que olvidarlo, nos estamos convirtiendo en una gran potencia de fuentes renovables.
Fuerte presión fiscal
La realidad es que situación fiscal del sector es endiablada y llega al caso de impuestos duplicados. En una nota de prensa de 2021, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, afirmaba que desde hace varios años –pese a su excelente funcionamiento– el resultado financiero del parque nuclear se ha visto mermado hasta el punto de haber funcionado a pérdidas durante algunos de los ejercicios, debido principalmente a la excesiva presión fiscal.
Añadía que la entrada en vigor de un nuevo impuesto en Cataluña y la extensión a todas las centrales de la tasa que financia el servicio de respuesta prestado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estaban golpeando muy duramente a esta industria.
Y por si todo esto fuera poco –añadía– también les han subido la tarifa fija unitaria de la prestación patrimonial para la financiación de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) que se ha incrementado en un 19,2%, para la gestión del combustible irradiado y otros residuos radiactivos, así como para el desmantelamiento futuro de las centrales nucleares.
Todo esto, según Araluce, significó que el parque nuclear funcionase por primera vez con un flujo de caja operativo negativo, porque los precios del mercado no cubrieron sus costes operativos, impuestos y tasas.
Un marco estable
A la elevada fiscalidad se une también una gran inseguridad jurídica en la regulación, lo que se da de bruces con un sector que por su propio funcionamiento requiere de una gran planificación para hacer inversiones muy fuertes, que pueden malograrse por constantes cambios normativos. Por ello, estas empresas nucleares lo que pretenden es un marco estable y predecible y una retribución asegurada que pueda cubrir sus costes e inversiones.
Sin duda, ese será o quizás ya es el caballo de batalla de las negociaciones entre el sector y el próximo Gobierno que salga de las urnas, siempre que no repitan Sánchez y sus socios que nunca han tenido dudas sobre el cierre del sector nuclear.
De hecho, algunas fuentes han asegurado que el PP dentro del replanteamiento de la política nuclear que defiende, propondrá un precio fijo para la generación nuclear que permita reducir la factura de la luz.
La solución o no de este rompecabezas, como desgraciadamente tantas cosas en España, a la vuelta de las próximas elecciones.