Queda por conocer todo sobre cuándo y cómo se pondrán a disposición de ayuntamientos y comunidades autónomas estas 50.000 viviendas. La promesa, que se anticipa a la agenda prevista por la Sareb, solo busca votos, denuncian desde la oposición.
Todo lo que se atrevía a concretar este lunes sobre el proyecto ante las cámaras de TVE la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, de quien depende la Sareb, es que desde enero “ha habido acciones para aprovechar las viviendas, seguir preparando para ese posible uso de alquiler social, también para hacer una política de acompañamiento de las personas vulnerables que ya están habitando las viviendas de Sareb, y también para movilizar los suelos disponibles”.
Las cifras no salen
Detrás de esos balbuceos de la vicepresidenta primera del Gobierno está el problema de que las cifras no salen. De nuevo se hacen patentes las diferencias internas entre los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una nueva contradicción que ya había anticipado el propio Ejecutivo.
Las diferencias en este caso se producen entre el ministerio de Transportes, de quien depende la política de vivienda, y el ministerio de Economía ,de quien depende la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) desde que el 5 de abril del año pasado se formalizara la adquisición de un 4,24% de su capital social por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, (FROB). Con esta operación el FROB conseguía la mayoría del 50,14% de la Sareb, haciendo efectiva la toma de control de la sociedad por parte del Gobierno.
El plan, al Consejo de Ministros
Ante la falta de datos que no ha aportado la vicepresidenta del Gobierno, fuentes de Moncloa han tenido que anticipar que el Consejo de Ministros de este martes aprobará poner 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas e impulsar el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promover la construcción de hasta otras 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.
En definitiva, el gran plan de la vivienda de Pedro Sánchez es ofrecer 21.000 viviendas a municipios y comunidades para impulsar el alquiler. Las otras 14.000 ya están ocupadas y las 15.000 restantes habrá que construirlas. Teniendo en cuenta los lentos procedimientos administrativos de aAyuntamientos y Comunidades Autónomas hay que concluir que “para larga me lo fiais, querido Sancho”.
Un exfuncionario de la Sareb, encargado de realizar la auditoría legal de las viviendas que se habían transmitido a la Sareb tras la crisis de las cajas de ahorros, recordaba en las últimas horas cómo a mediados de la década pasada “lo que más abundaba en los activos de la Sareb eran secarrales, viviendas a medio construir, viviendas okupadas y viviendas obtenidas de los desahucios de quienes no pudieron afrontar sus compromisos con las cajas de ahorros y bancos. La situación puede que no haya mejorado mucho”, concluía este antiguo servidor público.
Habrá que esperar a que concluya el Consejo de Ministros de este martes para comprender bien cuantas viviendas ya existen, cuantas serán nuevas, quien las va a construir, como se van a financiar, qué ayuntamientos y comunidades autónomas están en disposición de participar con este plan y quien se va a poder beneficiar de estas políticas. Porque el presidente del Gobierno vendía este domingo su propuesta como la decisión que iba a convertir en una realidad el principio recogido en la Constitución de que todo español cuente con una vivienda digna.
Datos confusos
De antemano, los datos anticipados por Moncloa y recogidos por las agencias suponen una rebaja con los que la propia Sareb filtró a principios del mes de marzo pasado que hablaban de que pondría a la venta hasta 25.000 viviendas a comunidades y ayuntamientos.
Los medios recogían en este sentido el 4 de marzo que, el conocido como banco malo, elevaría en las próximas semanas hasta 50.000 los pisos que aportará al Plan Estatal de Alquiler Asequible impulsado por el Gobierno.
Ya se advertía de que la compañía pública decidiría en mayo si licitaba suelo para construir hasta 15.000 viviendas para alquiler social por lo que tendría que iniciar los concursos en verano tras conocer el informe que había contratado con una consultora que debería asesorarle sobre la viabilidad técnica, jurídica y económica del proyecto.
Concurso público
Tras todos estos trámites, estaba previsto que, si el consejo de administración lo aprobaba, la Sareb lanzaría un concurso de licitación pública en el verano para ir desarrollando el proceso en diversas fases.
Con ello la Sareb satisfacía un doble objetivo: tratar de ayudar en la solución del problema de la escasez de vivienda social en España por una parte y por otra tratar de reducir su parque de viviendas, con los gastos que le generan la gestión del mismo. La solución no era fácil. Las viviendas que se transfirieron a la Sareb fueron las peores de todo aquel enorme conjunto de inmuebles que se había construido en el momento de la locura inmobiliaria.
Sánchez ha alterado de nuevo todos los procedimientos. El más básico de ellos, el no esperar a contar con una propuesta concreta en mayo por parte de la consultora especializada en la materia como había solicitado la Sareb. Sánchez solo busca votos.