Primero ha ocurrido con la energía nuclear y ahora está pasando con la política del agua, algo básico para España donde desgraciadamente las sequías son algo tan corriente en nuestra historia como las guerras fraticidas, y eso sin entrar en el actual sobrecalentamiento de tecnologías renovables, que puede dejar en breve víctimas por todas partes.
Libre de emisiones de CO₂
En el caso de la nuclear, aunque motivada por la coyuntura de la guerra en Ucrania, la Comisión Europea decidió el pasado mes de julio calificar a este tipo de energía como verde y considerarla útil para una transición hacia las energías limpias como fuente libre de emisiones de CO₂, lo que hizo abrigar a algunos la esperanza de que algo podría cambiar en la política nacional respecto a este sector energético en España. Pero no, esa decisión no ha conmovido por ahora al Gobierno español de su posición de cerrar las centrales nucleares.
Al Ejecutivo de Pedro Sánchez no se le ha movido ni una ceja con esta decisión europea, aunque la crisis energética haya elevado numerosas voces a favor de extender la vida de las centrales españolas que siguen en activo y que son el suelo del sistema eléctrico nacional con un 20% de la producción. La ministra Teresa Ribera mantiene los planes de cierre, con un calendario que empezará en 2027 y terminará en 2035 con la clausura de la última central, pese a que la industria nuclear española se está moviendo y metiendo presión al Gobierno para intentar que cambie de criterio.
Garantizar el suministro
De hecho, la Sociedad Nuclear Española (SNE), que agrupa, entre otras empresas, a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, ha emitido un reciente manifiesto con el que reclama al Ejecutivo que retrase los plazos de cierre previstos y eleve la vida de las centrales nucleares españolas, dada la situación de inestabilidad energética.
Y lo justifican en que "estas centrales garantizan el suministro eléctrico las 24 horas todos los días del año y son una fuente estable que opera en base, no dependiente de factores meteorológicos externos como sucede con la mayoría de renovables, ayudando así a la gestión y a la estabilidad del sistema eléctrico". Argumentan también que hay un resurgir de este sector energético y está programándose la construcción de cientos de nuevas centrales en todo el mundo, así como elevando la vida útil de las que existen.
Vayamos ahora con el agua. No deja de extenderse en las últimas semanas con un tono crítico en los medios de comunicación, el desmantelamiento y derribo de numerosas presas en nuestro país, para el asombro de muchos españoles, sobre todo por la situación de grave sequía.
¿Pequeñas presas y taludes?
La respuesta gubernamental, que puede tener cierto sentido, es que se hace sobre todo en pequeñas presas y taludes que no afectan al almacenamiento de agua. Y también que obedece a los objetivos de la Agenda 2030 de la UE, que entre otros asuntos defiende que los ríos deben fluir sin cortapisas y que hay que eliminar obstáculos innecesarios en el cauce tanto por asuntos ambientales y de biodiversidad como por pura política del agua para represarla más adecuadamente.
Creen que todo obedece a una campaña orquestada por la derecha contra el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos aprovechando que además de elecciones hay sequía. Según la vicepresidenta Teresa Ribera “somos el quinto país del mundo en número de presas y embalses y el primer país de Europa en infraestructuras hidráulicas de regulación”, y que lo que está pasando es que se intenta “generar un miedo y una alerta que no es real”. También ha dicho que lo que se ha demolido son pequeños azudes y obras de derivación abandonadas.
Un informe de Dam Removal Progress de 2021 contabilizó que nuestro país destruyó ese año 108 barreras fluviales (como presas, azudes o rampas), casi la mitad del total de 239 que se desmantelaron en toda Europa ese mismo año. En 2022 han sido 148, y en lo que va de 2023, otras 43 en España.
Trasvase Tajo–Segura
La cuestión y nunca mejor dicho es que además llueve sobre mojado, y este asunto de dejar fluir los ríos por su cauce ya ha provocado algún conflicto importante, como la decisión del Gobierno de aumentar el caudal ecológico del río Tajo, que supondrá una disminución de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura a los caudales de Alicante, Murcia y Almería.
Una decisión, que a juicio de los agricultores del Levante y en la que coinciden algunos mandatarios regionales del PSOE como Ximo Puig, creen que provocará la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de casi 6.000 millones de euros del PIB de las regiones afectadas al condenarlas a un fuerte recorte de su producción agraria. Y estamos hablando de unas zonas que muchos consideran la “la huerta de Europa”.
Valdecaballeros y Toranes
Por si esto fuera poco, estas políticas de agua también empiezan a crearle problemas al Gobierno de Pedro Sánchez con sus barones regionales. El presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recurrido ya la orden del Ministerio que dirige Teresa Ribera para demoler la presa en el embalse de Valdecaballeros en Badajoz.
Los vecinos de la zona no están de acuerdo, puesto que abastece a algunos pueblos que tendrían que buscar nuevas captaciones de agua para beber y para sus regadíos. Y en Aragón, también están protestando por el derribo programado de la presa de Los Toranes, que tiene otra orden estatal de demolición tras acabar la concesión de Iberdrola.
En ambos casos, los expertos consultados están asegurando que no tiene sentido destruir estas dos presas y alguna otra más de este mismo tamaño, ya que además de agua para el consumo y la agricultura, ese agua almacenada se utiliza para otros muchos usos, como por ejemplo para luchar contra los incendios o hasta el turismo y el desarrollo regional.
Sistema torrencial
La realidad es que la construcción de presas en España comenzó ya con los romanos y la presa de Proserpina y el embalse de Cornalvo, ambos cerca de Mérida, siguen todavía en uso, lo que da una idea de que el problema del agua viene de bastante lejos.
Por ello, los mismos expertos consultados aseguran que hay que tener mucho cuidado con la trasposición de directivas europeas en nuestro país sobre esta materia, ya que en España no tenemos ríos del tamaño y el caudal de la mayoría de los países europeos, y el agua en España se presenta desde siempre en unas condiciones de irregularidad muy notables, siendo el nuestro un sistema torrencial que se caracteriza por corrientes efímeras pero súbitas, que alcanzan rápidamente su caudal punta e incorporan abundante carga sólida que depositan también de forma brusca al desvanecerse las crecidas.
Por ello sufrimos sequías más largas, que están ampliamente documentadas, y desbordamientos permanentes, lo que nos ha obligado históricamente a una mayor planificación hidrológica, que se centró en gran parte en embalsar y retener el agua disponible.
De hecho, las empresas españolas son junto a las francesas las mayores expertas en todo lo referente a la planificación del agua y venden su tecnología por medio mundo.
Solo habría agua para beber
La realidad es que somos el país de Europa con mayor número de embalses, unos 1.200 repartidos por todas las cuencas. Y no todos los embalses y las presas las hizo Franco para luchar contra la “pertinaz sequía“. Antes del año 1900 ya teníamos unos 150, Franco construyó unos 540, eso sí los mayores, y desde la muerte del dictador se han construido al menos otros 450. Este número de embalses nos permite en la actualidad almacenar unos 56.000 hectómetros cúbicos de agua al año, que es más o menos la mitad de los 106.000 de aportación anual de nuestros ríos.
Y aquí viene un detalle importante para destacar, si no dispusieramos de esos embalses el agua disponible en España sería de apenas el 9% del total existente, que es lo que nos bebemos cada año, por lo que no dispondríamos ni de un litro más para la agricultura y la industria, lo que da una idea de la auténtica importancia de almacenarla.
En estos momentos la agricultura demanda algo más del 80% del agua de los embalses, para algo más de 16 millones de hectáreas cultivadas, de ellas 3,5 millones de regadío. Y aquí tenemos otro problema en ciernes, con los ecologistas demandando a las administraciones a reducir en al menos un millón de hectáreas la superficie de regadío para frenar el riesgo de desertificación y sequía.
Por todo esto y obviamente por la sequía que estamos atravesando, cada vez hay más voces autorizadas pidiendo revisar a fondo la política hidráulica con pactos de Estado de verdad que impidan un uso político de la misma como viene siendo lo habitual. El PP de José María Aznar se cargó el más ambicioso plan hidrológico nacional de Josep Borrell, que conectaba todas las cuencas, y luego el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero se deshizo del trasvase del Ebro que había preparado el PP y apostó por la construcción de numerosas desaladoras en el Levante, que procesos judiciales aparte, no están aún ni al 20% de su capacidad.
Necesaria para el desarrollo
Los expertos hace años que consideran imprescindible elevar los almacenamientos y sobre todo efectuar trasvases de cuencas, pero la configuración autonómica de España no ha cuadrado hasta la fecha con estas recetas para nuestra desgracia. Sin embargo, si están de acuerdo, al margen de la actual sequía, que agua hay para todos, lo que pasa es que está mal repartida.
Actualmente el Ebro vierte al mar Mediterráneo unos 13.000 hectómetros al año y el Duero y el Tajo unos 17.000. Si bien es cierto que el Tratado de Albufeira firmado con Portugal nos obliga a que las cuencas de los ríos que pasan por el país vecino lleven un mínimo anual de 2.700 hectómetros cúbicos, la realidad es que hay mucho margen todavía para aprovechar todo ese caudal que se vierte al mar para desarrollar nuestra economía en todos los sentidos.
Es indudable que donde hay una presa y agua embalsada hay electricidad y que donde llega un canal con agua no solo hay cultivos de regadío o secano, también hay verde, hay árboles, hay una lucha más efectiva contra la desertización, un mejor medio ambiente y también hay industria, hoteles, turistas, hasta casas, en definitiva riqueza, que es lo que necesitamos y en lo que todos deberíamos estar de acuerdo.