Esto es lo que va a pasar en España cuando el Gobierno y sus socios aprueben la anunciada y asquerosamente electoral nueva ley de vivienda, sobre la que el PSOE y Podemos dicen que llevan meses negociando, pero que finalmente han tenido el honor de presentar desde el Congreso a todos los ciudadanos esas dos patrióticas formaciones políticas que son Bildu y ERC, dedicadas desde siempre, como todos sabemos, a ‘pensar en el bien de España por encima de todo’.
Algo así sería impensable en cualquier otro lugar de Europa. Un danés, un alemán y hasta un francés no podrían entenderlo, y para ellos esto de hacer una cosa y la contraria 30 años después, sería algo de marcianos, suponiendo que estos existan, pero no para nosotros. No obstante, se trata de una realidad lacerante que desgraciadamente vivimos desde hace mucho tiempo, no solo bajo el actual Gobierno, aunque sea del género de ciencia ficción.
Cambios de opinión
Cualquiera puede entender cambios de opinión de un partido político y comprender que el hecho de gobernar a veces obliga a asumir decisiones que antes nunca pensabas que tendrías que llegar a tomar.
Recordar al PSOE de Felipe González renunciando al marxismo para clarificar el espacio político y llegar al poder o hasta el referéndum sobre la OTAN, que casi parte en dos el partido, pero que se hizo con valentía y decisión y luego no fue tan penalizado por sus votantes como se esperaba, ya que después hubo Felipe González para rato.
Pero es que con este Ejecutivo de Pedro Sánchez, la cosa está llegando a un cierto paroxismo y sus propios votantes ya no son capaces de cambiarse de ADN de la noche a la mañana, tan rápidamente como lo decreta el líder supremo. No sería nada bueno para España una fractura en el PSOE, pero desgraciadamente a este partido centenario se le están rompiendo algo más que las costuras.
Habría que preguntarse ¿qué pensarán Josep Borrell y Cristina Narbona de la nueva ley de vivienda que quiere aprobar cuanto antes el Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos? ya que fueron ellos los que sacaron adelante, y con muchas dificultades, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 1994. Y es lícito hacerse esta pregunta porque ambos siguen siendo políticos muy importantes y siguen en activo.
Josep Borrell es actualmente el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como vicepresidente de la Comisión Europea, y Cristina Narbona es senadora por Madrid y vicepresidenta primera del Senado, además de presidenta del Partido Socialista Obrero Español, eso es presidenta del PSOE.
‘Decreto Boyer’ y LAU de 1994
Ambos, Borrell como ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y Narbona, como secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, fueron los máximos responsables, aparte del entonces presidente del Gobierno, Felipe González y, por supuesto, de todo el área económica de aquella era de poder socialista, de liberalizar de verdad el sector inmobiliario español con la nueva LAU aprobada en 1994, y que de una forma muy moderada y con largos plazos para el vencimiento de esos contratos, desreguló de forma pautada el mercado de alquileres en España. Dudo de que ambos puedan entender una ley tan intervencionista como esta, que no soluciona los graves problemas que habría que abordar con urgencia, y que al contrario, los agravará al distorsionar totalmente el mercado.
Antes de ellos, en el primer Gobierno de Felipe Gónzález, el ya fallecido Miguel Boyer desde la cartera de Economía y Hacienda aprobó el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, más conocido como ‘Decreto Boyer’, que suprimió de un plumazo el carácter forzoso de la prórroga de los arrendamientos urbanos. Hasta entonces la duración de los contratos se iba prorrogando hasta agotar las subrogaciones legales por fallecimiento del inquilino, que llegaban a varias generaciones, suponiendo una violación directa al derecho de propiedad de los propietarios y a la libertad de mercado, eso sí perpetuada por un régimen autoritario y dictatorial al que eso le importaba un pimiento y que gustaba de hacer política social con el dinero de otros.
Alquileres congelados
De hecho, Francisco Franco mantuvo congelados los alquileres de viviendas en España prácticamente todos los años que estuvo en el poder y nadie se atrevió a tocarlo hasta la llegada de los socialistas. El PP de entonces, puede que Alianza Popular, pese a que no se opuso a la nueva LAU, tenía claro que todos estos cambios de envergadura, como los arrendamientos o las reconversiones industriales y otros cuantos marrones económicos más que había dejado la Dictadura eran asuntos que le tocaba cambiar al PSOE para sacar a España de la autarquía y meterla en el siglo XXI. Y sus apoyos a todos esos cambios fueron de aquella manera. Pero la gente no es tonta y así les lució el pelo a los populares electoralmente hablando durante tantos años.
Este Gobierno lleva tiempo apuntando maneras y su sensibilidad en esta materia al limitar la subida del alquiler al 2% cuando comenzó la pandemia del coronavirus y luego prolongarla hasta el 31 de diciembre de este año con una inflación que ha llegado a estar en el 9%.
Eso sí, sin incluir ningún tipo de compensación a los arrendatarios como han hecho otros países como Portugal, lo que ya le están demandando las asociaciones de propietarios, por cierto dirigidas por el exministro socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos, como presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), una organización impulsada por las grandes inmobiliarias españolas que dice que prepara un aluvión de reclamaciones patrimoniales contra el Estado por daños y perjuicios, ya que no se da a los propietarios ninguna compensación a cambio, como, sin embargo, sí se ha hecho, por ejemplo, con los proveedores de energía.
Sin duda que existen graves problemas para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna, pero eso no se arregla rompiendo en pedazos el mercado y con ocurrencias de última hora. Como la lanzada por el Gobierno en paralelo a la ley de vivienda, los 50.000 pisos de la Sareb que prometen poner en el mercado, cuando la mayoría no están construidos o lo están en zonas donde no viven las personas que los necesitan. Así no se hace nada más que una mala y mentirosa campaña electoral.
Reducción de oferta
Y respecto a prohibir que las rentas se acompasen a la inflación, pues ya se sabe lo que traerá. Lo han dicho todos los expertos, que además han analizado lo que sucedió en ciudades que han hecho políticas de este tipo. Con toda seguridad una reducción de la oferta de alquiler y una subida de los precios tanto del arrendamiento como de las ventas de viviendas, al retirar los propietarios sus inmuebles del mercado y probablemente ponerlos a la venta.
Probablemente una gran parte de la solución pase por construir más viviendas donde se necesiten, incluida mucha vivienda social, como se ha hecho en otros países europeos donde además la mayoría de las personas viven en alquiler, como es el caso de Alemania. Y por supuesto también una política de incentivos y no de penalizaciones no solo a los posibles arrendadores o compradores, sino también a los constructores y promotores de estas casas, cosa que ya se ha hecho en otros tiempos en España.
Pero para poner en marcha todo eso hace falta planificar de verdad, ser serios y hacer políticas a largo plazo, estables y continuadas en el tiempo y que preferiblemente cuenten con el respaldo de los grandes partidos políticos, sin duda pactos de Estado si fueran necesarios dada la importancia del asunto. Pero eso aquí, en el país de la falta de previsión y el cortoplacismo se antoja bastante difícil, ya lo hemos abordado en otras ocasiones. Realmente muy complicado en España, con una clase política que salvo honrosas excepciones en vez de sumar lo que hace es restar, además de trampas.