Al parecer, por lo que nos cuentan, se trata de un proyecto que está muy, pero que muy cerrado y pactado hace mucho con la Comisión Europea, a expensas solo de decidir el calendario previsto para ponerlo en marcha, que por los visto sería el próximo 2024.
Este jueves lo ha confirmado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en una entrevista en ‘TV3’, en la que ha dicho que "lo que sí que les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, nos lo exigen".
En la pelea del PP y el PSOE
El PP ha utilizado este asunto para dar caña al PSOE en esta campaña electoral y el propio Núñez Feijóo lo uso contra Sánchez en su reciente debate, en el que por cierto, el presidente del Gobierno más o menos lo negó y puso cara de que la cosa no iba con él, lo que tiene muchas interpretaciones posibles, la más lógica que se estaba haciendo el loco. Pero atención, el líder popular tampoco se mojó y desde luego evitó decir que él no tuviera intención de hacerlo, como muchos hubieran deseado escuchar de sus labios.
Realmente no es nada nuevo y hace ya muchos años que los distintos gobiernos de España, da igual populares o socialistas, generalmente presionados por coyunturas económicas adversas, sacan a colación este asunto tan impopular entre los conductores, que por cierto son millones de votantes. Y como eso lo tienen muy claro los partidos políticos quizás es por lo que este asunto no termina de concretarse nunca y ojalá siga así muchos años, aunque no parece lo más probable.
De hecho, hasta la fecha, todos estos planes de cobrar a los españoles por algo que es gratis y que ya han pagado y de hecho siguen pagando con sus impuestos, han terminado por quedarse en el cajón esperando una coyuntura más favorable.
Hay que recordar, “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, que el Gobierno de Sánchez anunció a primeros de este año que renunciaba por el momento a implantar estos peajes, al no darse las condiciones necesarias ni de tipo económico ni social. Además destacó la falta de oportunidad del plan por coincidir con varias convocatorias electorales, lo que a su juicio podría desvirtuar el debate sobre el asunto. Y según las fuentes gubernamentales, la Comisión Europea lo aceptó, lo que podría explicar la cara de Sánchez en el debate cuando le achuchaba Feijóo.
Un poco de historia
Fue José Luis Ábalos, el primer ministro del ramo del presidente, el que estudió seriamente el asunto, pero al verlo tan complicado lo abandonó asegurando que sería necesario un amplio consenso político para ponerlo en marcha. Sin embargo, el empeoramiento de la situación económica por el coronavirus, la guerra en Ucrania y la subida de las materias primas, pero sobre todo por la necesidad de recibir los fondos europeos, hizo cambiar de opinión al Ejecutivo y retomó el proyecto.
Así, tras el relevo de Ábalos, la ministra Raquel Sánchez encargo un estudio a la consultora pública Ineco e inició los trámites para analizar las distintas posibilidades de introducir un sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, a cambio de recibir los hasta 140.000 millones de fondos europeos.
Es obvio que aceptando este plan sobre las autovías se lanzaba un mensaje positivo a Bruselas de control de gasto público, en un momento de crisis muy delicado, con la deuda creciendo a niveles récord mes a mes y con un déficit desbocado.
Defendió entonces el Gobierno de Sánchez que el plan respondía a las recomendaciones hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y al alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea. Y añadió que en una mayoría de países europeos como Italia, Francia o Portugal, entre otros, se aplican peajes de forma muy generalizada, aunque olvidó decir que en otros como Alemania no existen y que apenas los hay en Holanda o Bélgica.
Muchas decisiones pendientes
Pero faltan muchas decisiones que tomar, o eso parece. Por ejemplo, definir el método para decidir cómo y cuánto se pagará. Se ha hablado sobre todo del pago por kilómetro recorrido por medio de pórticos electrónicos, pasando por el sistema conocido como de viñeta, es decir un pago único anual, y hasta de un sistema progresivo en función de la capacidad económica de cada usuario, lo que se antoja muy díficil de aplicar.
También, dada la filosofía del pago por uso, se supone que afectará a todos los usuarios, tanto conductores particulares como transportistas, y tanto ciudadanos nacionales como extranjeros, aunque no se descartan subvenciones o apoyos al transporte profesional y quizás a otros colectivos. Finalmente, el pago se aplicaría en un principio a los 12.000 kilómetros de vías de gran capacidad y se especula con precios que podrían oscilar entre 1 y 1,5 céntimos de euro por kilómetro para turismos y unos cinco céntimos para los camiones.
Rechazo generalizado
Pero solo la mera posibilidad de implantar en 2024 estos peajes provocó en su momento un rechazo generalizado entre los sectores y asociaciones de ciudadanos afectados. La mayoría de gobiernos de comunidades autónomas y de partidos políticos también se opusieron entonces, incluso los socios del Gobierno de Unidas Podemos lo rechazaron.
Desde el Real Automóvil Club de España RACE se alertó sobre el peligro de desviar a los conductores a vías gratuitas más peligrosas con el consiguiente aumento de la siniestralidad y se recordó que “se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga”. “Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones a las arcas del Estado".
Por su parte, las organizaciones de consumidores OCU y Facua criticaron la posible medida por su "afán recaudatorio" asegurando que las carreteras "deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado", no con un peaje que supone "un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica" y destacaron que los ciudadanos ya pagan muchos impuestos por circular con sus vehículos por las carreteras.
Caso de Portugal para mirarse
En este sentido, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), destacó entonces que cuando Portugal adoptó una medida de este tipo en 2010, obligado por la Comisión Europea tras verse intervenido el país vecino, la medida tuvo unos efectos económicos muy negativos, y entre un 30% y un 50% de los automovilistas dejaron de usar las autovías y usaron las carreteras locales, con el consiguiente aumento de la siniestralidad.
Además, cada país es distinto. Las autovías portuguesas gratuitas que empezaron a cobrar peajes, a diferencia de las autovías españolas, habían sido construidas y gestionadas por empresas privadas a las que el Estado luso abonaba un canon. En España la mayoría de autovías y autopistas han sido construídas por el Estado, excepto unas pocas en manos privadas, que cuando ha vencido su periodo concesional han regresado al sector público y han vuelto a ser gratuitas como pasó con la AP-4, la AP-2 y la AP-7, entre otras, por decisión del Gobierno de Sánchez.
Volviendo a Portugal, hace no mucho, la oposición logró sacar adelante en el Parlamento una rebaja del 50% en los precios de estas autopistas, en contra del criterio de su Gobierno, y hay un importante movimiento ciudadanos defendiendo que vuelva la gratuidad a sus autovías.
Superávit fiscal de 5.082 millones
Por el momento, en España, solo la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que representa a las mayores empresas del país de este sector, se ha pronunciado a favor de este plan y advirtió el mes pasado que el pago por uso en las autovías estatales tiene que estar implantado en dos años, tras señalarlo como un "compromiso vinculante" que tiene España con la Comisión Europea y que "hay que cumplir".
Seopan, que ha hecho los números sobre esto, aseguró a principios de este año que la implantación del mecanismo del pago por uso en las carreteras estatales supondría un superávit fiscal de 5.082 millones para las arcas del Estado, obtenidos entre la reducción del gasto público de conservación de carreteras (1.642 millones) y el incremento de los ingresos públicos asociados a esa tarificación para los usuarios, que evaluó en unos 3.304 millones.
Otra vez el medio ambiente
Además de para poder financiar el mantenimiento de la red de carreteras que dice Seopan, la otra justificación que se da desde el ámbito gubernamental para poner esos peajes en marcha es la medioambiental, faltaría más en estos atribulados tiempos del cambio climático, ya que se considera al transporte por carretera como responsable de la tercera parte de la emisión de gases con efecto invernadero.
En fin, está claro que las espadas están en alto por el debate preelectoral, pero por todo lo que hemos ido sabiendo cada vez parece que será más que difícil escapar esta vez de la presión de Bruselas para introducir estos peajes en nuestras autovías. Así que el Gobierno que salga de las urnas deberá enfrentarse a la Comisión Europea o tomar una decisión impopular como pocas. Cobrar por algo que ha sido siempre gratis es una de las cosas que peor puede llevar un ciudadano normal y se entiende perfectamente.
Prueba de ello, de que los políticos saben de esto, es que en la mayoría de iniciativas que se han estudiado sobre esta materia se incluía siempre una potente campaña de sensibilizacion ciudadana.
Pero hay que tener también en cuenta, tal como está la situación, que si un futuro Gobierno logra eludir estos pagos o retrasarlos otra vez, sin duda que será bendecido por muchos millones de conductores, y que aunque se antoje casi seguro que habrá que claudicar ante Bruselas, la esperanza es lo último que se pierde y quién sabe, no se puede ganar una batalla sin pelearla de la forma más inteligente. Habría que decirle al Gobierno que salga de las urnas eso de "yo que tú no lo haría, forastero", para que vayan tomando nota.