Más ingresos presupuestarios mientras crecen las exportaciones de mercancías y servicios es un indicador fiable de la salud empresarial y de la mayor disponibilidad de fondos para sostener la sanidad pública o apoyar a los más desfavorecidos.
Desgraciadamente el gobierno se enreda en sus aspiraciones y se olvida de los buenos resultados que, precisamente, coinciden con el periodo de su mandato, aunque no todo el monte sea orégano.
Hay un problema de vivienda. Los milenials no encuentran casa. No se han construido viviendas sociales en cantidades significativas a pesar de la enorme disponibilidad de terrenos en los márgenes de la ciudad. Unas ciudades que se acaban de repente a diferencia por ejemplo de lo que sucede en otros países europeos.
Faltan viviendas donde se necesitan y la ocurrencia gubernamental consiste en sacarse del sombrero 50.000 casas que no están todavía disponibles o se encuentran alejadísimas de donde hacen falta. Sería más serio y honesto reconocer el problema junto al olvido de haber olvidado la construcción de viviendas sociales. No han sido fáciles los últimos años con la pandemia, el encarecimiento de las materias primas energéticas y las amenazas de recesión. Los alquileres están congelados, sólo pueden subir el 2% cuando la inflación duplica o triplica ese incremento. Un incremento modesto que no invita a poner más casas en alquiler sino más bien a venderlas. Continuar con otra limitación, el 3% de subida, acentúa el incentivo para cambiar alquiler por venta.
España, como los Estados Miembros de la UE, es una economía de mercado en la que el Estado cuida muy en especial de sus ciudadanos más desfavorecidos. Ayudas directas para las rentas bajas y construcción de viviendas sociales. Lo que no es España es un Estado intervencionista
Arena en las ruedas
Poner palos en los engranajes del mercado no ayuda. Los gobiernos de Franco o Salazar ya utilizaron el recurso de la congelación por motivos sociales. Desapareció el mercado de alquileres y muchas viviendas en los barrios de muchas ciudades se deterioraron. La llamada ley Boyer revivió el mercado. Se renovaron viviendas y se contrataron más alquileres. Lo que ha faltado han sido las viviendas sociales. Ayuntamientos y comunidades autónomas son más que corresponsales de estas carencias.
La desconfianza con los patrimonios, cinco viviendas en un barrio periférico, o la arbitrariedad autonómica para gravar cualquier forma de patrimonio o decretar su exoneración además de generar un dumping nacional es un anacronismo europeo.
Bravo por intentar subsanar los efectos nocivos de la ley en defensa de las mujeres, pero atención a los intervencionismos propios de regímenes totalitarios, fascistas o comunistas, que generaron también un estropicio inmobiliario. Las jóvenes y jóvenes políticos quizá no son conscientes de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Repasen lo sucedido el La Unión Soviética o en los bien llamados Países Satélites. Tampoco estaría mal que se felicitasen por la buena salud de la economía española.