La operación desembocó en la incoación de diligencias previas en un procedimiento penal en el juzgado de instrucción n.º 3 de Picassent, en Valencia. En 2019, por su extensión nacional e internacional, el juez de Picassent se inhibió en favor de la Audiencia Nacional recayendo en el juzgado de instrucción central n.º 3 a cargo de la magistrada María Tardón Olmos. A día de hoy, de acuerdo con fuentes de la acusación popular, no se ha tomado declaración a ninguno de los investigados.
Ante la increíble dilación de la instrucción, entre junio y julio de 2022, los letrados de dos investigados, que algunas fuentes consideran clave en este procedimiento, aprovecharon la inacción judicial para elevar un escrito de apelación contra la extensión del periodo de instrucción más allá de septiembre de 2022.
El procedimiento llevaba a esa altura más de dos años en el juzgado central nº3 sin que se registrase algo tan elemental como la declaración de todos los investigados.
La Sala de Apelación estimó el escrito decretando que no se podía prorrogar más el periodo de diligencias de esta instrucción que se dio por cerrado en septiembre. En opinión de algunos de los letrados de la acusación popular el escrito de la magistrada estaba mal fundamentado. En cualquier caso los que quedaron como investigados con causa son una veintena mientras que más de 50 de los acusados han pedido su sobreseimiento.
Contradicciones entre juzgado y fiscalía
De acuerdo con modificación en 2020 del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal el plazo de instrucción es de 12 meses, renovable por periodos de 6 meses. Este procedimiento demoró la instrucción más de 30 meses.
El cierre de las diligencias ha creado un grave problema no sólo por los acusados que se librarán del juicio. Sino además los que serán procesados, si es que eso ocurre, alegarán la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y encontrarán argumentos jurídicos para su defensa en esta dilación inexplicable. Dilación que podría ser azarosa pero tiene el efecto objetivo de una estrategia para atenuar la situación de los investigados.
Este periodista preguntó el 13 de enero al servicio de prensa de la Audiencia Nacional cuál era el estado de este procedimiento. No recibió respuesta. El 24 de enero volvió a preguntar por el estado del procedimiento y si era cierto que el periodo de instrucción se había cerrado en septiembre pasado.
El 25 de enero recibió la siguiente respuesta en un correo electrónico: “Efectivamente la Sala de lo Penal estimó los recursos de los investigados y desestimó la prórroga de las actuaciones por lo que la instrucción finalizó el mes de septiembre".
Ahora la juez ha dado traslado a la fiscalía para que le diga si debe abrir la fase de procedimiento abreviado para juzgar este caso o por el contrario pide que se archive”. El 4 de mayo un portavoz del gabinete de prensa de la Audiencia a la pregunta de si el fiscal se había expedido respecto del caso se informó a este redactor que ignoraban qué dijo el fiscal, y que la decisión de la juez en cuanto a si se iniciaba procedimiento abreviado era soberana.
El 5 de mayo este autor solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se le informara si se había expedido resolución frente a la solicitud de la magistrada Tardón. El 12 de mayo la teniente de fiscal que ofició de portavoz señaló que: “Examinado el procedimiento no consta el traslado al fiscal en ese sentido (el de que se expida por la iniciación de juicio abreviado o su archivo), hay múltiples traslados de peticiones de sobreseimiento de las actuaciones por parte de los numerosos investigados en el mismo, que el fiscal ha ido contestando y que el traslado a todas las partes hace que el procedimiento se ralentice.” Es decir, la jueza no solicitó al fiscal “que le diga si debe abrir la fase de procedimiento abreviado para juzgar este caso”.
No se ha llegado a ese momento procesal. Por el contrario lo que hay es un atasco de peticiones de sobreseimiento. Una fuente próxima a la acusación popular ratificó que esta era la situación y que ellos estaban recurriendo algunas de las peticiones de sobreseimiento.
Maquinaria perversa
Las consecuencias del retraso en el procedimiento son diversas pero se han convertido a su turno en una maquinaria perversa porque al dejar en condición de solicitar sobreseimiento a más de 50 investigados, el resultado es un mayor retraso. La maquinaría se retroalimenta porque produce atasco en la fiscalía.Todavía resta por ver si la magistrada a cargo considera que se debe abrir juicio abreviado.
Mientras tanto ocurre que estas dilaciones favorecen también a los investigados que deberían ser juzgados por los delitos ya señalados. Por su parte la empresa Ricardo Fuentes e Hijos SA prosigue con sus negocios como en el mejor de los tiempos y ha solicitado más licencias y la ampliación de sus operaciones existentes en el Mediterráneo oriental según fuentes del sector consultadas por este medio.
Un procedimiento que va desde el contrabando y venta de atún ilegal y que incluye un delito contra la salud pública por un caso de intoxicación por histamina del atún en mal estado, hasta una causa separada por blanqueo de capitales en torno a la construcción de dos barcos, lleva cinco años sin que se haya tomado declaración a los investigados.
Esto entre otras cosas supone la dilapidación de ingentes recursos aplicados por las fuerzas de seguridad a la investigación. La trama puesta a la luz vendía en España atún de aleta azul capturado ilegalmente. La especie protegida para evitar su merma incontrolada había logrado una débil recuperación de la población que migra desde el Atlántico norte y oriental al Mediterráneo.
Las limitaciones a la pesca redujeron el volumen de negocio para las empresas del sector. En especial la de Ricardo Fuentes e Hijos SA de Murcia. Ésta suministra el 70% de esta variedad de atún al mercado mundial. Tiene una relación privilegiada con empresas japonesas de pesca como Maruha Nichiro Holdings y tiene una fuerte demanda de ese mercado.
Hay que alimentar el circuito comercial
Un atajo para mantener el nivel de ingresos es enjaular más especímenes que los autorizados en los recintos de engorde, la compra de atunes capturados ilegalmente, es decir por fuera de las cuotas de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) sin presencia de inspectores del ICCAT. Esto permite incrementar el tonelaje disponible para la comercialización.
Sin embargo este negocio exige conseguir documentación falsa para los especímenes que se comercializan lo que se hace de muy diversas formas. Pero todas ellas requieren el pago de sobornos. Quiere decir que al mismo tiempo que se amplía la oferta de manera encubierta mediante la pesca y el engorde ilegal se hace necesario disponer de dinero no declarado.
Esto lleva a que el comercio ilegal se combine con la generación de dinero no declarado destinado en parte al pago de los sobornos. Como se puede comprender esta forma de operar supone una competencia desleal para los atuneros que operan dentro de la ley. Esto explica que la Confederación Española de Pesca forme parte de la acusación popular junto con Greenpeace y la pesquera Grup Balfego.
La prolongada investigación de la Guardia Civil contó con la colaboración de la Guardia di Finanza italiana, las policías de Malta y Francia coordinadas por Europol y el SEPRONA. El progreso de la investigación se vio afectado de forma súbita cuando José Fuentes preguntó a su topo en la Guardia Civil conocido por el alias de Jordi quién era el propietario del coche desde el que le hacían fotografías en un muelle.
El guardia le respondió que era un vehículo camuflado asignado a la Guardia Civil destinado a su vigilancia. La respuesta virtualmente puso fin de forma prematura a un año de investigación. De esta forma uno de los dos socios de la empresa Ricardo Fuentes e Hijos se enteró de que era investigado. Se comunicó con su hermano Francisco, quien contaba con otra fuente en esa fuerza de seguridad y verificó la existencia del cerco sobre ellos.
A partir de este descubrimiento los Fuentes dejaron de pasar información relevante sobre el comercio ilegal de atún y se dedicaron a organizar su defensa lo mejor posible incluyendo la posible destrucción de pruebas y ocultamiento de dinero ilegal. La denominada Operación Tarantelo había comenzado un año antes. La impunidad ante la justicia en este caso no parece una exclusividad española.
La directora de pesca de Malta en 2018, Andreina Fenech Farrugia, quien se comunicaba regularmente con José Fuentes a través de un teléfono móvil español con una línea a cargo de su empresa desvela en los registros de las intervenciones telefónicas su papel en la concesión de documentación ilegal de atún engordado en cautividad por encima de las cantidades autorizadas en las granjas de la empresa en Malta.
También opera como enlace con el ministro de la cartera y sugiere en las conversaciones que se han hecho pagos a las autoridades políticas de Malta para beneficiar los negocios de Ricardo Fuentes e Hijos SA. Andreina Fenech fue separada del cargo en 2019 pero ha cobrado la mitad de su sueldo de forma ininterrumpida. Parece que este era el precio de su silencio.
Justicia…
“Las puertas giratorias en el sistema judicial español son una amenaza para el conjunto del sistema”, señala una fuente próxima a este caso. Parece reticente a añadir más elementos a su razonamiento. Sin embargo en la profesión legal la insatisfacción con el sistema judicial español y sus vicios de funcionamiento no hace más que crecer. El malestar por la falta de renovación de los órganos del poder judicial.
Las presuntas presiones políticas sobre los jueces. Lo que se presenta como creciente control político del sistema judicial. En su conjunto han creado un estado de opinión que afecta seriamente al sistema judicial español al que la ciudadanía percibe como escasamente independiente.
La increíble evolución de este caso no hace más que alimentar esa desazón y la crispación entre los letrados que forman parte de la acusación popular. Ciertamente el Consejo General del Poder Judicial tiene un servicio de inspección. Es a él a quien corresponde el Control del funcionamiento de los órganos judiciales.