Se preguntan “dónde está el ministro Luis Planas para defender a los productores españoles” ante el ataque injustificado a la producción de fresón de Huelva, al que a su juicio “han dado alas miembros muy significados del Gobierno”, en clara referencia además de a Luis Planas al propio presidente Pedro Sánchez y a la ministra Teresa Ribera, entre otros.
Contra agricultores y ganaderos
Esta organización, que no da puntada sin hilo, tacha muy acertadamente de error haber separado las competencias de agricultura, medio ambiente y agua, ya que “propicia una falta de coherencia en numerosas actuaciones del Gobierno sobre este sector”. Y cita varias, “como las medidas adoptadas para la protección del lobo contrarias a la ganadería extensiva, la demolición de infraestructuras de almacenamiento de agua o la prohibición de quemas agrícolas que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a las que se suman las polémicas del ministro Alberto Garzón en relación al consumo de carne”.
No se pueden explicar más claramente sus demandas, en las que también se trasluce algo así como dejen la política para otros menesteres y trabajen por nosotros, que es su verdadera obligación, por lo que hacen una propuesta muy concreta: junten esos ministerios y sería mejor para todos.
Bueno, también recomiendan a los diputados alemanes que tenían previsto visitar España que se den una vuelta por Marruecos para ver cómo se producen en ese país las frutas y hortalizas, que tampoco parece ninguna tontería al ser el reino alauita uno de nuestros principales competidores en la exportación de esos productos y por consiguiente beneficiario de nuestros tropiezos.
Es indudable que el asunto de Doñana está contaminado por la política, como casi todo en España en estos momentos, y que una vez más con el cainismo habitual que nos caracteriza, nos ha dado igual servir la carnaza gratis a nuestros enemigos con tal de dar un golpe bajo al contrincante. Sucede permanentemente desde hace mucho y son muy culpables los dos grandes partidos, PP y PSOE, que nunca dudan en denunciar al contrario fuera de nuestras fronteras antes de intentar ponerse de acuerdo y cerrar filas.
Esta vez no cabe ninguna duda, fue el Ejecutivo quien lanzó toda su artillería sobre este asunto para intentar obtener réditos políticos antes de las pasadas elecciones (no con mucho éxito), aprovechando una decisión de la Junta andaluza para legalizar unas 750 hectáreas de cultivos ya existentes situadas en la corona norte de Doñana y que no tienen derechos de agua, por lo que están siendo permanentemente sancionadas, pese a que fueron los gobiernos del PSOE en la Junta los que posibilitaron esos cultivos a principios de este siglo.
Curiosamente, estos cultivos de fresón que ahora pretenden regularizar el PP y VOX con su ley de regadíos regional han estado recibiendo fondos de la Unión Europea y el apoyo de la Junta, en manos entonces de los socialistas, hasta que las ayudas cambiaron por multas.
Llueve sobre mojado
Pero como la canción de Sabina, llueve sobre mojado, y estas cosas las hacen todos, de hecho, hace nada fue el PP quien denunció la reforma de las pensiones en Bruselas o los repartos de fondos europeos. Hay casos para todos y en todas las legislaturas, tantos y tantos, que deberían avergonzar a nuestra clase política.
Pero volvamos a Doñana. La presencia de Pedro Sánchez en el parque natural el día que el Parlamento reformaba la ley del ‘solo sí es sí’ pone en evidencia que el Gobierno ha intentado aprovechar el intento de la Junta de legalizar esas hectáreas de cultivo de fresón para la campaña electoral de las autonómicas y municipales y que seguirá con el asunto de cara a las próximas generales. Básicamente, acusa al PP de hacer lo mismo que hacen ellos: buscar votos.
Alemania y Marruecos
No hay más que ver que al Gobierno de Madrid no le ha temblado el pulso cuando los comerciantes alemanes han anunciado boicots a las frutas españolas por este asunto, y que se ha mantenido en sus trece hasta que la comisión de parlamentarios alemanes que tenía previsto visitar las zonas afectadas por este asunto, ha decidido retrasar su visita por el proceso electoral que vive España en estos momentos. Hay fuentes que dicen que este ataque de responsabilidad y hasta buen gusto de los congresistas germanos, se ha debido sobre todo a que tras sus estudios iniciales sobre el caso rápidamente llegaron a la conclusión de que no había caso. También hay que destacar la sonrisa de los productores de frutos rojos de Marruecos por este asunto.
Sánchez declaró en su visita a Doñana que este asunto no va de cálculos electorales, que es la pura defensa del medio ambiente, y calificó de atropello la intención del PP y VOX en el Parlamento andaluz de legalizar esas 750 hectáreas de regadío que toman agua a través de pozos ilegales y que a juicio del mandatario podría terminar con una multa que tendríamos que pagar entre todos los españoles. También hizo un llamamiento al consenso y la coordinación entre las administraciones con competencia en la gestión del parque nacional, la autonómica y la gubernamental.
Culpa de todos
Sin embargo, muchos de sus asesores le han pedido prudencia, ya que poner la gestión del parque natural y sus alrededores en la diana en estos momentos puede darse la vuelta y apuntar al PSOE, que ha estado al frente de Doñana durante décadas tanto desde la Junta como desde el Gobierno central. Como curiosidad, una reciente noticia de ‘ABC’ ponía de manifiesto que el palacio de las Marismillas en el coto de Doñana, donde a veces ha pasado sus vacaciones Sánchez, como anteriormente otros presidentes, también extrae agua de los acuíferos de Doñana.
Coñas aparte, es evidente que la escasez de agua además de por las pocas lluvias tiene mucho que ver también con la ausencia de control por parte de los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que llevan años facilitando la proliferación de cultivos y pozos ilegales. De hecho, en estos momentos la mayor parte de los alcaldes socialistas de la zona apoyan de alguna manera la regularización puesta en marcha y defendida por la Junta del PP.
La verdadera realidad es que en Doñana no se cultiva fresón, o fresas que dice todo el mundo, estando la explotación más cercana de este producto en la localidad de Almonte, a 35 kilómetros del preparque nacional. Además, la citada nueva ley de regadíos, como ha destacado la Junta, no pretende legalizar el uso de las aguas subterráneas que usan los freseros y por lo que son multados una y otra vez, lo que busca es que esos cultivos sean reconocidos y se les pueda dotar de aguas superficiales.
Unas aguas que existen y están disponibles, aunque en algunos casos hacen falta unas infraestructuras hidráulicas que están aprobadas por el Gobierno central pero no realizadas, como el trasvase del excedente de las cuencas del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, el desdoble del túnel de San Silvestre y la reanudación de las obras de la presa de Alcolea, que está parada por reivindicaciones de los ecologistas.
Hay agua de sobra en Huelva
Corre como la pólvora por las redes una intervención del diputado autonómico de VOX por Huelva, Rafael Segovia, en la que este demuestra que hay agua de sobra en esta provincia para estos agricultores. Segovia asegura que “los freseros de la corona norte de Doñana necesitan para sus cultivos cuatro hectómetros cúbicos de agua al año y que en estos momentos se están tirando al mar más de 22 hectómetros”.
Su argumentación es la siguiente: “En estos momentos el pantano de Zufre almacena 179 hectómetros cúbicos de agua y el de Aracena 127, más de 300 hectómetros que no se quedan en Huelva y que van directamente a Sevilla. Pero es que además, los embalses de Andévalo, Chanza y Piedras acumulan ahora mismo más de 1.000 hectómetros de agua y están en estos momentos de sequía en torno al 60% de su capacidad.
Además, por si esto no fuera suficiente tenemos el pantano de Olivargas completamente lleno con 29 hectómetros pero de ese embalse entre el 11 de diciembre y el 7 de febrero se tuvieron que desembalsar y tirar al mar hasta 22 hectómetros cúbicos de agua. Y finalmente, por si todo esto fuera poco, tenemos la estación depuradora de aguas residuales de Huelva”, concluye Segovia asegurando que hay agua en su provincia para regar cientos de años los cultivos que se pretenden legalizar, por lo que no entiende cuál es el problema y dónde está el debate en cuestión.
Unos cuantos datos más. El cultivo de fresón y frutos rojos supone actualmente un 11,35% del PIB de Huelva y da trabajo a 100.000 personas, con unas cifras de exportación de unos 1.200 millones de euros al año.
No parece necesario decir nada más, excepto el mantra que se repite machaconamente desde estos artículos, y que no es otro que preguntarnos cuándo dejarán los partidos de polemizar sobre todos estos asuntos que dan de comer y además dan alas y argumentos a nuestros enemigos.