En un escrito que ha enviado a la Fiscalía y al Tribunal, con fecha del pasado 5 de abril de 2023, Ángel Cano señala que, como el caso seguido contra Iberdrola y su presidente Ignacio Galán, su presupuesta participación en los hechos investigados tuvo lugar en fechas muy remotas y que, de existir delitos, estos ya estarían prescritos. Cano no niega la mayor, que es su existencia, en cualquier caso tampoco se hace responsable de algo que, en su consideración, "estaría prescrito".
El escrito al magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón, se concreta en los "delitos supuestamente cometidos de los que solicitamos a través del presente escrito la prescripción se centrarían en los hechos que están relacionados con los contratos identificados como 1 y 2 – “Proyecto Trampa-Trapa” y “Proyecto Trampa II” (en adelante “Proyecto Trampa”)".
Estos serían, según el escrito al que ha tenido acceso www.capitalmadrid.com, los siguientes:
CONTRATO 1: Servicios de análisis de la información fecha 02/12/2004.
- CONTRATO 2: Servicios de análisis de la información fecha 03/01/2005.
- CONTRATO 3: Servicios de rastreo y detección de bienes de cualquier tipo de D. Fernando Martín Álvarez fecha 05/02/2010.
- CONTRATO 4: Servicios de rastreo y detección de bienes de cualquier tipo de D. Luis Manuel Portillo fecha 05/02/2010.
- CONTRATO 5: Servicios de rastreo y detección de bienes de cualquier tipo de PRASA fecha 01/02/2012.
- CONTRATO 6: Servicios de análisis de la información fecha 02/12/2014.
- CONTRATO 7: Análisis y vigilancia en materia de seguridad del entorno general fecha 01/06/2016.
Para los abogados de Cano, esas fechas superan con creces los plazos de prescripción, por lo que deberían archivarse las causas que se siguen contra él. No opinan lo mismo los abogados de. las partes personadas como perjudicados ni la Fiscalía, que estiman que se trata de un caso de delito continuado, por lo que las prescripción solicitada no procede.
De hecho, Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr y cabeza destacada del que Francisco González denominaba "grupo hostil", durante la operación de entrada del BBVA de los ahora personados en la causa (el propio Rivero, Domingo Ampuero y Vicente Benedito, amén de otros muchos viejos accionistas del banco), ya lo manifestó en la reciente junta de accionistas del BBVA cuando solictó al consejo del banco más información sobre los hechos e insistió en la vigencia de los delitos.
En este sentido, Luis del Rivero ponía de manifiesto los tiempos y señalaba en su intervención en la junta: "Eso sería en el año 2015 después de una serie de 6 artículos del entonces adjunto al director de El País y anterior Dircom del BBVA, Sr. Ayuso, en el cual se denunciaba la existencia, la realidad de que un comisario en activo estaba trabajando para diferentes empresas y había acumulado un patrimonio superior a 40 millones de euros".
Y añade el escrito: "A la semana de estas noticias, se produjo el cese de D, Ángel Cano, consejero delegado del banco, con una espectacular indemnización. Se produjeron facturas del Sr. Villarejo en el 2015 y en el 2016, siendo todavía comisario en activo, posteriormente se produjo su jubilación. La última facturadel BBVA pagada al Sr. Villarejo es en octubre del 2017, es decir, tres días antes de que ingrese en prisión"
El caso Maldonado
Otro asunto relativo a este caso es el auto reciente del juez García Castellón en el que admite la solicitud de los abogados de Luis del Rivero, Domingo Ampuero y Vicente Benedito, personados como perjudicados en la causa del espionaje de Villarejo, para que llame a declarar en la causa a José Maldonado, ex secretario del consejo de Argentaria y luego del BBVA con Francisco González y uno de sus hombres claves en la negociación publicitaria con Ausbanc, entre otros asuntos.
García Castellón, que sin embargo ha rechazado parcialmente en el mismo auto la solicitud para que el BBVA entregue documentación a los personados sobre "todas las palabras caves" del informe interno realizado por PriceWaterhouse sobre los encargos de espionaje, ha decidido llamar aMaldonado, actual consejero del BBVA, como testigo. Algunas fuentes señalan que, como Javier Ayuso, ex dircom de González, Maldonado es testigo protegido por haber colaborado con la Fiscalía a cambio, supuestamente, de un trato considerado.
Guerra entre BBVA y Fiscalía
De otro lado, persiste el enfrentamiento entre la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso y el BBVA, al negarse la entidad que ahora preside Carlos Torres a facilitar muchos documentos solicitados por la Justicia. Se trataría en este caso de "las indemnizaciones de ex directivos" del banco, entre ellos el propio Ángel Cano, Javier Ayuso y otros" La entidad bancaria, según algunas fuentes, se expone a otra prórroga del caso tras las últimas actuaciones.