En un escrito que lleva fecha del pasado lunes, 17 de abril de 2023, remitido por los abogados del BBVA -entidad investigada en la causa 96/2017 por presuntas responsabilidades civiles y penales- se solicita al magistrado García Castellón, juez instructor de la causa, que ponga fin a las diligencias previas y reclama que se cierre el caso cuanto antes, por entender que se han practicado ya todo tipo de pruebas e investigaciones.
Resulta llamativo, según destacan fuentes judiciales, que sea el BBVA el que reclame a estas alturas el final de la instrucción cuando ha sido el propio banco el que, de acuerdo a las peticiones sucesivas de información y datos por parte de de la Fiscalía y la Audiencia Nacional, ha sido la entidad que preside Carlos Torres el gran responsable del retraso y el alargamiento de la misma.
Esta claro que al actual presidente del BBVA, propuesto para el cargo por su predecesor Francisco González, imputado principal en la causa, no le gusta la decisión del magistrado de prorrogar la instrucción. De hecho, el magistrado, en un auto del pasado día 10 de abril, requirió a las partes que se pronunciaran ante la decisión de la sala 6 de la Audiencia Nacional de proponer una "prórroga del plazo de instrucción conforme a lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Los abogados del BBVA señalan la imposibilidad técnica de continuar con la instrucción ya que consideran que "Después de 4 años de instrucción, 7 prórrogas completas y de 26 tomos con casi 9.000 folios, más de 16.000 acontecimientos procesales, más de 120 Gigabytes de documentación adjunta (sin computar los 2,3 millones de hits aportados por esta parte a los autos) e incluso una entrada y registro que solo condujo a la obtención de un documento que ya estaba hasta 8 veces en las actuaciones, no puede sostenerse que sea necesario practicar ninguna diligencia más. Y menos aún que esas hipotéticas diligencias tengan la condición de esencialidad que el Ilmo. Instructor ha exigido, con todo acierto, en numerosas resoluciones".
Sebastián contra la opinión deCano
Más reciente es el escrito de Miguel Sebastián, ex ministro de Industria con el Gobierno socialista de Zapatero, y que está personado como perjudicado en el caso. Sebastián, que fuera jefe de Estudios del BBVA bajo la presidencia de Francisco González, fue despedido sin contemplaciones del BBVA. por Francisco González bajo el argumento, nunca explicitado en ningún sitio, de que sus informes económicos no eran nada favorables al Gobierno de José María Aznar.
Tras su salida del BBVA y después de estar en la Moncloa con el Gobierno de Zapatero, Sebastián fue espiado y "despedezada" su imagen pública y familiar por su condición sexual, siendo meritoria la entereza que mostró en su declaración como perjudicado ante el juez y los fiscales respecto a las humillaciones sufridas dentro y fuera del banco por altos responsables de la entidad.
Muy silente en el ejercicio de su derecho constitucional a la defensa, Sebastián rompe su silencio para requerir al juez y fiscales que rechace los argumentos del ex consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, durante la presidencia de FFG, en favor de que se le "desimpute" en la causa por entender que los delitos investigados han prescrito. El escrito de Sebastián insiste que se trata de un "delito continuado" y que no puede separarse a unos y otros investigados en el caso.
Señalan los abogados de Sebastián al juez: "Que tenga a bien admitir el presente escrito, por hechas las manifestaciones que en su cuerpo se contienen y, en consecuencia, desestime la petición de sobreseimiento libre respecto a Ángel Cano, ordenando seguir la causa por sus propios trámites hasta su conclusión final, con los demás pronunciamientos que procedan con arreglo a Derecho".