El director financiero, José Sáinz Armada, lo ha dejado claro ante los analistas. “El acuerdo es positivo para el Gobierno de México y para la compañía”, pues gracias a la desinversión, “mejorará su fortaleza financiera”. Además, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, verá resuelto la guerra que mantenía desde hace tiempo con López Obrador por el conflicto que tenía con la Comisión Reguladora de Energía.
Desde la compañía, se ha reconocido que los frentes regulatorios que existían con el Gobierno quedan resueltos, ya que gran parte de los mismos habían sido provocados por algunos de los activos eléctricos que serán vendidos. “En este sentido, podemos decir que estamos casi libres de cualquier problema con el Gobierno”, han subrayado.
De momento, Iberdrola ha sellado un acuerdo de intenciones con la sociedad estatal México Infraestructure Partners (MIP) por el que se compromete a vender 8.539 MW de capacidad instalada, la mayoría -unos 8.436 MG- ciclos combinados de gas. Los otros 103 megavatios restantes son eólicos. La venta asciende a 6.000 millones de dólares, unos 5.478 millones de euros.
En el Ebitda de 2023, tendrá un impacto de -500 millones de euros y se prevé un efecto negativo de 90 millones de euros en el beneficio neto de 2024. A pesar de este impacto, el grupo mantiene invariables sus previsiones de resultados. Respecto a las posibles plusvalías, no han sido evaluadas, ya que están pendientes de cómo se estructure la venta.
La operación cuenta con el respaldo financiero del Fondo Nacional de Infraestructuras de México y otras entidades vinculadas al Gobierno de López Obrador.
Mejora de los ratios financieros
La transacción supondrá una mejora en los ratios financieros de Iberdrola y permitirá a la compañía afrontar con más calma el elevado endeudamiento que arrastra. La deuda neta de la compañía ascendía a final del pasado ejercicio a 43.749 millones de euros y para este año estaba previsto se situase entre los 44.000 y 45.000 millones de euros. Todo ello, sin contar con el desemobolso que Iberdrola tendrá que hacer ante la posible operación de la norteamericana PNM Resources por parte de Avangrid.
Galán se ha comprometido también ante los accionistas de que el dividendo crecerá en línea con el beneficio neto (65-67%), con una previsión de entre 0,55-058 euros por acción en 2025, con un suelo de 0,46 euros en 2023-2024 y 0,50 euros en 2025. Por tanto, la venta facilitará el cumplimiento ante los accionistas.
La eléctrica adelanta, por otro lado, el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico sobre venta de activos no esenciales para el crecimiento del grupo y la búsqueda, en cambio, de socios para proyectos con fuerte potencial.
Paralelamente al recorte de la deuda y la solidez financiera que se ha marcado el equipo directivos, la presión que hay sobre el valor de la acción de la compañía es cómo afrontar el macroplan de inversiones que la energética tiene en marcha. Por eso, desprenderse de activos en parte innecesarios y que están instalados en un país con una regulación inestable, era un paso que Galán tenía que dar con urgencia.
Inversiones muy elevadas
Iberdrola se ha propuesto invertir 47.000 millones de euros en el periodo 2023-2025 para impulsar la transición energética, el empleo y las emisiones cero en carbono. El 80% de estas inversiones se destinarán a países con calificación crediticia A, marcos regulatorios estables y objetivos de electrificación. Estados Unidos será el país que recibirá una mayor partida de inversiones con el 47% de las mismas.
Los directivos de Iberdrola han recalcado que Estados Unidos es el país al que están dirigiendo la mayor parte de sus inversiones. “Obviamente, hay nuevas oportunidades en otras partes del mundo, pero hasta ahora hemos dicho o pensamos que EEUU es probablemente el país que ofrece más oportunidades a medio y largo plazo”.
Reino Unido será el segundo país donde Iberdrola apostará con un 16% de las inversiones previstas y España el tercero. La eléctrica impulsará la diversificación geográfica a través de un enfoque adicional en países como Alemania, Francia y Australia a los que destinará el 13% de los 47.000 millones anunciados por el máximo ejecutivo de la compañía.
Según el actual plan estratégico, el crecimiento de la compañía estará centrado en redes eléctricas donde se destinarán unos 27.000 millones de euros hasta alcanzar una base de activos de 56.000 millones de euros en 2025. El negocio de renovables será muy selectivo con una partida de 17.000 millones y una previsión de lograr los 52.000 MW al final del periodo.
Para este año, las inversiones esperan llegar hasta los 11.000 millones de euros, lo que permitirá aumentar la capacidad renovable instalada en 3.000 megavatios. La eléctrica alcanzó los 4.000 MW renovables operativos en 2022 y dispondrá de otros 7.767 MW más en operación en los próximos cuatro años.