La reacción en tromba del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos contra Ferrovial ha sido la gota que ha colmado el vaso para la mayor parte de la clase empresarial española, que lleva días conjurándose de distintas maneras para resistir la acometida del Ejecutivo y plantar cara cuándo lo considere necesario.
Huele a fin de ciclo
Sin duda, el hecho de que estemos en un año marcadamente electoral y que las perspectivas del Gobierno de coalición no sean las mejores, en definitiva que se perciba ya un fin de ciclo, ha podido influir en la decisión de muchas de estas empresas, aunque venía larvándose desde hace muchos meses.
Estas compañías, que pueden considerarse el núcleo central de la economía productiva española, al aglutinar a los principales sectores económicos del país como la banca, la energía, las telecomunicaciones, el inmobiliario y la distribución comercial, entre otros, llevan meses aguantando las presiones gubernamentales tanto por declaraciones directas contra ellos como por intromisiones en su actividad y hasta por la puesta en marcha de nuevos impuestos para penalizar sus ingresos.
Contra todos los sectores
La elevada inflación, así como la subida del precio de las materias primas por la guerra en Ucrania desató una furibunda ofensiva del Ejecutivo de Sánchez contra las principales empresas españolas por trasladar estos incrementos de costes a sus clientes.
Primero fueron las enérgeticas, luego los bancos y después los grupos de distribución, aunque ha habido muchas más actuaciones gubernamentales que han provocado un fuerte rechazo empresarial, como fue el límite forzoso del 2% para la subida de los alquileres.
También se ha llegado al insulto casi personal contra empresarios como la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el de Mercadona, Juan Roig y hasta del máximo accionista de Inditex, Amancio Ortega. Incluso el propio jefe del Ejecutivo pasó directamente al ataque contra Rafael del Pino y afirmó que "hay empresarios comprometidos con España, pero no es el caso del señor Del Pino".
Pero además de acusarles ante los ciudadanos de ser los culpables de todos sus males, el Gobierno ha decidido subir los impuestos a la mayoría de estas empresas por aumentar sus beneficios. Pero lo curioso, como señalan las fuentes, es que el Gobierno que les criminaliza ante la sociedad por la subida de precios de la electricidad, del gas, de los carburantes, de las hipotecas, de los alquileres y de la cesta de la compra, es un Ejecutivo que precisamente está incrementando su recaudación fiscal por la inflación, que se calcula que provocará unos ingresos extraordinarios al Estado superiores en casi 34.000 millones a los del año anterior, y ni siquiera ha previsto que haya una deflactación de la inflación en la próxima declaración del IRPF.
La CEOE y el IEF piden calma
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que buscar vías para impedir la marcha de Ferrovial a Países Bajos, según han manifestado fuentes del Gobierno, "es la mejor manera para que todavía haya más inseguridad jurídica en España".
Garamendi se ha mostrado muy crítico con las numerosas declaraciones que están realizando distintos miembros del Gobierno contra Ferrovial y ha calificado de "increíble, absurda y peligrosa" la reacción del Ejecutivo de señalar con nombres y apellidos al presidente de Ferrovial, lo que a su juicio genera una "gran desconfianza" entre los inversores.
Para el presidente de los empresarios españoles no es tanto que se culpe a la empresa, sino a personas concretas con nombres y apellidos: "Se miran personas, se buscan personas y se intenta destrozar a las personas".
Hasta el siempre prudente Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que representa a más de 1.500 empresas, supone el 28% del PIB español y emplea de manera directa a 2.140.000 personas, ha salido por medio de una nota en defensa de la decisión de Ferrovial. Una nota prudente y medida al máximo, pero en la que claramente pide que cese la campaña contra la empresa que preside Del Pino.
Según la misma: "Pedimos al Gobierno que evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial. Es imprescindible recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo que permita la consolidación y el desarrollo de nuestras empresas, para contribuir a la prosperidad y bienestar de nuestra sociedad".
Bancos y energéticas recurren
Esta ola de reacciones contra el Gobierno está llegando incluso a entidades en las que el Ejecutivo es accionista, como es el caso de CaixaBank. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha anunciado la intención de su entidad de impugnar el impuesto temporal a la banca con el que el Gobierno quiere recaudar en torno a 3.000 millones en 2023 y 2024.
Con este reciente anuncio, CaixaBank se une a otras entidades que ya han presentado un recurso como el Sabadell, Kutxabank o Bankinter, así como a las patronales Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro, que también presentaron recurso ante la Audiencia Nacional a mediados de febrero.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica también ha anunciado su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario y temporal a las grandes energéticas, impulsado por el Gobierno. En un comunicado, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, tildó de "discriminatorio e injustificado" este nuevo gravamen.