El propio ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio José Prado, ha admitido que existen inversores internacionales que están a la espera de ver cómo se resuelve el juicio político abierto por la oposición en la Asamblea Nacional contra el presidente Guillermo Lasso para realizar sus inversiones en el país, y que estas han quedado “en compás de espera”.
España es segundo inversor en Ecuador, tras haber sido en 2020 el primero, con 304,9 millones, si bien con montantes muy inferiores a los que se dirigen a los grandes mercados del área. En stock, España es el segundo país europeo, con un stock de 1.800 millones. En Ecuador operan más de 160 empresas, en áreas estratégicas como energía, telecos, alimentación, infraestructura y turismo. Entre ellas, Acciona (metro de Quito), Mapfre, ACS, OHLA, Sacyr, CAF, Globalia, Isabel, Pescanova, Indra, Iberia, Inditex y Mango. Telefónica ha decidido dejar el país y Repsol también saldrá de Ecuador tras 20 años.
A finales de marzo, la Corte Constitucional admitió la solicitud de juicio político presentada por una mayoría de la oposición contra Lasso por el presunto delito de peculado o malversación de fondos. Y, tras la luz verde del tribunal, la Asamblea Nacional se apresta, dentro de un plazo de 45 días, a presentar un informe y votar la destitución de un presidente al borde del abismo, pese a negar las acusaciones y tacha la iniciativa de intento de la izquierda de desestabilizar al Gobierno y de “golpe de Estado parlamentario”. La Corte decidió no admitir otras dos acusaciones que también le imputaba a Lasso la oposición liderada por el expresidente Correa (2007-2017).
Un mandato difícil
La iniciativa de llevar al mandatario a juicio político llegó a la Corte tras pasar por varias instancias en la Asamblea, una de cuyas comisiones revisó una investigación policial sobre supuestos nexos entre el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, con funcionarios públicos supuestamente vinculados a redes de corrupción y narcotráfico. En concreto, se acusa a Lasso de haber tolerado que se cometiera el delito de peculado en unos contratos de la naviera estatal Flopec, algo de lo que aparentemente fue advertido y no impidió.
Aunque se especula con que Lasso pueda invocar el artículo 148 de la Constitución, conocido como ‘muerte cruzada’, con la meta de disolver la Asamblea y convocar (inciertas) elecciones generales, se prevé que en un mes la Asamblea, de mayoría opositora, admita el proceso y una eventual moción de censura que requiere dos tercios (92 votos) de los 137 diputados para triunfar. Si prospera, el vicepresidente Borrero sustituiría a Lasso hasta 2025.
En los últimos meses, Ecuador ha sido sacudido por protestas y paros masivos, especialmente en junio de 2022, mes en el que Lasso sobrevivió a un intento de la Asamblea de destituirlo en medio de un paro indígena que condujo a manifestaciones violentas de tres semanas. Lasso, quien asumió en 2021, no está teniendo un mandato fácil tras su exiguo triunfo electoral. Ha heredado los zarpazos de la inestabilidad social y política de Ecuador en los últimos años, con tres presidentes destituidos entre 1997 y 2005; un poderoso movimiento indígena y protestas que ya desestabilizaron a Lenín Moreno, en 2019.
Lasso ya sufrió a comienzos de 2022 un varapalo, al rechazar y archivar la Asamblea la Ley de Inversiones, su proyecto estrella para impulsar la llegada de capital exterior. Desde entonces ha venido recomponiendo la estrategia para impulsar la norma y la figura de las Alianzas Público-Privadas (APP), parte esencial de la ley, y convertir a Ecuador en “imán” para la IED. Con esta iniciativa, Lasso esperaba atraer 30.000 millones de dólares en inversión y crear dos millones de empleos impulsando las APP en planes estratégicos. Sin embargo, en la Asamblea votaron en contra UNES (primera fuerza del Parlamento y pro-correísta), el indigenista Pachakutik e Izquierda Democrática.
Ley de Inversiones
Tras un año tratando de aprobar otra versión de la Ley, el proyecto llegó en partes a la Asamblea, la primera de los cuales, la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, fue aprobada por unanimidad en diciembre. Para ello hubo que eliminar todo posible beneficio fiscal a la inversión en renovables. En 2020, la Ley fue tildada por la oposición de “privatizadora”, pese a incluir prohibición expresa de venta de activos estatales.
Quito trabaja ahora en actualizar el portafolio de proyectos y ha subido a 38.000 millones en 4 años la meta de atracción de inversión. Y busca mejorar la legislación inversora vigente con reformas reglamentarias vía decreto, al tiempo que no excluye enviar de nuevo un proyecto similar al rechazado cuando constate un clima político propicio.