Pero nada tuerce el trasvase de posiciones hacia los fondos. En abril llegaron al sector otros 1.700 millones, de los que casi más de 1.100 corresponden a fondos de renta fija. Miel sobre hojuelas para la gran banca, que sigue sacando el máximo partido a su estrategia de vender fondos de bonos que les dejan suculentas comisiones mientras sigue sin remunerar los depósitos.
El mes de abril fue especialmente fructífero en términos de captación para Santander e Ibercaja y confirma que, a pesar de que los rendimientos están muy lejos de ser extraordinarios, los ahorradores españoles siguen buscando alternativas más rentables para su dinero. Lo que está por ver es la efectividad de este movimiento, porque los mercados están muy dubitativos en las últimas semanas y resulta muy difícil anticipar tendencias.
En cualquier caso, la industria española de fondos ve el camino bastante despejado tras un gran primer tercio del año de captaciones. El sector suma ya 325.000 millones de euros de patrimonio gestionado, un nuevo máximo histórico desde el que es más sencillo afrontar las potenciales incertidumbres derivadas de la ralentización económica mundial y las subidas de los tipos de interés.
Pero mientras celebra el crecimiento de las grandes cifras, el sector también mira por el rabillo del ojo a Bruselas. Está previsto que este mes -podría hoy mismo- la Comisión Europa presente el borrador con las modificaciones de la directiva europea Mifid 2 que podrían suponer nada menos que el final del cobro de comisiones de comercialización por venta de fondos, planes de pensiones y seguros. No se trata de un asunto menor.
Riesgos no calculados
Ni mucho menos. Diferentes cálculos señalan que la banca española se estaría jugando alrededor de 5.000 millones de euros con un asunto extraordinariamente controvertido que ya se verá hasta dónde tiene recorrido. Fuentes del sector confían en que “la sangre no llegará al río y que la propuesta final se limitará a introducir algunas modificaciones, pero sin llegar a suponer una enmienda a la totalidad del marco actual”.
En juego está el diseño del modelo actual de las entidades financieras, que se nutren de los millonarios incentivos por venta de productos (retrocesiones en el argot) en sus propias redes y que según Bruselas generan conflicto de interés y repercuten en un coste mayor para el inversor minorista. Mientras, los diferentes países europeos presionan para que la versión final de la revisión se aleja del escenario más radical.
La cuestión es hasta qué punto será estricta en su borrador la Comisión Europea. En el caso de que se presente este mes -ya ha sufrido algunos retrasos- su aplicación definitiva no sería efectiva hasta dentro de dos años. Pero más allá de los plazos, es evidente que una decisión radical de Bruselas supondría el desmontaje de las actuales reglas del juego de la industria, que está poniendo toda la carne en el asador para conseguir la versión más light posible.