En el resto de las autonomías está todo por decidir. Según el barómetro del CIS publicado el pasado día 11, el 30 % de los ciudadanos tomará su decisión durante esta semana. De ser así, lógico que permanezca una incertidumbre tan grande.
Llega uno de los momentos decisorios de la democracia en el que se concreta el mandato de la Constitución, que dispone en su artículo 1º que la soberanía reside en el pueblo. Son los ciudadanos quienes deciden en quien delegar su poder para la gestión de lo público.
El consenso de los sondeos expresa de forma casi unánime que a día de hoy los resultados están muy abiertos. Con una sola excepción, la Comunidad de Madrid. Ni siquiera el CIS contempla la posibilidad de que pueda haber una mayoría de izquierdas que desbanque del Gobierno a su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Los sondeos solo dudan de si Ayuso contará con la mayoría absoluta de los 68 escaños o si necesitará el apoyo o la abstención de VOX para hacerse con la presidencia.
En el resto de las comunidades todas las posibilidades están abiertas. Es cierto que hay tendencias donde uno u otro partido cuenta con mejores expectativas, pero el resultado final en varios de los casos dependerá de que Podemos obtenga o no el porcentaje mínimo para conseguir diputados.
El PP da por hecho que va a ganar por mayoría absoluta en Madrid, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla. También, cree que va a ganar en Cantabria, aunque dependerá de su capacidad de negociación para poder desbancar a Revilla de la presidencia. Y aunque admite que el PSOE puede ganar, es decir ser el partido con más votos y más diputados en Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, en cambio no descarta que pueda gobernar en alianza con VOX.
Del resto de comunidades donde todo aparece más abierto, hay una en la que tienen especial relevancia los resultados porque el PP la considera como su feudo natural y le atribuye un papel clave de cara a las elecciones generales. Se trata de la Comunidad Valenciana donde los populares dan por hecho que resultarán el partido más votado.
Pero el consenso de analistas atribuye un papel decisivo a lo que suceda con Podemos. Si esta coalición liderada a nivel nacional por Ione Belarra consiguiera superar el listón del 5 % para poder acceder a las Cortes Valencianas, el presidente Ximo Puig podría garantizarse un tercer mandato. De no ser así, el líder popular en la Comunidad, Carlos Mazón, tendría muchas posibilidades de hacerse con la presidencia.
También en Aragón el partido más votado, según los sondeos, será el Partido Popular, pero este mismo consenso sostiene que Javier Lambán puede repetir mandato ya que PP y Vox no conseguirían la mayoría absoluta. Aragón existe, al que se atribuyen 4 escaños resultará determinante para la confección del nuevo ejecutivo aragonés. En el caso de Aragón el límite para poder obtener un escaño está en el 3 % de los votos emitidos en la provincia respectiva.
Situación similar se produce en Baleares, donde el PP sería el partido más votado, pero está al límite de poder conseguir la mayoría con los votos de VOX. Así las cosas, su presidenta, Francina Armengol, podría seguir en la Presidencia.
Mejor se presenta la situación en las otras dos comunidades restantes. En Canarias el PSOE será el partido más votado y Ángel Víctor Torres, podría mantener la presidencia con las alianzas que mantiene en la actualidad. Algo similar sucede en Navarra donde su presidenta, la socialista María Chivite, tiene posibilidades de seguir en el cargo con el respaldo de Bildu.
Prohibición de publicar sondeos
Pese a que falta una semana, decisiva para que un porcentaje muy importante de ciudadanos, el 30 % según el CIS, tomen la determinación de por quién votar, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, prohíbe que se hagan públicos los sondeos.
El legislador debe reflexionar sobre esta norma que limita la capacidad del ciudadano para tener una información completa a la hora de ejercer el derecho de voto, como corresponde a una democracia plena como es la española.
Cuesta entender hoy en día la prohibición de publicar sondeos electorales a partir de este lunes, pues no atenta contra principio democrático alguno, por lo que no hay razón alguna que lo justifique. Eliminarlos justo en el momento decisivo de la campaña, justo cuando el ciudadano quiere tener el máximo de elementos para decidir el voto, en caso de que dude, parece un sinsentido.
Si la ley busca evitar la manipulación propagandística, justamente lo que consigue es que quien pretende influir de forma ilegal lo siga haciendo a través de los subterfugios conocidos mediante redes sociales o páginas con sede en el exterior.
Ahora no hay tiempo para cambiar la norma. Pero una vez celebradas las elecciones, el legislador debería fijar fecha para afrontar esta anómala situación que cercena el derecho a la información del ciudadano y acabar con una decisión difícilmente justificable.