Desde hace tiempo, el verdadero caballo de batalla del sector es reclamar una regulación “predecible” que aporte “estabilidad” para que los inversores extranjeros crean en la gestión y que los planes estratégicos que elaboran para los próximos años puedan cumplirlos. En la presentación de resultados, los gestores se han quejado al Gobierno por mantener una política energética a base de decretos que desestabilizan a las compañías.
En ningún momento las empresas energéticas, al contrario de lo que ha hehco Ferrovial o pueden hacer otras en sectores industriales más afectados por la fiscalidad creciente de un Gobierno qu e muchos nalistas califican de "intervencionista!, han hablado de trasladar sus sedes fuera de España. La razón es obvia: aparte de tener una gran parte de sus tarifas pendientes del BOE, su base de clientes en España -prácticamente toda la población- no se lo permitiría.
Solo regulación estable y predecible
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha señalado al respecto que, están tratando de adaptarse a los cambios regulatorios que el Ejecutivo establece y “compatibilizarlos con la actividad empresarial”. Ha lamentado los “constantes cambios normativos” que se produjeron en 2022, al considerar que “han desequilibrado un sector que antes era bastante estable”, ha afirmado durante su intervención en los ‘Desayunos Esade’.
El máximo ejecutivo de Naturgy ha reconocido que la compañía tiene, “como todas las grandes energéticas”, un departamento de regulación “potente”, con gente “muy profesional” y ha asegurado que lo han tenido que “sobredotar” para afrontar la intensidad regulatoria de los últimos meses.
Inestabilidad ante la excesiva regulación
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, se quejó en parecidos términos en la presentación de los resultados de la eléctrica. Bogas dijo que el pasado ejercicio ha sido el año más caro del mercado eléctrico español, con el “mayor desarrollo regulatorio”.
Recalcó además que, a lo largo de 2022, se ha producido una serie de Reales Decretos, en unos casos dirigidos a compensar los altos precios de la energía a los consumidores. Y en otros, han atacado al actual sistema eléctrico y les han perjudicado en sus cuentas, como el tope al precio del gas y el gravamen sobre los beneficios de 2022 y 2023.
En alusión directa al Gobierno, el directivo de Endesa insistió en la necesidad de establecer un marco regulatorio estable para afrontar las inversiones, que no solo se van a necesitar para hacer frente a la descarbonización sino para asegurar el suministro eléctrico.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido uno de los más incisivos en este aspecto y quien más ha recordado al Ejecutivo que España necesita un entorno de estabilidad jurídica para asegurar las elevadas inversiones que se requieren. En este sentido, ha pedido que sea equiparable a la regulación que existe en otros países como en Estados Unidos.
Más inversiones fuera que en España
En ningún momento, se ha planteado trasladar la sede de Bilbao pero sí se ha reflejado en sus cuentas que la compañía ha destinado el grueso de sus inversiones al exterior y en menor medida a España.
Sin embargo, en lo concerniente a las inversiones, sí se ha producido un cambio de rumbo. Iberdrola invertirá 47.000 millones de euros en el periodo 2023-2025 para impulsar la transición energética, el empleo y las emisiones cero en carbono. El 80% de estas inversiones se destinarán a “países con calificación crediticia A, marcos regulatorios estables y objetivos de electrificación”. Estados Unidos será precisamente el país que recibirá una mayor partida de inversiones con el 47% de las mismas.
Por su parte, en España, las inversiones superarán los 6.000 millones de euros en tres años, equivalentes al 13% del total, en línea con la media de los tres últimos ejercicios. Reino Unido será el segundo país donde Iberdrola apostará con un 16%. La eléctrica impulsará la diversificación geográfica a través de un enfoque adicional en países como Alemania, Francia y Australia a los que destinará el 13% de los 47.000 millones anunciados por el máximo ejecutivo de la compañía.
Proteger más a la industria
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, mantiene similar planteamiento denunciando que, para afrontar la transición energética con garantía, “necesitamos que la regulación apoye y proteja más a la industria, con políticas flexibles e inclusivas, que impulsen la innovación y eviten prohibiciones que solo lastran la competitividad”.
Brufau lanza, por ello, un mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez instándole a una estrecha colaboración entre empresas y autoridades, convencidos de que “la respuesta debe darse de manera coordinada, basando las decisiones regulatorias en los avances de la tecnología y no en la ideología, con reglas más sencillas y claras para todos los actores del sector”.