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Berkeley, alta tensión política

La cam­paña de 23-J ha en­trado en su recta final con la per­cep­ción, a priori, de que se va a pro­ducir un cam­bio. Este cambio tiene en ten­sión a los ope­ra­dores por sus po­si­bles im­pli­ca­ciones fa­vo­ra­bles a de­ter­mi­nadas em­presas como es el caso de Berkeley Energía, sobre todo des­pués de que se haya au­to­ri­zado el des­man­te­la­miento de la cen­tral de Garoña.

La cotizada española cuenta con un proyecto minero de primera categoría en Salamanca que, recuerdan los analistas, puede generar grandes beneficios si consigue todos los permisos. Dicho proyecto, de momento, ha superado todos los procesos de aprobación cumplimentados (FDS y FEED).

En la última década, desde su llegada a España, el grupo ha obtenido más de 120 permisos e informes favorables de todas las administraciones desde la local a la europea salvo el más importante, el de su entrada en actividad.

No es una novedad que el actual Gobierno siempre se ha mostrado reticente a la mina de uranio a cielo abierto de Retortillo y su planta de procesamiento, lo que ha imposibilitado a la compañía dar ese último paso, hasta ahora, para explotar la mayor reserva de uranio de Europa.

Aunque el grupo ya tiene comprometida la venta de buena parte de su producción al exterior de lograr los permisos, sus reservas servirían, entre otras cosas, para alimentar también el posible incremento de la vida útil de las centrales nucleares españolas tal y como se han comprometido los partidos de la oposición. Eso ayudaría a su vez a reducir la dependencia energética de otras fuentes como el gas ruso.

Esto es lo que viene recogiendo el mercado. Desde que se convocaron las elecciones, el valor se ha revalorizado un 70 % y ya acumula una subida del 135 % en el global del año para alcanzar los 0,42 euros por acción, su mejor nivel desde 2020.

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