Los autos en cuestión llevan fecha del 24, 25 y 26 de mayo y reflejan el malestar existente en la Fiscalía Anticorrupción y la propia Audiencia Nacional por lo que fuentes jurídicas próximas al caso califican como "maniobras dilatorias" para retrasar el proceso de instrucción de la causa 96/2017 en la que tanto Francisco González y su segundo Ángel Cano figuran como los principales imputados o investigados por haber autorizado y financiado los presuntos actos de espionaje ilegal del ex comisario Villarejo (también imputado y que ha pasado casi cuatro años en prisión preventiva por ello) mientras estaba en activo como policía.
En en el tercero de los autos, a los que www.capitalmadrid.com ha tenido acceso, el magistrado vuelve a reclamar al BBVA de Carlos Torres la entrega de una larga lista de centenares de miles de "hits" (palabras claves en los archivos informáticos) que el banco se han negado a facilitar por entender que carecen de interés para la instrucción de la causa y por considerar que su conocimiento público vulneraría el derecho a la defensa de la entidad, la misma que bajo la presidencia de Francisco González encargó las labores de espionaje desde 2004 al 2017 y por la que abonó más de 13,5 millones de euros.
El BBVA de Carlos Torres, que sucedió a FG en la presidencia, figura imputada o investigada como persona jurídica en la causa y en repetidas ocasiones ha solicitado que se acelere el fin de la instrucción y se abra juicio oral, si procede, por entender que está en juego su reputación y funcionamiento como entidad financiera, sobre todo en Estados Unidos, ante las continuas reclamaciones de información por parte de La Securities and Exchange Commision (SEC).
**Los temibles hits""
Precisamente, el magistrado García Castellón responsabiliza implícitamente al banco de ese retraso por considerar que la información solicitada insistentemente por muchos de los "perjudicados" (entre ellos ex empleados del BBVA como Antonio Béjar o el ex jefe de Seguridad José Corrochano, amigo personal de Villarejo y que fueron tildados por la entidad de desleales o responsables de los encargos) no ha sido entregada.
El juez ha prorrogado la instrucción hasta el mes de agosto porque, según argumenta en el auto, ni los dos fiscales ni los ex empleados imputados ni los que aparecen perjudicados, como los empresarios Luis del Rivero, Domingo Ampuero o Vicente Benedito, amén del ex ministro socialista Miguel Sebastián, no han podido acceder a la documentación interna del BBVA.
En el auto, el magistrado insiste ante el BBVA en la "Puesta a disposición efectiva de los 2,3 millones de hits que fue acordada por auto del 22 de diciembre de 2.022 y reiterada por auto del 31 de marzo de 2.023". En esos hits se menciona explícitamente los centenares de miles de comunicaciones internas del banco sobre Villarejo, entre ellas las del ex dircom Javier Ayuso y su jefe Francisco González y las del actual Paul Tobin con FG y, previsiblemente, las que existen con su sucesor Carlos Torres.
Añade el auto que tanto el juez como la Fiscalía están "a la espera de que el BBVA manifieste respecto de la entrega de la documentación relativa al proceso de salida en los términos del auto del 30 de marzo de 2.023". Por lo tanto, reclama que "se facilite el código de desencriptado al que el Ministerio Fiscal hizo referencia en su escrito del 22 de marzo de 2.023 (Horus P 9: 17.696)”.
Justificación de la prórroga
El magistrado argumenta así la extensión de la quinta prórroga de la instrucción y el rechazo del recurso pertinente del BBVA: “El auto apelado contiene una motivación suficiente sobre las causas que hacen necesaria la prórroga del plazo ordinario de instrucción. De acuerdo con la resolución del Juzgado Central de Instrucción, dichas causas no solamente residen en la falta de cumplimentación de diligencias ya ordenadas, sino en la complejidad de la causa derivada de la voluminosa información pendiente de analizar, buena parte de la cual está contenida en documentos que han de ser traducidos".
En el caso de la solicitud por parte de Francisco González y Ángel Cano para que se cierre la instrucción porque considerar que los delitos han prescrito, el magistrado insiste en que, por un lado, "no ha lugar" a solicitar tal demanda en este momento procesal y, por otro, reitera la argumentación jurídica de que se trata de un delito continuado, ya que el encargo se hizo en 2004 pero no se puso fin al mismo hasta 2017, momento de apertura de la investigación.
El auto del magistrado delJuzgado número 6 de la Audiencia Nacional habla de que, por tratarse de un delito continuado, sí es posible investigar los actos y documentos previos a la fecha que, como del recurso del ex CEO de FG, Ángel Cano, trataba de limitar al año 2010; es decir, seis años después de la contratación de la empresa Cenyt, propiedad del ex comisario Villarejo.
in mencionarla, Cano trataba de hacer propia la estrategia de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, exculpado por la misma Audiencia por prescripción del delito en una contratación de Iberdrola Renovables a la empresa Cenyt. Cano percibió una indemnización escandalosa del BBVA de FG al cesar en su cargo: más de 55 millones de euros.
Curiosamente, la causa 96/2017 contra Villarejo y Francisco González se abrió a instancias del ex fiscal Stampa, mientras estaba en la Fiscalía Anticorrupción (de la que fue luego cesado por supuestas presiones del Gobierno de Pedro Sánchez, según relata en un podstcat que ha elaborado sobre el caso) a raíz de una denuncia anónima en un juzgado Galicia y no, como se insiste en un sector de la prensa, por la serie de los artículos publicados en El País por Javier Ayuso, un próximo colaborador de Francisco González (el John Dean del caso FG), y que el juez García Castellón ha dado la condición, al parecer provisional, de testigo protegido. Javier Ayuso fue posteriormente ex jefe de Comunicación del Rey emérito Juan Carlos I.