El Laudo del árbitro Gonzalo Stampa Casas había condenado al estado de Malasia al pago de 14.500 millones de euros. Esto hace que la jurisdicción francesa para la aplicación del laudo de momento decaiga. Sin embargo deja en pie el resto de las jurisdicciones a nivel internacional. Lo llamativo del fallo parisino es que los jueces no han tomado en cuenta ninguna de las alegaciones de las partes. Por el contrario han encontrado una tercera vía que se puede resumir en los siguientes términos.
Los jueces soslayan los argumentos de las partes
El contrato entre el Sultán de Joló y los empresarios Gustavus von Overbeck y Alfred Dent firmado en 1878 por el que se cedían los derechos sobre la costa norte de la isla de Borneo para la explotación de sus recursos naturales estableció que cualquier disputa debería someterse al cónsul británico en Borneo.
En 1903, el contrato se ratificó esta vez entre el Sultán de Joló y la British North Borneo Company. El razonamiento de los jueces de la Corte es que en 1946, al convertirse el Reino Unido en potencia colonial en Borneo, sucedió a una de las partes contratantes, hecho a partir del cual “un cónsul británico no podía considerarse desde esa fecha como un tercero independiente”.
De este supuesto los juzgadores deducen que se hacía necesario un nuevo acuerdo a partir de 1946 que estableciese una fórmula de resolución de disputas. Pero que en ausencia de esa novación el conflicto no puede ser arbitrado y deniega por ello la ejecución del laudo.
De esta forma, la Corte de Apelación no ha tomado en cuenta los argumentos en contra del árbitro esgrimidos por Malasia, ni siquiera ha considerado la existencia de una querella en contra de Gonzalo Stampa alegada por la apelación, ni ha estimado el argumento central de Kuala Lumpur: la inmunidad de jurisdicción de un estado soberano.
En los hechos se ha limitado a una interpretación del contrato. Lo que los juzgadores sí admiten es que en el contrato original existió una cláusula de arbitraje, algo negado por Malasia y que es crucial en el futuro de esta disputa. El fallo de la Corte de París supone pasar por alto el laudo preliminar dictado en Madrid el 25 de mayo de 2020 y el hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó en un auto del 1 de diciembre de 2022 la anulación de ese laudo solicitada por Malasia, lo que le ha dado carácter de firme. Este hecho, sumado al reconocimiento de la existencia de una cláusula de arbitraje en el contrato original ,es la llave de acceso a un recurso ante una instancia superior. Es decir que hay batalla para rato.
Escalada de amenazas
Dentro de estas contradicciones los herederos del Sultán de Joló “deploran la decisión de la Corte de Apelación que ha decidido no tomar en cuenta la opinión de la fiscalía que ellos mismos solicitaron”. Los herederos afirman en un comunicado que revisarán detenidamente el fallo y considerarán una apelación ante la Corte de Casación.
Los demandantes señalan que el gobierno de Malasia ha desatado de forma agresiva una campaña contra el proceso de la justicia. La colíder de su equipo jurídico, Elizabeth Mason, señaló que “Malasia reta al sistema internacional de justicia al amenazar con cargos criminales a los demandantes, sus abogados y al árbitro por el mero hecho de desarrollar una disputa comercial internacional”.
El equipo jurídico de los demandantes señala que Malasia declinó participar en el proceso de arbitraje. Luego del laudo “impulsó una causa criminal contra el árbitro por actuar en contra de una orden que nunca existió.” Tras ello presentó cargos por terrorismo por hechos acaecidos hace más de una década contra uno de los demandantes más ancianos, pese a que el anterior Fiscal General de Malasia lo consideró ajeno a esos hechos.
Dando un paso más en este sentido ahora Malasia ha decretado que el mero hecho de presentar una demanda civil contra Malasia constituye en sí mismo un acto de sabotaje criminal. Finalmente, la semana pasada, el actual fiscal general de Malasia denunció a la policía al colíder del equipo jurídico de los demandantes, Paul Cohen, “Por el 'crimen' de enviarle una carta reclamándole el pago de la cuantía debida en el procedimiento”.
“El mal uso por parte de Malasia de los instrumentos de la justicia internacional son ahora una cuestión a registrar. Dichas tácticas se ven rara vez en las disputas transnacionales y son propias de estados parias como Rusia o la República del Congo”, señala el comunicado de los demandantes.
En consecuencia los demandantes y sus abogados han solicitado protección de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores preocupados por estos ataques, y el temor a que Malasia -cuyo ministro de Justicia ha solicitado la pena de muerte para cualquier malasio que se involucre en este contencioso- escale aun más estos ataques en la arena internacional.
El abogado Cohen declaró en la noche del martes a www.CapitalMadrid.com que: “En el curso de esta disputa, ocasionalmente hemos luchado para convencer a las cortes internacionales que la actitud de Malasia hacia el litigio civil y el arbitraje podían llegar a estos extremos de abuso. Pero recientemente el gobierno de Malasia ha decidido mostrar este abuso sin asomo de vergüenza, en términos extremos, dentro del país y a escala internacional. Mediante sus amenazas personales también está ayudando a ratificar nuestro punto de vista. Malasia parece dispuesta a torpedear cualquier reputación que pudiera tener de respeto de la legislación civil y sus procedimientos, ni que hablar de los límites de responsabilidad de su sistema de justicia criminal”.