No obstante, la proporción de deuda pública con respecto al tamaño de la economía de España se moderó en el último trimestre de 2022 desde el 115,6% del PIB observado en el tercer trimestre hasta el 118,3% del mismo periodo de 2021.
De este modo, el nivel de deuda soportado por España en el cuarto trimestre de 2022 era el cuarto más alto entre los Veintisiete, sólo por detrás de Grecia (171,3%), Italia (144,4%) y Portugal (113,9%). Por contra, los niveles más bajos de endeudamiento se observaron en Estonia (18,4%), Bulgaria (22,9%) y Luxemburgo (24,6%).
En el conjunto de la UE, la ratio de deuda pública se situó al final del cuarto trimestre de 2022 en el 84% del PIB, por debajo del 85,1% del tercer trimestre y del 88% del mismo periodo de 2021.
Asimismo, entre los países de la eurozona al cierre del cuarto trimestre de 2022 la deuda pública alcanzó el 91,6% del PIB, frente al 93% del trimestre anterior y el 95,5% de un año antes.
En cifras absolutas, el volumen de deuda de la UE se situó en 13,27 billones de euros, frente a los 12,79 billones del año anterior, mientras que en la zona euro la deuda sumó 12,21 billones de euros, por encima de los 11,76 billones del cuarto trimestre de 2021.
DÉFICIT. Por otro lado, España registró al cierre de 2022 un saldo presupuestario negativo de 63.776 millones de euros, equivalente a un déficit del 4,8% del PIB, frente a los 82.946 millones o el 6,9% del PIB de déficit en 2021.
En el conjunto de la UE, el desequilibrio presupuestario negativo en 2022 fue del 3,4%, frente al 4,8% del año anterior, lo que equivale a una saldo negativo de 532.558 millones de euros.
Entre los países de la zona euro, el déficit se relajó al 3,6% del PIB o 484.115 millones de euros, frente al 5,3% de 2021.
De esta manera, sólo Italia (-8%), Hungría y Rumanía (ambos -6,2%) y Malta (-5,8%) registraron déficit mayores que España, mientras que Dinamarca (+3,3%), Chipre (+2,1%) e Irlanda (+1,6%) contabilizaron los mayores superávit.
La Comisión Europea tiene previsto eliminar a finales de 2023 la suspensión de las reglas fiscales, vigente desde la pandemia de Covid-19, para establecer un periodo de transición previo a la aprobación del nuevo marco con sendas fiscales adaptadas a cada Estado miembro, a los que volverá a exigir que el déficit máximo no supere el 3% para 2026.