Monitor de Latinoamérica

El Gobierno Arce ad­mite que el país an­dino atra­viesa una etapa de di­fi­cul­tades

El deterioro económico de Bolivia inquieta a los inversores españoles

Una po­lé­mica ley per­mi­tirá al banco cen­tral vender oro para for­ta­lecer re­servas

Luis Arce, pte. de Bolivia.
Luis Arce, pte. de Bolivia.

Pintan bastos para la eco­nomía bo­li­viana, afec­tada por se­rias tur­bu­len­cias que se agravan por la lucha po­lí­tica en el go­ber­nante Movimiento al Socialismo (MAS) entre los par­ti­da­rios del pre­si­dente Luis Arce y los del ex man­da­tario Evo Morales, fun­dador del par­tido iz­quier­dista y ‘padrino po­lí­tico’ del pri­mero. El Ejecutivo ad­mite que hay di­fi­cul­tades mien­tras caen las re­servas in­ter­na­cio­na­les, au­menta la es­casez de dó­lares y el cre­ci­miento se re­siente en un país que dista de re­cu­perar la con­fianza de los in­ver­sores in­ter­na­cio­na­les, es­pe­cial­mente los es­paño­les.

España fue en 2022 tercer inversor en Bolivia, aunque los montos distan de ser altos. En 2020 la inversión llegó a 64 millones de dólares; en 2021 a 159 millones y en el primer semestre de 2022 a 65 millones. En Bolivia están BBVA, Cobra, Elecnor, Acciona, Mapfre, Repsol, Sacyr, Monsanto, Clerph, Tubacero, Técnicas Reunidas, Rubau… La relación de Bolivia con las firmas españolas ha venido mejorando en los últimos años, tras una era de conflictos, con expropiaciones a Repsol, REE (hoy Redeia), Iberdrola y Aena-Abertis.

De momento, el Gobierno Arce parece haber calmado la situación con una controvertida Ley de Compra de oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales en la Asamblea, cuya aprobación en polémica sesión aplazada en cuatro ocasiones por desórdenes, logró disparar los bonos en dólares.

El proyecto fue aprobado por 54 votos a favor y, de ser refrendado en el Senado podría aliviar la escasez de dólares que afecta a la economía en los últimos meses y alarma a los inversores. La norma permitirá al Banco Central de Bolivia (BCB) vender reservas de oro para monetizarlas y aumentar reservas. La oposición acusa al MAS de irregularidades y cuestiona que se aprobara ‘en grande’ con 54 votos, cuando eran necesarios 60.

En los últimos meses ha crecido la incertidumbre en Bolivia por la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) al nivel más bajo desde 2014. Y se ha disparado la demanda de dólares en un país donde el ‘billete verde’ es prácticamente la segunda moneda en curso: miles de bolivianos se han lanzado a comprar dólares, ante el temor de su escasez, para mantener sus ahorros. La caída de reservas, debida al descenso exportador y el contexto de global inflación, crea temor. En marzo, el banco central decidió vender dólares directamente a la población ante su penuria en las casas de cambio.

Modelo agotado

‘The Economist’ ha destacado que Bolivia está al borde de la crisis económica, con un modelo en quiebra (el impulsado en los últimos 17 años por el MAS) y que Arce no tiene salida fácil. La revista alertó de que el BCB dejó de publicar datos de RIN en febrero. Y que hay gran inquietud entre los inversores por la situación. La falta de dólares, que la oposición atribuye al agotamiento de divisas y Arce a la especulación, ha elevado la incertidumbre económica en un país que durante más de una década vivió un llamado ‘milagro económico’ por el récord exportador, un crecimiento anual medio del 4,6% y baja inflación.

El Gobierno reconoce que la economía tiene problemas y que las fricciones del MAS en el Legislativo imposibilitan la reconstrucción, al mantener bloqueada la aprobación de dos proyectos para la obtención de créditos por 630 millones de dólares: uno para un crédito del BID por 500 millones y otro para un crédito de 130 millones de Japón. Morales acusa a Arce (‘cerebro’ del ‘milagro económico’ de 2006-17 como ministro) de no defender el modelo económico creado en 2006-19 y de “someterse” a los “organismos del imperio” y endeudar al país.

Según The Economist, la escasez de dólares se debe a factores externos como la contracción de los mercados financieros mundiales y un alza de tipos de la Fed que dificultan el acceso del país a créditos. Y a una guerra en Ucrania que ha duplicado el coste de importar combustible a 4.000 millones (10% del PIB). “El Gobierno comenzó a recurrir a sus reservas para apuntalar el cambio del boliviano (en 6,96 por dólar desde 2010) y para subsidiar el combustible. El modelo económico “está en quiebra, casi en colapso”, según la publicación, que dice que las políticas estatistas frenaron la inversión privada en energía y, pese a ello, el Gobierno se negó a realizar ajustes cuando cayeron los precios del gas, recurriendo al endeudamiento y al uso de RIN para financiar subsidios.

En este contexto, “la deuda pública se duplicó desde 2014 y bordea el 80% del PIB. Bolivia tiene, además, un déficit fiscal alto desde hace una década: el 7% del PIB. Las políticas estatistas y populistas han inhibido la inversión. En 1999, la entrada neta anual de IED suponía el 12% del PIB. Tras la privatización de la energía en 2006 bajaron y desde 2014, la media es de apenas el 0,7%.

En este marco, S&P ha bajado la nota de la deuda a largo de Bolivia de B a B- por el deterioro de la liquidez externa. Y, la ha colocado en perspectiva negativa, por lo que hay riesgo de otro recorte. Según S&P, la presión sobre las reservas contribuye a elevar los riesgos de liquidez exterior y la división política restringe la capacidad del Gobierno para medidas que reduzcan la debilidad.

las subvenciones, un problema

Arce afirma que no retirará la millonaria subvención al carburante, ante el temor a un estallido social, culpa a la guerra en Ucrania de la turbulencia y confía en que la economía resistirá. “Bolivia crece y tiene la menor inflación del área”, ha dicho. Pero, mientras que sostiene que el PIB crecerá el 4,8% en 2023, el FMI augura un 1,8% (tras bajar la proyección desde el 3,2%). El BM ha bajado su previsión del 3,1% al 2,7% para este año y la Cepal, del 2,9% al 2%. En 2022, Bolivia creció el 3,5%, tras rebotar en 2021 después de la recesión de 2020.

Tras años en los que las exportaciones de gas impulsaron el crecimiento en la era Evo (2006-19) y permitieron a Bolivia las mayores reservas de divisas de su historia (pasaron del 12% del PIB en 2003 al 52% en 2012), la producción viene cayendo desde 2014 y el país se convirtió en 2022 en importador neto de energía. El sector requiere grandes inversiones y Bolivia no ha sido en los últimos años destino atractivo por la burocracia, altos impuestos y el miedo a otro 2006, cuando Evo nacionalizó yacimientos y las firmas se vieron obligadas a firmar contratos con la estatal YPFB y a ceder el control mayoritario.

España fue en 2022 tercer inversor en Bolivia, aunque los montos distan de ser altos. En 2020 la inversión llegó a 64 millones de dólares; en 2021 a 159 millones y en el primer semestre de 2022 a 65 millones. En Bolivia están BBVA, Cobra, Elecnor, Acciona, Mapfre, Repsol, Sacyr, Monsanto, Clerph, Tubacero, Técnicas Reunidas, Rubau… La relación de Bolivia con las firmas españolas ha venido mejorando en los últimos años, tras una era de conflictos, con expropiaciones a Repsol, REE (hoy Redeia), Iberdrola y Aena-Abertis.

Bolivia entreabrió la puerta a la IED desde 2015, en infraestructura, energía y minería, pero persiste la inseguridad jurídica en un país donde, además, la Constitución fija la gestión y propiedad exclusiva del Estado en recursos naturales. Hace poco, el embajador español, Francisco Javier Gassó dijo que Bolivia debe repensar el marco regulatorio para atraer inversión petrolera y pidió un nuevo pacto de protección recíproca de inversiones. Según Gassó, hay gran interés inversor en energía, salud, turismo, transporte y construcción

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